La Fiscalía General de la Nación identificó a los nueve presuntos integrantes de ‘Los Nacionales’, un grupo delincuencial organizado que estaría involucrado en la falsificación de moneda nacional a gran escala y la posterior comercialización a la ciudadanía en general, establecimientos de comercio, y en el servicio de transporte publico en diferentes ciudades del país.
Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con la DIJIN de la Policía Nacional en Pereira (Risaralda) y Medellín (Antioquia). En los procedimientos fueron incautados 920 millones de pesos en billetes falsos de 20.000, 50.000 y 100.000 pesos; además de una maquina selladora, una prensa artesanal, guillotinas, tintas de secado rápido, papel fondeado importado, hilos, hologramas y sellos de seguridad, entre otros elementos utilizados para darle apariencia de autenticidad a la moneda.
Entre los detenidos están María del Pilar Aguirre Atehortúa, quien sería la encargada de coordinar la producción de los billetes de diferentes denominaciones en un inmueble de Pereira, que funcionaba con la fachada de un negocio de estampados; y su hija, Evelyn García Aguirre, a la que se le atribuye la recepción de los dineros por la distribución de las falsificaciones, mediante la utilización de billeteras virtuales.
Otros capturados son Jairo Eudoro López Castañeda y Oswaldo Toro, los presuntos encargados de las artes gráficas, la litografía y la impresión; y José Obdulio Becerra Largo, Fernando Perilla, Carlos Humberto Sánchez Correa, Juan Pablo Rodríguez López y Jaime Harold Durango Rodríguez, señalados distribuidores de los billetes a propietarios de establecimientos de comercio y transportadores.
Los envíos se realizaban a distintas ciudades como encomiendas de libros para intentar evadir los controles de las autoridades.
Una fiscal del Grupo contra la Falsificación de Moneda de la Delegada contra la Criminalidad Organizada imputó a ‘Los Nacionales’ los delitos de concierto para delinquir, falsificación de moneda nacional o extrajera, y tráfico de moneda falsificada. Los cargos no fueron aceptados. Una juez de control de garantías de Pereira impuso a los procesados medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
