Un reciente informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha sacado a la luz un panorama alarmante sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, bajo la dictadura de Nicolás Maduro, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, detalló el medio argentino TN.
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Recordemos que los pasados comisión fueron desestimados por la mayoría de las democracias americanas ante el ocultamiento de los registros por parte de la dictadura de Maduro. Los comisión no solo han reforzado el rechazo internacional del régimen chavista, sino que también han dado paso a un fuerte proceso de represión interno de parte del gobierno dictatorial.
“El año negro” de Venezuela
En este contexto se enmarca el informe de Provea, “El año negro de la dictadura 2024″, que describe en detalle cómo el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado su estrategia de control social a través de prácticas que califican como terrorismo de Estado.
Esta afirmación se basa en la aplicación sistemática de detenciones arbitrarias, represión violenta y censura generalizada, con el objetivo de mantener el control político a toda costa.
El documento, de 132 páginas, no solo documenta los abusos cometidos por el régimen, sino que también subraya cómo estas acciones han creado un clima de terror en el país, afectando tanto a la población general como a las organizaciones no gubernamentales que intentan operar en un entorno cada vez más hostil.
El informe señala que “Venezuela vive uno de los momentos más difíciles de su historia contemporánea” y agrega que “el clima de terror impuesto por las autoridades luego de las elecciones del 28 de julio ha ocasionado que el trabajo de las ONG, basadas en la fórmula de las Tres D (Documentar, denunciar y difundir) se haya tenido que limitar, en condiciones adversas, casi exclusivamente a documentar”.
Represión y control: Las herramientas del régimen
El análisis de Provea indica que la represión política en Venezuela ha alcanzado nuevos niveles de intensidad en el contexto electoral de 2024.
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Desde el inicio del año, el gobierno ha implementado una serie de medidas destinadas a sofocar cualquier forma de disidencia o resistencia.
Estas acciones incluyen la aprobación de una ley que limita severamente las actividades de las ONG, la designación de Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia, y una campaña de persecución que ha obligado a numerosos activistas y defensores de derechos humanos a abandonar el país.
El informe también documenta cómo la censura se ha intensificado, con al menos 58 sitios web bloqueados y 17 estaciones de radio cerradas en los meses previos a las elecciones.
Este ambiente de represión ha dejado a la sociedad civil venezolana con pocas opciones para expresar su descontento o para organizarse en defensa de sus derechos.
El arma de la dictadura: grupos paramilitares
Un aspecto particularmente preocupante es el uso de grupos paramilitares conocidos como “Colectivos” para intimidar y agredir a quienes intentan participar en actividades políticas. Según el informe, estos grupos actuaron en al menos 86 ocasiones durante el proceso electoral, dejando un saldo de heridos y al menos una persona muerta.
Estas acciones no solo sugieren una coordinación entre el gobierno y estos grupos, sino que también reflejan la impunidad con la que operan.
La persecución política y violencia
El informe de Provea es contundente al señalar que las acciones de la dictadura de Maduro no son aisladas ni circunstanciales, sino que forman parte de una estrategia deliberada para mantener el poder mediante la persecución política.
Desde el inicio del año electoral, la represión ha sido constante y ha afectado a diversas esferas de la sociedad venezolana. El informe cita numerosos ejemplos de líderes opositores que han sido impedidos de participar en el proceso electoral, incluidos los casos de María Corina Machado y Corina Yoris, quienes fueron inhabilitadas para postularse.
Además, se ha documentado un aumento en las detenciones arbitrarias, con 1.590 personas detenidas en el mes posterior a las elecciones.
Estas detenciones no solo violan los derechos humanos fundamentales, sino que también están acompañadas de prácticas de desaparición forzada de corta duración y negación del derecho a la defensa.
Estas tácticas han sido utilizadas para intimidar a la población y disuadir cualquier forma de protesta o resistencia.
El informe también menciona el uso de la legislación contra el terrorismo de manera arbitraria y masiva, aplicada para justificar allanamientos y otras violaciones de derechos.
Esto ha creado un ambiente de miedo constante en el que la población no se atreve a expresar sus opiniones ni a participar en actividades políticas por temor a represalias.
Impacto fuera de Venezuela
El impacto de las acciones del gobierno de Maduro no se limita a las fronteras venezolanas. El informe de Provea resalta que la situación en Venezuela ha captado la atención de la comunidad internacional, con múltiples comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que califican las acciones del gobierno como terrorismo de Estado.
Esta calificación no es menor, ya que sugiere que el gobierno de Venezuela está utilizando el poder estatal de manera coordinada para cometer violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos.
La gravedad de estas acusaciones podría tener consecuencias a nivel internacional, incluyendo posibles sanciones y un mayor aislamiento del gobierno de Maduro en la arena global. Sin embargo, el informe también advierte que la comunidad internacional debe actuar con rapidez y decisión para evitar que la situación en Venezuela continúe deteriorándose.
