El proceso judicial contra 24 militares involucrados en las presuntas irregularidades del operativo en la que terminó en una masacre en la vereda Alto Remanso, Putumayo, realizado el 28 de marzo de 2022, está estancado desde hace un año. La Fiscalía había ordenado imputar cargos por el homicidio de 11 personas, pero la diligencia se ha retrasado por once meses a pesar de tener listas las pruebas desde agosto pasado. El diario El País América informó que tuvo acceso a la audiencia reservada, donde el fiscal Luis Alfonso Cabezas expuso sus razones para imputar los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio, cargos que ninguno de los militares aceptó.
Los imputados son un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 17 soldados profesionales. Inicialmente eran 25, pero uno falleció. La Fiscalía reveló que el Ejército fue el primero en abrir fuego en medio de la población civil en Alto Remanso, contradiciendo la versión oficial del Ejército y el Ministerio de Defensa, encabezado por Diego Molano durante el gobierno del expresidente Iván Duque. El fiscal Cabezas afirmó que, el 28 de marzo a las 7:13 a.m., se ordenó al tirador de alta precisión realizar el primer disparo en el caserío, donde había 50 civiles. Entre las 11 víctimas mortales, al menos ocho eran civiles.
El operativo militar, realizado después de un bazar comunitario, tenía como objetivo a Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, supuesto responsable de las finanzas del grupo armado Comandos de Frontera, disidencias de las FARC. Sin embargo, Bruno no fue capturado ni asesinado. El Ejército sabía, gracias a información de inteligencia, que Bruno no estaba en la vereda durante el bazar, pero aún así señalaron al vicepresidente de la Junta de Acción Comunal como el disidente.
El fiscal Cabezas detalló que el vicepresidente de la comunidad fue golpeado y obligado a declararse como Bruno, pero logró identificarse con su cédula. El ministro de Defensa, Diego Molano, calificó el operativo como exitoso, afirmando que el Ejército había abatido a 11 integrantes del grupo armado. Sin embargo, una investigación periodística de El Espectador, Cambio y Vorágine reveló que varios de los muertos eran civiles que el Ejército intentó hacer pasar por guerrilleros.
Fiscalía imputó a 24 militares por masacre de Alto Remanso, Putumayo
Durante la audiencia, se reveló que los militares dispararon durante dos horas y media, gastando 1.597 cartuchos calibre 5,56 x 45 mm, 32 cartuchos calibre 7,62 x 39 mm, nueve granadas de 40 mm y cinco granadas de mano. Para un operativo contra una población de menos de 100 personas, las Fuerzas Militares realizaron más de 1.600 disparos y detonaron 14 explosivos. Cabezas también señaló que la población fue retenida por más de seis horas en la cancha de fútbol, limitando el derecho fundamental a la locomoción de mujeres y niños.
La defensa de las víctimas solicitó imputar los delitos de desplazamiento forzado y tortura, argumentando que 50 personas estuvieron retenidas en la cancha y que el Ejército obligó al vicepresidente de la comunidad a declararse miembro de los Comandos de la Frontera. La solicitud no prosperó. El expediente de la Fiscalía indica que el operativo involucró a cinco equipos de militares del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, que llegaron al terreno 11 días antes para labores de inteligencia.
Tras casi 19 horas de diligencia, la jueza avaló la imputación de cargos por homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio. Ninguno de los militares aceptó los cargos, y varios afirmaron no entender la imputación. La medida de aseguramiento está pendiente mientras avanza el proceso judicial.
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De acuerdo al diario El País, el abogado del teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, comandante del batallón que ejecutó el operativo, presentó excusas médicas por problemas de rodilla y salud mental, buscando aplazamientos. La jueza negó las solicitudes y ordenó que la Fiscalía comenzara con la imputación. Este era el tercer intento de aplazamiento, después de solicitudes previas el 25 de junio y el 1 de agosto de 2023. La Corte Constitucional decidió el 10 de abril que el caso seguiría en la Fiscalía, a pesar de intentos de trasladarlo a la Justicia Penal Militar.
