La Jueza del Juzgado 44 Penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, finalmente declaró “impertinente e improcedente”, la solicitud de la defensa del expresidente Álvaro Uribe de anular el proceso que lleva el también excongresista por delitos relacionados a fraude procesal y soborno.
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La togada señaló la importancia de no dilatar “de manera injustificada” el proceso penal.
Por otro lado, la Juez también determinó oficialmente como víctimas en el expediente de Álvaro Uribe, al senador Iván Cepeda y y a Deyanira Gómez, quien es la exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el proceso.
Inicio y antecedentes del proceso
En el 2012, el senador Iván Cepeda presentó una demanda en contra del expresidente Uribe en el que lo señalaba de haber fundado el Bloque Metro de las AUC, el senador Cepeda sumó dos testimonios que respaldaron dicha acusación y avivaron un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia.
En su defensa, el expresidente Uribe presentó, ante la Corte Suprema de Justicia, una denuncia en contra de Cepeda, por supuesta manipulación de testigos y para respaldarla presentó entrevistas con varios presos. Entre ellos se identificó a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes se encuentran detenidos en las cárceles de Palmira y La Picota en Bogotá, respectivamente, así como a una mujer identificada como Eurídice Cortés.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en el 2018 le devolvió la denuncia al exmandatario, pues la Alta Corte emitió un auto en el que comunicó que cerraba las investigaciones en contra de Cepeda, y en un giro inesperado abrió la investigación por manipulación de testigos pero en contra de Uribe Vélez.
La acusación de manipulación de testigos en proceso penal está vinculada con la supuesta entrega de sobornos a varios exparamilitares. Entre los cuales figura Juan Guillermo Monsalve a quien el abogado de Uribe, Diego Cadena, habría visitado en la cárcel con el fin de que cambiará su versión en contra de Uribe y dijera que había sido manipulado por el senador Cepeda. Estos pagos tendrían como objetivo obtener testimonios favorables para el exmandatario. Por otro lado, el cargo por fraude procesal abarca todas las irregularidades detectadas en el caso.
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El caso Uribe ha sido un proceso judicial extenso y complejo que ha atravesado diversas etapas. En septiembre de 2018, en esa fecha, se reveló que la Corte Suprema había interceptado por error el teléfono del expresidente, que estaba registrado a nombre del excongresista Nilton Córdoba Manyoma. Este incidente desencadenó una serie de acontecimientos legales.
En noviembre de 2018, el caso pasó a manos de la nueva Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, dirigida por la magistrada Cristina Lombana. Posteriormente, en febrero de 2019, Iván Cepeda, inicialmente acusado por manipulación de testigos contra Uribe, fue admitido como parte civil en el proceso.
En octubre de 2019, Uribe fue formalmente vinculado por los delitos de soborno y fraude procesal. Esto condujo a la orden de detención domiciliaria en agosto de 2020, lo que llevó a su renuncia como senador y al traspaso del caso a la Fiscalía General de la Nación.
A lo largo de los años siguientes, se sucedieron varias solicitudes de preclusión del caso, todas rechazadas por diferentes instancias judiciales. En abril de 2024, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema radicó el escrito de acusación contra Uribe Vélez, presentando nuevas pruebas y preparándose para el juicio.
