Una alerta que lanzó la Contraloría General de la República volvió a dejar en evidencia las dificultades que está teniendo Colombia en materia de servicios públicos. En los últimos meses se han registrado problemas de abastecimiento de agua en ciudades como Bogotá y ahora el fantasma del racionamiento de energía eléctrica reaparece en varios departamentos del país.
Así lo señaló ayer la Contraloría en un comunicado de prensa en el cual puso la lupa sobre la gestión del Ministerio de Minas y Energía. Según el ente de control, esa cartera ministerial estaría presentando retrasos en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía.
“Esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”, expresó la Contraloría en su comunicado de prensa.
En esa medida, el ente de control les recordó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio que son las entidades llamadas a vigilar y controlar que haya una “eficiente” prestación de servicios públicos domiciliarios en Colombia.
Lo preocupante es que, según la Contraloría, por lo pronto no se habrían presentado actuaciones por parte de esas dos entidades para hacerle frente al riesgo de suspensión del servicio de energía eléctrica. Pero ese no es el único asunto que ha despertado inquietud en la entidad.
“A juicio de la Contraloría General de la República, contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de ‘la opción tarifaria’, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos”, subrayó el ente de control.
Y agregó que también hay dificultades debido al “incumplimiento de obligaciones” por parte de los operadores de red con el mercado mayorista de energía. Esto, a su vez, podría generar mayor presión en el suministro de este servicio a varias empresas, una situación que podría estar afectando con mayor rigor a la Costa Caribe.
Así mismo, la Contraloría consideró que estos factores ponen en “grave riesgo” la continuidad de la prestación del servicio de energía con todo lo que esto implica. Para mencionar algunos ejemplos, señalaron que podría tener incidencia en ámbitos como la salud, la educación, el comercio.
La Contraloría agregó también que no se trata de una problemática nueva, si bien hay circunstancias coyunturales que podrían agravarla. Entre otras cosas, recordó que desde el 2022 venía advirtiendo las dificultades que atraviesa la Costa Caribe en la prestación del servicio de energía.
En vista de esta compleja situación económica y política, el contralor Carlos Hernán Rodríguez habló en nombre propio para pronunciarse sobre estas dificultades que enfrenta el sector energético.
“El Contralor General de la República hace un llamado al Gobierno nacional, a los ministerios y superintendencias involucradas, como garantes de satisfacer las necesidades más esenciales de la población, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional”, concluyó la Contraloría en su boletín de prensa.
Y señaló, además, que deben considerarse medidas tendientes a regularizar los pagos oportunos de los subsidios de energía, claves para ese sector.
Las reacciones a la alerta de racionamiento
El comunicado que emitió la Contraloría generó varias reacciones en el mundo político y duros cuestionamientos a la gestión del Gobierno Nacional en materia energética.
“Presidente Gustavo Petro, una vez más, usted nos demuestra que entre la retórica y los hechos hay un abismo. Las palabras sin acción no solo carecen de valor, sino que ponen en riesgo el bienestar de los colombianos y la estabilidad de las regiones. Es hora de actuar con la responsabilidad que su cargo exige”, escribió en su cuenta de la red social X la representante a la Cámara de Cambio Radical Luz Pastrana.
Una opinión similar tuvo el presidente del Concejo de Bogotá, Juan Baena, quien también se pronunció sobre este tema en su cuenta de X.
“Inadmisible que el Gobierno ponga en riesgo a más de 10 millones de colombianos por incumplir sus obligaciones con empresas de energía. La Contraloría alerta que esta falta de acción podría llevar a un racionamiento masivo, afectando salud, educación y otros servicios esenciales”, indicó Baena.
