Un grave hecho criminal fue dado a conocer por la Fiscalía General de la Nación durante la mañana de este sábado 27 de julio. Por medio de un boletín de prensa, indicaron que hallaron una organización criminal dedicada a suministrarle información sobre movimientos militares en el Magdalena Medio a ‘Pedro’, un cabecilla del Bloque 37 de las disidencias de las Farc.
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Esta red criminal habría estado integrada por un sargento de Ejército y varias personas civiles, según la investigación liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía.
“Se trata del sargento segundo Edwar Egidio Garzón Lozano, alias Kevin; y los civiles Andrés Humberto Alzate, Ruth Caballero Ardila, alias La Mona y Karen Margarita Dávila Sánchez. Según la investigación, Garzón Lozano aprovechó su condición de integrante del Batallón de Contra Inteligencia #2 Ejército Nacional con sede en Barrancabermeja (Santander), para suministrar información relacionada con movimientos de tropa a las estructuras 33 y 37 de las disidencias FARC que ejecutaron acciones terroristas”, informó la Fiscalía.
Así mismo, indicó que las labores de la Policía Judicial establecieron que el militar le pasaba los datos a un civil de nombre Andrés Humberto Alzate, quien luego le entregaba esa información a los cabecillas de las disidencias en el Magdalena Medio.
Lo más grave es que estos datos, según señaló la Fiscalía, después eran utilizados para cometer atentados contra la Fuerza Pública en Bucaramanga y algunos municipios del Catatumbo.
Alias La Mona, relacionada con extorsiones
Los demás integrantes de la supuesta organización criminal también habrían participado en otras acciones ilegales, según detalló el ente acusador.
“Por su parte, Ruth Caballero Ardila, alias La Mona, sería la responsable de vigilar establecimientos de comercio en Yondó (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander), para definir posibles víctimas de extorsión. El 9 junio de 2023, esta mujer habría facilitado la ubicación e identificación de alias ‘Perro Kimber’, integrante de un grupo armado ilegal, quien fue asesinado”, concluyó la Fiscalía en su boletín de prensa.
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Entre tanto, indicaron que Dávila Sánchez habría estado prestando su cuenta en el banco para recibir la plata de las extorsiones que se cometían en la ciudad de Medellín. Solo entre el 30 de junio y el 2 de julio del año pasado, la Fiscalía evidenció que habría recibido 23 millones de pesos de un comerciante de cerveza.
“Garzón Lozano, Alzate, Caballero Ardila y Dávila Sánchez fueron capturados por la Policía Nacional en Medellín (Antioquia), Barracabermeja (Santander) y Yopal (Casanare). En su poder hallaron una pistola 9 milímetros, 2 proveedores, 11 celulares, 4 computadores portátiles, 1 disco duro y 3 memorias USB. La Fiscalía imputó a los procesados, según su posible participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, extorsión y asesoramiento a grupos armados organizados”, indicó el ente investigador.
Y subrayó que ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados, pero todos fueron privados de la libertad y enviados a un centro penitenciario.
