En una sorprendente resolución, el Gobierno colombiano ha decidido prolongar el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para la producción y expedición de pasaportes hasta septiembre de 2025. Esta decisión ha generado un considerable revuelo, especialmente considerando las críticas previas del presidente Gustavo Petro contra la compañía. El acuerdo fue confirmado por el canciller Luis Gilberto Murillo en un reciente comunicado.
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Este contrato ha sido uno de los temas más controvertidos en la administración actual, en medio de un debate de control político en el Congreso que está cuestionando las razones detrás de la prolongación. El senador Nicolás Echeverry, quien lidera el debate, ha expresado su preocupación sobre la renovación del contrato con una empresa que, según él, había sido objeto de rechazo por parte del Ejecutivo. Echeverry y otros críticos argumentan que, a pesar de las promesas de cambio, el contrato sigue en manos de Thomas Greg & Sons.
El canciller Murillo ha explicado que la extensión del contrato tiene como objetivo facilitar una transición hacia un nuevo modelo de producción de pasaportes. Según Murillo, Thomas Greg & Sons asumirá un papel de asesoría en la transición hacia un modelo que involucra a una imprenta extranjera, específicamente en asociación con el gobierno de Portugal y Francia. Esta estrategia de transición pretende integrar tecnologías avanzadas en la producción de pasaportes, lo que requerirá un período de ajuste.
La implementación del nuevo modelo de producción está programada para comenzar a partir del 3 de octubre, con la intención de establecer una imprenta equipada con tecnología de última generación en Colombia. Sin embargo, la capacidad de la Imprenta Nacional, que asumirá la producción en 2025, ha sido objeto de críticas. Los detractores argumentan que esta entidad no cuenta con la infraestructura necesaria para manejar el proceso, a pesar de que Murillo asegura que la imprenta estará completamente equipada para entonces.
El contexto de esta decisión se complica aún más por el historial de conflictos legales y financieros entre el gobierno y Thomas Greg & Sons. En un episodio reciente, el excanciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación para el contrato de pasaportes, lo que llevó a la empresa a demandar al Estado por una suma significativa de 117.000 millones de pesos. Actualmente, el canciller Murillo está en negociaciones con la Procuraduría para resolver este conflicto y mitigar las repercusiones económicas para el país.
Además, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores se vio obligado a asignar 21.752 millones de pesos adicionales a los más de 198.000 millones que ya se habían entregado a Thomas Greg & Sons como parte de la prórroga. Esta medida busca evitar una crisis en la provisión de pasaportes hasta el 2 de octubre, cuando se prevé que el nuevo sistema esté en funcionamiento. La falta de claridad y la incertidumbre en torno a la transición han llevado a muchos colombianos a apresurarse a renovar sus documentos para evitar posibles inconvenientes.
