Tras el anuncio de un paro armado indefinido por parte de la guerrilla del ELN en la subregión del San Juan, en Chocó, la Defensoría del Pueblo ha emitido un llamado urgente para proteger los derechos fundamentales de los habitantes de esta zona, que incluye tanto las cabeceras municipales como las jurisdicciones rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan.
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La situación es crítica para aproximadamente 45.000 personas, entre ellas 85 comunidades afro e indígenas, que se encuentran en estado de confinamiento. De estas, unas 7.500 personas sufren una doble afectación, resultado de la intensificación del conflicto armado y de factores ambientales relacionados con el cambio climático, lo que ha desencadenado una emergencia humanitaria en la región.
Paro armado del ELN en Chocó confina a unas 45.000 personas en este departamento
El conflicto armado en la zona no se limita al paro anunciado por el ELN. La confrontación y la disputa territorial entre este grupo rebelde y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) han exacerbado las condiciones de inseguridad para las familias que viven en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón, así como en las inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá.
Las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), entre otras, también se han visto gravemente afectadas, al igual que los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.
Vulneración de Derechos y Libertades
La situación actual amenaza gravemente los derechos civiles, sociales, económicos y culturales de estos pueblos étnicos. Las personas están expuestas a confinamientos prolongados, restricciones de movilidad, riesgos de accidentes con minas antipersonal o artefactos explosivos, y desplazamiento forzado. A estas vulneraciones se suma la limitación en el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación, exacerbada por las condiciones ambientales adversas, como el desbordamiento e inundación del río San Juan.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha enfatizado la necesidad urgente de que las instituciones estatales coordinen acciones de prevención y protección para garantizar los derechos fundamentales de la población civil en riesgo.
Alertas Tempranas en Chocó
Es crucial que las autoridades atiendan las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas para la subregión del San Juan, incluyendo la 020 del 2021, 025 del 2021, 027 del 2021 y 012 del 2022. Estas alertas, que han sido actualizadas con Informes de Seguimiento, son especialmente relevantes dado que durante el 2023 se registraron seis paros armados en el departamento, y en lo que va del 2024 ya se han documentado dos más.
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La Defensoría del Pueblo ha estado acompañando a las comunidades étnicas y monitoreando la situación humanitaria a través de sus profesionales en la región de Chocó. Desde julio pasado, se han realizado requerimientos a las entidades competentes para la implementación inmediata de medidas preventivas y de protección, con el objetivo de mitigar el impacto del conflicto y salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas.
