En una reveladora investigación que ha sacudido las estructuras de la ley en Colombia, se ha descubierto un esquema de sobornos que implicó una suma colosal de 900 millones de pesos para facilitar el contrabando a gran escala. Este caso, que involucra a altos oficiales de la Policía Nacional y funcionarios públicos, se desentrañó entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, revelando una trama de corrupción que afectó severamente el control aduanero en el país.
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La denuncia, que Blu Radio obtuvo en exclusiva, pone al descubierto el accionar de Ricardo Orozco Baeza, conocido en el bajo mundo como “El bendecido”, y su red de complicidad con tres policías implicados. Este grupo operaba bajo la dirección de Diego Marín Buitrago, alias “Hugo”, y Orozco Baeza, apodado el zar del contrabando, desmantelando una de las redes ilegales más extensas en Colombia.
El entramado criminal no solo se limitaba a una región, sino que extendía sus tentáculos desde Bolívar, liderado por Juan Francisco Solano Barrero, alias “Pacho” o “Millos”, hacia importantes ciudades como Bogotá, Cartagena, Cali y Buenaventura. El modus operandi consistía en el contrabando de mercancías diversas como cigarrillos, bebidas alcohólicas, textiles, electrodomésticos y calzado, que eran ingresadas ilegalmente al país y distribuidas en áreas nacionales y en países vecinos como Venezuela y Ecuador.
La acusación detalla que los policías José Alzate y Mario Andrés Sarmiento realizaron una serie de sobornos a funcionarios de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera y de la Policía Nacional. Sus actos de corrupción incluían pagos sustanciales en efectivo, así como la entrega de lujosos beneficios como apartamentos, vehículos de alta gama y dispositivos móviles avanzados. En coordinación con el coronel en retiro Alexander Galeano, estos agentes se desempeñaban como intermediarios entre los líderes del contrabando y los funcionarios sobornados.
La Fiscalía revela que la cantidad de sobornos ascendió a cerca de 900 millones de pesos, utilizados para asegurar el desvío de los controles aduaneros y la facilitación de las actividades ilegales de la organización. Además, los miembros de la red criminal dotaron a los nuevos integrantes de teléfonos celulares de alta gama, equipados con la aplicación de mensajería segura Cellcrypt, para mantener comunicaciones discretas y seguras.
El esquema de corrupción fue parcialmente desmantelado gracias a la revelación de pagos de coimas a agentes encubiertos, lo que permitió a las autoridades comenzar a desentrañar la compleja red criminal. La Fiscalía también menciona la posible participación de otros policías y funcionarios de la Dian, cuyos nombres aún están en proceso de confirmación.
El 28 de agosto, un juez Penal del Circuito de Bogotá decidió trasladar el caso a la Corte Suprema de Justicia. La alta corte será responsable de asignar el caso a un juzgado especializado en los delitos imputados, entre los que se incluyen concierto para delinquir agravado. La Corte Suprema evaluará si el caso debe ser juzgado en Bogotá o en Cartagena, marcando un nuevo capítulo en esta intrincada saga de corrupción y contrabando en Colombia.
