El grupo guerrillero ELN ha puesto al Gobierno nacional en una situación de presión al establecer un plazo límite para determinar el futuro de las negociaciones de paz en Colombia. En un reciente comunicado, el ELN ha exigido que el Ejecutivo responda antes del 23 de agosto sobre su solicitud de ser removidos de la lista de grupos armados organizados. Esta decisión será clave para decidir si el cese al fuego, que expiró el 3 de agosto, será renovado o no.
Según el comunicado del ELN, la extensión del cese al fuego depende de la respuesta del Gobierno a su demanda. Si la solicitud de ser excluidos de la lista negra es aceptada, se convocará una reunión extraordinaria entre las delegaciones del ELN y del Gobierno para discutir los próximos pasos. De no ser así, el grupo guerrillero ha advertido que el acuerdo de cese al fuego podría no ser renovado, lo que podría desencadenar una nueva escalada de violencia.
El 5 de agosto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que las Fuerzas Militares y la Policía habían sido instruidas para reanudar sus operaciones ofensivas contra el ELN. Velásquez destacó que, sin un cese al fuego activo, las operaciones se retomarían conforme a las directrices del almirante Francisco Cubides y del general William Salamanca, jefes de las Fuerzas Militares y de la Policía, respectivamente.
A pesar de su postura, el ELN ha manifestado que no iniciará ataques contra las fuerzas del Estado a menos que primero sean atacados. En su comunicado, el grupo armando subrayó que ejercerá su derecho a la legítima defensa si es agredido por las fuerzas estatales o si estas avanzan contra sus posiciones.
Este aumento de tensión se hizo evidente el 6 de agosto, cuando se produjo el primer enfrentamiento entre el Ejército y el ELN en el departamento del Cauca tras el término del cese al fuego. Durante el combate, dos miembros del grupo guerrillero se entregaron voluntariamente. Según informes, estos individuos formarían parte de una unidad especializada en realizar ataques sin ser detectados, conocida como “pisa suaves”.
La próxima fecha límite del 23 de agosto será crucial para determinar el futuro de las negociaciones y la posibilidad de lograr una paz duradera en Colombia.
