Durante las protestas, “entre otros hechos lamentables, ocurrió la muerte de 25 personas, entre ellas, dos funcionarios de la Guardia Nacional”, dijo Saab durante su intervención en una reunión del Consejo de Estado y Defensa de la Nación, el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público nacional, estatal y municipal, en los asuntos relacionados con la seguridad y defensa. El Consejo, encabezado por Nicolás Maduro, también está integrado por los jefes de los distintos poderes públicos, incluyendo la Fiscalía General, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ministros y jefes militares, entre otros.
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“Podemos decir que, hasta ahora, todas estas muertes pueden ser atribuidas a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados ‘comanditos’”, indicó Saab en alusión una estructura informal de grupos vecinales organizados durante la campaña electoral por la coalición opositora Plataforma Unitaria democrática, que tenían la instrucción de mantenerse en los centros electorales después de votar para reducir el temor de sus testigos en las mesas de votación.
Los testigos tenían entre sus deberes el de conseguir una copia de los registros de voto impresos por las máquinas de voto electrónico tras el cierre de urnas. Sin dar otros detalles, el fiscal general agregó que hasta el 2 de agosto, se registraron 192 personas heridas en las protestas, de ellas, “97 pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado”. Los cuerpos de seguridad han detenido a 1305 ciudadanos, según el último registro de la organización no gubernamental de derechos humanos, Foro Penal, a los que la Fiscalía acusa de propiciar actos violentos y terroristas. En declaraciones públicas, una semana atrás, el presidente Maduro mencionó una cifra de 2000 arrestados. Durante la jornada electoral, la oposición denunció que grupos leales al Gobierno intimidaron a testigos de los partidos opositores en los centros de votación para que se quedaran en casa o abandonen sus tareas antes del conteo de los votos.
Maduro, quien buscaba la reelección para un tercer mandato de seis años, fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo colegiado de mayoría oficialista, mientras la oposición asegura tener en su poder al menos el 84% de las actas de las mesas de votación que, según defendió, le dan la victoria al candidato opositor unitario Edmundo González Urrutia.
La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia –que está integrado por magistrados que fueron electos por la oficialista Asamblea Nacional y que formaron parte del Gobierno– entró de lleno en la disputa tras los polémicos comicios, luego que Maduro presentó un “recurso contencioso electoral” que le permitió a esa corte asumir la investigación y peritaje de los comicios, algo sin precedentes en Venezuela.
La intervención del máximo tribunal ha generado dudas, incluido el Centro Carter, que actuó como observador en las elecciones, sobre qué tanto podrá contribuir a resolver la crisis que se ha profundizado ante la escalada de represión contra la oposición que defiende el triunfo de González. La sentencia que emita el Tribunal tendrá carácter de cosa juzgada y será inapelable y de “obligatorio acatamiento”, señaló el sábado pasado la magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo y de la Sala Electoral. Rodríguez ha dicho que el peritaje del material consignado se realizará en “lapso de hasta 15 días prorrogables”.
El Centro Carter, que fue invitado por el organismo electoral venezolano, cuestionó la independencia del eventual análisis del tribunal. Jennie K. Lincoln, analista para Latinoamérica del Centro Carter y líder de la delegación que fue a Venezuela, dijo en entrevista telefónica que “no es una evaluación independiente”. El Centro Carter aseguró anteriormente que no puede verificar los resultados de las cuestionadas elecciones de Venezuela y señaló la “ausencia de transparencia” del organismo electoral en la difusión de los resultados. Según el CNE, Maduro obtuvo 6,4 millones de votos y González, 5,3 millones, aunque hasta el momento no ha hecho públicas las actas del escrutinio pese a las exigencias de la comunidad internacional. Mientras que la oposición afirma que González alcanzó 7,3 millones de votos y Maduro 3,3 millones.
