La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación para esclarecer si el software espía Pegasus, adquirido presuntamente por la administración anterior, está vinculado con recientes denuncias de interceptaciones ilegales dirigidas a magistrados y funcionarios judiciales. La denuncia, presentada por el presidente Gustavo Petro, ha puesto en el centro de la atención pública el posible uso indebido de esta tecnología de vigilancia, que podría haber sido comprada por la Policía Nacional (Dipol) a mediados de 2021.
La adquisición de Pegasus, que se habría efectuado a través de la firma israelí NSO Group por un monto de once millones de dólares, ha suscitado serias preocupaciones sobre su uso para actividades de espionaje no autorizadas. Según informes recientes, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia ha intensificado su investigación tras la información revelada por el presidente Petro. Esta información, obtenida de un informe de transacciones inusuales de Suiza, detalla la compra en efectivo del software espía y ha sido crucial para activar las indagaciones en curso.
La Fiscalía ha solicitado examinar diversos aspectos relacionados con esta adquisición. Entre los puntos clave se encuentran la veracidad de la compra, el origen y la legalidad del dinero utilizado, y las circunstancias bajo las cuales se realizó el pago en efectivo. También se investiga si la Policía Nacional aún posee el software Pegasus y, en caso afirmativo, las normas legales que regulan su uso.
La situación ha provocado una serie de interrogantes sobre la legalidad de las prácticas de vigilancia empleadas por las autoridades. La investigación busca responder si la Dipol, a través de la compra de Pegasus, violó las leyes de privacidad y derechos humanos al realizar interceptaciones ilegales a miembros de la Corte Constitucional y otros altos funcionarios.
