El viernes 24 de mayo, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villareal, acusó formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez por delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. En esta investigación se busca establecer si existió una presunta red que tendría como objetivo ‘torcer’ los testimonios de varios testigos a favor del expresidente, se presume que dicha red pudo haber sido liderada por el propio Álvaro Uribe.
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El Juzgado 44 Penal de Bogotá decidió negar de lleno la solicitud de nulidad que solicitó la defensa del expresidente Uribe, quien está siendo representado por el abogado Jaime Granados. Según la jueza Sandra Heredia la solicitud de anular el caso simplemente era “impertinente e improcedente”. Sumado a esto, Heredia aseguró que, con el fin de evitar dilaciones al respecto, en contra de esta decisión (la de anular la solicitud) no preceden recursos.
Durante la diligencia, y posteriormente a la decisión de la jueza, se acreditaron como victimas en el caso al senador Iván Cepeda Castro, al exfiscal Eduardo Montealegre, al exvicefiscal Jorge Perdomo y a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, quien es testigo calve del caso.
Por su parte, Villarreal calificó al expresidente Uribe como ‘el determinador’ de la presunta manipulación de los testigos Carlos Enrique Vélez Ramírez, Juan Guillermo Monsalve Pineda, y Eurídice Cortés Velasco, todos exparamilitares y privados de la libertad.
“Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, además, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos, y/u otros medios probatorios”, aseguró el fiscal.
Sumado a esto, el fiscal Villareal también aseguró y fue enfático en decir que, “Álvaro Uribe Vélez determinó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que directamente o por interpuesta persona, entregara y/o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos, para que faltaran a la verdad o la callaren total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas”.
