Después de que la Procuraduría General de la Nación emitió una decisión en contra del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, se ha desatado una fuerte polémica en la opinión pública. El ente de control decidió sancionar con una suspensión e inhabilidad especial de seis meses a Quintero debido a que lo encontró responsable por participar de forma indebida en política. La decisión provocó que el presidente Gustavo Petro se pronunciara para condenarla a través de su cuenta oficial en la red social X.
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“La procuradora volvió a inflingir la convención americana de derechos humanos. Ningún funcionario administrativo le puede quitar los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia. (SIC)”, sostuvo el presidente Petro.
Este pronunciamiento del primer mandatario está en línea con su postura sobre las sanciones que ha emitido la Procuraduría en el pasado contra mandatarios escogidos por elección popular. En reiteradas ocasiones, el jefe de Estado ha señalado que los órganos de carácter administrativo como la Procuraduría no tienen la potestad de suprimir los derechos políticos de los funcionarios electos democráticamente, pues ha considerado que no son entes de carácter judicial.
¿Por qué la Procuraduría decidió sancionar a Daniel Quintero?
En todo caso, el fallo en primera instancia de la Procuraduría ya fue conocido por la opinión pública. De acuerdo con el comunicado que publicó el Ministerio Público, encontraron que Quintero fue responsable de hacer “expresiones veladas a favor del Pacto Histórico, con la finalidad de obtener apoyo a la aspiración de llegar a la Presidencia en la primera vuelta electoral” mientras era alcalde de Medellín.
“La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular adujo que el exmandatario publicó en sus redes sociales el video en el que aludió a un cambio en primera, fotografías en las que se veía el tarjetón de la consulta del partido referido y material audiovisual refiriéndose de manera explícita a las elecciones de 2022, contenido con claras inclinaciones partidistas que no podía manifestar al ostentar un cargo de elección popular”, anotó la Procuraduría sobre su decisión.
