Solo durante la semana pasada los homicidios de dos médicos conmocionaron al país y dejaron en evidencia la violencia que debe soportar el personal de salud en Colombia.
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El primer caso se registró en Medellín. De acuerdo con varias investigaciones periodísticas, el médico urólogo Juan Guillermo Aristizábal Vásquez habría sido asesinado por su propio paciente. Aunque las autoridades aún están investigando las circunstancias del crimen, recientemente se conoció que el hombre habría amenazado al profesional de la salud desde hace varios años después de que este le practicó una circuncisión.
El señalado asesino no sólo le disparó a Aristizábal, sino que también decidió quemar su consultorio.
El segundo asesinato se presentó en el municipio de Villanueva, en La Guajira. En la entrada del Hospital Santo Tomás de esa población un hombre le propinó varios disparos al médico Jesús María García Oñate cuando se disponía a iniciar su turno. La comunidad por poco lincha al atacante, quien fue dejado a disposición de las autoridades.
Estos casos no son, por desgracia, hechos aislados, pues hacen parte de un fenómeno que no solo afecta a los profesionales, sino también a la prestación del servicio de salud. Según las cifras más recientes publicadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), las agresiones contra los trabajadores del sector sanitario vienen en incremento en el último año.
Los datos de 2023 muestran que se reportaron 511 actos violentos contra la ausencia de salud en todo el país. En 2022, en cambio, se reportaron 426 casos.
“Más del 70 por ciento de los ataques contra los profesionales de salud, las instalaciones o los vehículos no son llevados a cabo en el ámbito de los conflictos armados, sino por los pacientes y sus familiares. Es un problema de carácter social”, detalló Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del Cicr en Colombia.
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Y también señaló que en esa organización han constatado que podría haber un subregistro en las cifras, pues hay casos en los cuales los profesionales de la salud temen denunciar por las retaliaciones que podrían ejecutar sus agresores.
Así mismo, el Cicr señaló en su balance de la situación humanitaria de 2024 que estas agresiones contra el personal sanitario tuvieron mayor impacto en los departamentos de Cauca, Chocó, Arauca, Nariño y Caquetá. Esto no solo se debe a la cantidad de agresiones, sino a sus repercusiones.
“En algunos de ellos, equipos completos de sanitario se vieron forzados a dejar de trabajar, lo que resultó en la privación total de servicios de salud para comunidades enteras”, detalló el Cicr en el documento.
Incluso, señalaron que se reportaron nueve asesinatos de personas que prestaban servicios de salud en Colombia, lo que representa la cifra más alta de los últimos cinco años. De ellos, cinco eran sanadores tradicionales del Cauca y el Valle del Cauca.
Lorenzo Caraffi explicó que, en los casos que se presentan en el marco del conflicto armado en algunos municipios de difícil acceso, las agresiones contra el sector sanitario acaban afectando enormemente a la población civil.
“La cosa más importante es que una vez que el médico se va, una vez que el centro de salud ya no está, no sólo el médico es la víctima, sino toda la comunidad que deja de tener acceso a servicios esenciales de salud”, concluyó Caraffi.
De otro lado, les hicieron un llamado a los grupos armados que operan en territorio nacional para que respeten las labores de los trabajadores de la salud en las poblaciones donde operan.
Afectaciones para la salud mental
Más allá de hacerles seguimiento a los ataques que sufren los médicos y otros trabajadores sanitarios en Colombia, el Cicr también ofrece apoyo para atenderlos una vez son víctimas de un ataque.
De hecho, cuentan con un programa llamado ‘Salud Mental para Personal de Salud Víctima de Violencia’, que está centrado en las consecuencias psicológicas que tiene que afrontar la misión médica en Colombia.
El Cicr informó que entre las personas que participaron en ese espacio, el 86 por ciento tenía “niveles preocupantes” de sufrimientos psicológicos.
“Entre los síntomas más comunes se encuentran ansiedad, dificultades cognitivas e irritabilidad, además del sufrimiento individual que padecen los trabajadores de la salud y que supone una limitación en su capacidad de cuidar a los demás”, explicó el Cicr en su balance humanitario.
A su vez, recordó que es fundamental tener en cuenta la importancia que tiene para las comunidades el personal sanitario que trabaja en zonas que son afectadas por los conflictos armados y la violencia de distintos actores ilegales.
Y advierten que su trabajo en ocasiones es la única esperanza que tiene la población civil que recibe sus cuidados.
“Estos proveedores de asistencia comunitaria, sanadores tradicionales, auxiliares, psicólogos, odontólogos, enfermeros, médicos, conductores de ambulancia y personal de apoyo sanitario son quienes persisten en la tarea de curar las heridas del cuerpo y la mente causadas por los conflictos armados en Colombia y que viven en medio de la zozobra propia de la violencia”, concluyó el Cicr.
