El Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha informado de manera oficial la apertura de diálogos con una de las disidencias de las Farc, llamada ‘Segunda Marquetalia’, este proceso se ha llevado a cabo desde el 24 de junio y se extenderán hasta el 29 del mismo mes en la ciudad de Caracas, Venezuela.
PUBLICIDAD
No obstante, la Fundación para el Estado de Derecho, presentó una demanda ante el Consejo de Estado en la que pide la nulidad de la decisión que tomó el presidente Petro, ya que según ellos “las negociaciones de paz con disidencias están prohibidas por la Constitución y la ley”. Esta demanda fue aceptada por el alto tribunal.
Algunos de los argumentos de la fundación para el Estado de Derechos son:
- “La Constitución (artículo 122 y 66 transitorio) y la ley de paz total (art. 2° Ley 2272) prohíben otorgar estatus político e iniciar negociaciones de paz con miembros de grupos al margen de la ley que, una vez desmovilizados, continuaron delinquiendo. Con estas personas se deben hacer acercamientos para lograr su sometimiento a la justicia”.
- “El Acuerdo de Paz de 2016 incorporó garantías de no repetición y exigió que los excombatientes honraran sus compromisos. Los compromisos del acuerdo fueron incumplidos por miembros de la ‘Segunda Marquetalia’, al retornar a las armas. Dentro de sus más representativos dirigentes se encuentra alias “Iván Márquez”, máximo negociador del entonces Acuerdo de Paz, y fundador de la ‘Segunda Marquetalia’”.
- “El Gobierno nacional, conocedor de la imposibilidad constitucional y legal para adelantar las negociaciones y pactar acuerdos con la ‘Segunda Marquetalia’ reconoció la necesidad de implementar una constituyente o las reformas legales necesarias para negociar con este grupo al margen de la ley: “La ley es algo que puede cambiar y para eso existe el Congreso y la misma sociedad. Las leyes no son inamovibles y son producto de una historia social y con base a los acontecimientos que vayan sucediendo” afirmó el alto comisionado de paz, Otty Patiño, el 25 de junio de 2024″, finaliza.
Ahora ambas partes deberán argumentar sus posiciones y esperar la decisión del alto tribunal.
