En junio de 2021 Dani García Pulgarín interpuso una acción de tutela que terminaría cambiando para siempre la historia de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia. Elle solicitó el amparo constitucional para que en su cédula de ciudadanía no apareciera el componente sexo, que en ese momento marcaba F (Femenino), y que gracias a la sentencia 033 de 2022 de la Corte Constitucional le permite tanto a Dani como a todas las personas que se identifiquen como no binarias, que legalmente sean reconocidas como tal con un NB en su documento de identidad y que sean amparados sus derechos a ser tratadas no como él o como ella, sino como elle.
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Una persona no binaria no se identifican como hombre o como mujer. “No es solamente todos los tecnicismos de si utiliza la E o no, no es el “todes”, o si se cambia el nombre o no, si un día se viste de hombre y otro de mujer, sino que es esa persona que simplemente no se siente que puede encasillarse entre ser un hombre y ser una mujer, independientemente de los genitales que tenga. No estamos hablando de genitales, estamos hablando de identidad”, explica Li Cuéllar, directore y cofundadore en Fundación Sentiido, una organización sin ánimo de lucro que produce conocimiento y capacitación sobre diversidad sexual y de género.
Li se nombró como persona no binaria a los 40 años, y para elle fue “encontrar una palabra que pudiera explicar todo lo que yo he sido toda la vida”. Porque el punto acá es que las personas no binarias están en un tránsito constante en su construcción identitaria.
“Es que yo también transito en el género, aunque no sea hacia el género femenino. Yo transito todos los días hacia un lugar en el que yo estoy poniendo mi posición política de que no estoy de acuerdo con que me hayan impuesto ser hombre, pero tampoco quisiera que me impongan el hecho de necesariamente ser una mujer”, reflexiona por su parte Francesca Mcqoid, directore de asuntos LGBTIQ+ en Ministerio de la Igualdad.
“Yo creo que esa idea de rechazo, de no identificarse con estas dos maneras de ser que nos han dicho que son las únicas, las naturales y las verdaderas, que es por un lado ser una mujer y por un lado ser un hombre, pues se termina convirtiendo en un problema político, en un problema de derechos humanos, en un problema de reconocimiento de la diferencia”, analiza Alanis Bello, Doctore en Educación y docente de la Universidad Distrital.
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Porque el debate sobre las personas no binarias no se queda sólo en el NB de la cédula, en la letra E y en el “todes” que tanta piquiña le causa a los tradicionalistas de la lengua española, efectivamente hay todo un debate político y legal de fondo que aún está por resolverse: ¿cómo es su acceso a la salud? ¿cómo se van a pensionar? ¿cómo garantizar su inclusión real en organizaciones, empresas y la misma sociedad?
“El espectro no binario es un asunto sobre todo político, que pone de frente a las identidades de género que se han impuesto totalmente”, señala Mcqoid, mientras que Andy Alegría, Líder de Diversidad, Equidad, Inclusión y Pertenencia de Ecopetrol va directo al grano: “Nuestro acceso al sistema de salud todavía sigue siendo difícil, porque tú llegas y en algunos casos no se ha hecho cambio de nombre identitario, y te van a tratar con la identidad de género que te asignaron cuando tú ya estás migrando hacia otro lado, o te van a presentar procesos de hormonización que pueden ser muy violentos, entonces siento que los retos están ahí”.
Para Alegría “acceso a salud, acceso a pensión, son temas que no se están hablando, que no se están discutiendo y es una agenda que tenemos que posicionar las personas no binarias”.
El problema, por supuesto, es legal ya que el Congreso ha hecho poco para aportar al tema y las medidas que se han tomado para garantizar derechos de la población LGBTIQ+ en Colombia son reactivas y han llegado por sentencias de la Corte Constitucional: “Definitivamente nunca ha tenido un soporte legislativo, no solamente para las personas con experiencia de vida trans, sino para las personas LGBTIQ+ en general. Muchas veces las decisiones puntuales alrededor de la garantía de derechos de personas LGBT están dadas por jurisprudencia”, explica Mcqoid.
Cuéllar plantea que sí ha habido avances notorios en el país: “Colombia tiene una particularidad con respecto a los otros países de la región y es que tiene un nivel de protección de derechos LGBTIQ+ muy altos a diferencia de Paraguay, Bolivia, Perú y Centroamérica”. El problema es cultural: “Cuando uno va y mira, uno dice: se puede. Las parejas del mismo sexo se pueden casar, pueden adoptar, las personas trans pueden hacer la corrección de su componente sexo y nombre en el documento, pero la parte cultural y la parte social es muy lenta. Colombia tiene un machismo muy enraizado, prácticas homofóbicas, muy fuertes, una historia de violencia muy profunda que también evidentemente impacta a las personas LGBTIQ+.
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Uno de los puntos clave es que esos avances son visibles en Bogotá y las grandes ciudades, pero en las regiones no: “Acá tenemos algunos instrumentos en cierta medida que nos permiten defendernos y luchar por nuestros derechos. ¿Pero qué pasa en ciertos territorios donde no se puede hablar? ¿Qué pasa con esas juventudes que están construyéndose desde ahí y la única herramienta que tienen es rechazo? ¿Qué va a pasar ahí? Creo que también hacia allá toca voltear esa mirada”, apunta Andy Alegría
“No es simplemente un montón de personas que tienen ideas raras frente a su cuerpo, sino que esto se trata del derecho al libre desarrollo de la personalidad y se trata sobre todo de la necesidad de contar con protección estatal para poder construir un proyecto de vida libre y autónomo”, afirma Bello, mientras Alegría concluye: “Si las personas no binarias no estamos en lugares de toma de decisión, va a ser muy difícil que se garanticen nuestros derechos”.
