En una sorprendente coincidencia, el día después de que Apple revelara su esperado iPhone 16, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en contra del gigante tecnológico. Este fallo, fechado el 10 de septiembre, exige a Apple el pago de una multa de 13.000 millones de euros, correspondientes a impuestos que la compañía habría evitado pagar en Irlanda durante la última década.
La disputa fiscal entre Apple e Irlanda ha sido un tema de larga data. La Comisión Europea, en 2016, había determinado que Irlanda otorgó a Apple ayudas fiscales ilegales, permitiéndole pagar una cantidad significativamente menor de impuestos de lo que corresponde. Esta decisión inicial de la Comisión estableció que, entre 1991 y 2014, Apple se benefició de un trato fiscal preferencial que violaba las normas de competencia de la UE.
A pesar de que el TJUE había anulado anteriormente la decisión de la Comisión en 2016, argumentando que no se podía comparar el sistema fiscal irlandés con el estadounidense y que no había pruebas suficientes de que el gobierno irlandés hubiese otorgado ventajas fiscales indebidas, el reciente fallo del 10 de septiembre reafirma la necesidad de que Apple devuelva los impuestos adeudados.
En su respuesta, Apple ha criticado la decisión, alegando que la Comisión Europea está intentando aplicar retroactivamente reglas que no se ajustan al derecho fiscal internacional, y que sus ingresos ya están sujetos a impuestos en Estados Unidos. La empresa también cuestiona la validez de la intervención europea en su estructura fiscal.
El impacto de este fallo en el mercado de valores ha sido inmediato. Las acciones de Apple vieron una caída del 1% el mismo día del anuncio, situándose en 219,61 dólares por acción. Además del impacto financiero, la decisión subraya temas más amplios relacionados con la regulación fiscal y antimonopolio, así como la protección de datos en Europa.
