El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, ha propuesto devolver 1.100 millones de pesos y cumplir una condena de 70 meses en una guarnición militar, en relación con los sobrecostos en la compra de carrotanques para La Guajira. Esta oferta surge como parte de las negociaciones con la Fiscalía, que le imputará cargos el próximo jueves 25 de julio por delitos como peculado y concierto para delinquir.
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Antecedentes del caso
El escándalo de corrupción en la UNGRD ha generado gran revuelo debido a los presuntos sobrecostos en la adquisición de carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira. Este caso involucra a varios altos funcionarios y empresarios, quienes han buscado acuerdos con la justicia para mitigar sus penas.
Propuestas de otros involucrados
- Sneyder Pinilla: Exsubdirector de la UNGRD, propuso devolver 293 millones de pesos y cumplir una pena de 5 años en una guarnición militar. Su abogado, Luis Gustavo Moreno, ha estado negociando este acuerdo.
- Luis Eduardo López Rosero: También implicado en el caso, ha seguido una línea similar en su defensa.
- Roger S.A.S.: Empresario de Impoamericana, ha ofrecido devolver 4.232 millones de pesos y cumplir una condena mínima de 4 años de prisión.
El próximo jueves, la Fiscalía imputará cargos a los principales responsables del escándalo. Los delitos incluyen concierto para delinquir, peculado, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito de particulares. Estos cargos buscan aclarar el manejo irregular de fondos y la adjudicación de contratos en el marco del proyecto de carrotanques.
Implicaciones políticas
El caso ha salpicado a varios congresistas y altos funcionarios del gobierno. La Fiscalía ha iniciado investigaciones contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz; y el director de la DNI, Carlos Ramón González. Se sospecha que estos funcionarios pudieron haber influido en el direccionamiento de contratos hacia sus regiones, buscando beneficios personales.
El escándalo de la UNGRD no solo ha puesto en evidencia la corrupción dentro de la entidad, sino que también ha abierto un debate sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos. La imputación de cargos y las propuestas de restitución son solo el comienzo de un proceso judicial que podría traer consecuencias significativas para los involucrados y para el sistema político en general.
