Las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales que habitan las zonas marítimas de Colombia enfrentan una serie de desafíos críticos que ponen en peligro sus derechos fundamentales y su supervivencia cultural. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo titulado “Sobre derechos étnico-territoriales de los pueblos étnicos en contextos de maritorio” pone de relieve estas preocupaciones y hace un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas inmediatas.
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La realidad para estas comunidades, tanto en la región Pacífica como en la Caribe, está marcada por la ausencia del Estado y la falta de garantías para sus derechos básicos. Esta situación se ve agravada por las dinámicas del conflicto armado, que han llevado a la desprotección en áreas cruciales como el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria y la salud.
La Defensoría del Pueblo subraya que la falta de atención diferenciada del Estado ha derivado en limitaciones severas para estas comunidades. La carencia de agua potable y la inseguridad alimentaria son solo algunos de los problemas que enfrentan, situación que se agrava por la presencia de grupos armados ilegales que restringen su movilidad y acceso a recursos esenciales.
En la región del Pacífico, se entrelazan problemas históricos de violación de derechos humanos con la práctica ilegal de la minería y las tensiones por el control territorial entre grupos disidentes como el ‘frente 31′ y la ‘Segunda Marquetelia’. “La costa Pacífica nariñense atraviesa desde hace cerca de 30 años una crisis humanitaria que implica la afectación a una serie de derechos humanos relacionados con la seguridad y la integridad de sus habitantes, la crisis alimentaria, la identidad cultural y la movilidad, en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno que se extiende sobre sus múltiples fronteras”, se lee en el informe.
Uno de los aspectos más preocupantes es la vulnerabilidad en el ámbito de la salud. Las restricciones impuestas por los grupos armados impiden que estas comunidades accedan a centros médicos o recolecten plantas medicinales en zonas silvestres, esenciales para su medicina tradicional. Enfermedades como la malaria, el dengue, la tuberculosis y la diabetes requieren atención especial que no siempre está disponible debido a las limitaciones logísticas y de recursos.
La Defensoría del Pueblo enfatiza la necesidad de fortalecer los sistemas de salud comunitarios tradicionales y ancestrales. Esto incluye apoyar las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) propias de estas comunidades y rescatar el sistema de medicina tradicional, fundamental para su bienestar.
“Los grupos armados ilegales restringen el acceso al derecho fundamental de la salud, puesto que no se puede ingresar a las zonas silvestres para obtener las medicinas ni tampoco se pueden acercar a los centros médicos cuando las prácticas tradicionales no son suficientes”, así lo afirmó el Defensor del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina.
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El informe hace un llamado claro a las instituciones gubernamentales para que trabajen de manera coordinada en la implementación de políticas sociales efectivas a corto plazo. Es imperativo desarrollar estrategias que mitiguen la vulnerabilidad de estas comunidades y aseguren el respeto de sus derechos fundamentales y étnico-territoriales. Esto incluye garantizar su acceso a la salud, la vida, el territorio ancestral y la participación en decisiones que afectan sus vidas.
El informe de la Defensoría del Pueblo ofrece un total de 36 sugerencias. Entre ellas se destaca la necesidad de establecer una política de asistencia y atención específica para estas comunidades, así como fortalecer sus expresiones culturales y tradicionales. “De igual manera, la situación de los derechos humanos en los territorios de mar, está vinculada al racismo estructural, que se refiere a las desigualdades generadas por circunstancias materiales o de facto que han históricamente impedido el acceso a oportunidades para grupos sociales debido a su condición racial”, dice una de las conclusiones del informe.
En cuanto a ello, la Defensoría recomienda desarrollar estrategias de prevención, protección y autoprotección tanto a nivel colectivo como individual, siempre con un enfoque diferencial que reconozca sus particularidades.
El documento resalta la relación de estas comunidades con el mar, va más allá de lo físico; es una parte integral de su historia y cosmovisión. Las prácticas tradicionales y el conocimiento ancestral sobre la navegación y la conservación marina no solo han enriquecido la cultura del país, sino que también han contribuido significativamente a la comprensión de la biodiversidad marina.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de seguir desarrollando acciones que garanticen los derechos de estas comunidades. Promoverá procesos de fortalecimiento, rescate y pervivencia física y cultural, así como la estabilización económica de estos pueblos.
