Después de una serie de intensas negociaciones que suman 19 reuniones, el Gobierno colombiano y el sector bancario han alcanzado un acuerdo crucial que redefine la estrategia de inversión para reactivar la economía del país. La nueva disposición pone fin a la política de inversiones forzosas y, en su lugar, se enfoca en impulsar el crédito hacia cinco sectores estratégicos que se consideran clave para el crecimiento económico. Este acuerdo marca un cambio significativo en la política económica del país y busca fomentar un desarrollo más equilibrado y sostenible.
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El presidente Gustavo Petro, en conjunto con Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, anunciaron que, a partir de ahora, se priorizará la inversión en áreas críticas como la construcción y mejora de vivienda, la industria manufacturera, la agricultura y el turismo. Estos sectores recibirán un incremento notable en el crédito disponible, con una asignación adicional de $55 billones durante los próximos 18 meses. Este aumento representa un incremento del 28% respecto al crédito histórico que recibían estos sectores.
Petro destacó que esta nueva estrategia tiene como objetivo revitalizar la economía colombiana al proporcionar un apoyo más sustancial a sectores que han demostrado ser fundamentales para el desarrollo económico del país. Según el mandatario, el acuerdo permitirá una mayor asignación de recursos para fortalecer las actividades productivas y mejorar las condiciones económicas generales.
Por su parte, Jonathan Malagón explicó que el crédito destinado a estos sectores pasará de aproximadamente $195 billones en un periodo similar a $250 billones. Este ajuste subraya un esfuerzo por parte del sector financiero para respaldar más activamente las áreas identificadas como prioritarias por el Gobierno. Malagón también aseguró que la propuesta inicial de inversiones forzosas fue reemplazada por este enfoque más colaborativo y adaptado a las necesidades actuales del mercado.
El Departamento Administrativo de la Presidencia, liderado por Laura Sarabia, se encargará del seguimiento de este acuerdo mediante una comisión de alto nivel que incluirá representantes del Gobierno y del sector privado. Sarabia enfatizó que el “Gran Pacto por el Crédito” representa un paso significativo hacia la reactivación económica y que su implementación será monitoreada de cerca para asegurar su éxito.
Cabe recordar que el concepto de inversiones forzosas, que había sido considerado en el pasado como una herramienta para canalizar fondos hacia ciertos sectores, ha caído en desuso. En las décadas anteriores a los años 90, varios países latinoamericanos adoptaron mecanismos similares, pero estos han sido en gran medida desmantelados con el avance de la liberalización financiera. En la actualidad, solo Venezuela y Bolivia mantienen políticas similares.
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, también comentó sobre el tema, indicando que las inversiones forzosas son una práctica obsoleta que no se emplea en economías desarrolladas. López argumentó que estas políticas han demostrado ser ineficaces y que su eliminación es una tendencia global hacia sistemas financieros más abiertos y eficientes.
