El reciente acto de Nicolás Maduro al desinstalar WhatsApp en vivo durante su programa televisivo ha desatado un debate sobre la libertad digital en Venezuela. El presidente venezolano no solo eliminó la aplicación de su celular, sino que también dejó al descubierto algunos mensajes de chats con figuras prominentes como el gobernador del estado Miranda y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Arreaza.
En una exhibición que Maduro presentó como un acto de cumplimiento de sus promesas, la eliminación de WhatsApp se llevó a cabo frente a las cámaras. Entre los mensajes que se vieron en su pantalla estaba uno de Arreaza que alertaba sobre una posible amenaza de la banda criminal venezolana Tren de Aragua en Colorado, según un informe de la agencia EFE. Tras la visualización de estos mensajes, Maduro procedió a borrar la aplicación.
Aunque el gesto podría parecer anecdótico, su impacto va más allá de lo simbólico. La insistencia del Gobierno en controlar las herramientas de comunicación digitales ha generado preocupación entre los venezolanos. Según Maduro, el uso de WhatsApp ha sido instrumental para amenazas contra la “familia militar”, “la familia policial” y diversos líderes comunitarios. Por esta razón, ha promovido un “retiro voluntario, progresivo y radical” de la aplicación.
La pregunta que surge es si esta medida constituye una forma encubierta de represión hacia los ciudadanos. Los simpatizantes del chavismo también utilizan WhatsApp para comunicarse, difundir mensajes y gestionar diversos aspectos como el suministro de alimentos y gas doméstico. Maduro ha sugerido la migración a Telegram, una aplicación de mensajería rusa que podría ser menos susceptible a la vigilancia gubernamental.
Luis Serrano, coordinador de la ONG de derechos digitales Redes Ayuda, dio una entrevista a El Tiempo en la que expresó que considera que la eliminación de WhatsApp responde a su capacidad de cifrado y su popularidad entre los venezolanos, que han utilizado la plataforma para organizarse y resistir la dictadura. Serrano sostiene que la solicitud de Maduro para desinstalar WhatsApp no es más que una maniobra para imponer su control y limitar las herramientas de comunicación y organización de la ciudadanía.
La eliminación de WhatsApp afectaría no solo a los activistas políticos, sino también a la vida cotidiana de muchos venezolanos. La aplicación es crucial para el funcionamiento de pequeños emprendimientos, la coordinación vecinal y otras formas de organización comunitaria. De acuerdo con Serrano, el uso de WhatsApp facilita una comunicación segura gracias a su cifrado de extremo a extremo, que limita la capacidad del gobierno para espiar las conversaciones.
A nivel internacional, la prohibición de WhatsApp no es inédita. Aplicaciones de mensajería similares están bloqueadas en países como Corea del Norte, China, Siria, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Guinea. Sin embargo, llevar a cabo un bloqueo en Venezuela implicaría costos significativos, tanto en términos de infraestructura como de impacto en el proveedor de servicios de internet.
Andrés Azpúrua, coordinador de VE Sin Filtro, una organización que documenta bloqueos y censura en internet, argumentó en el mismo medio que las quejas de Maduro sobre amenazas a través de WhatsApp podrían ser una excusa para justificar una mayor censura. Según Azpúrua, el verdadero objetivo del Gobierno es incrementar su capacidad de vigilancia y control sobre las comunicaciones de los ciudadanos.
