La noticia de la semana fue que la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El proceso empezó en 2018, cuando el exmandatario le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar al senador Iván Cepeda. Sin embargo, la Corte no encontró méritos para investigar a Cepeda y, en cambio, llamó a Uribe a indagatoria. Para entonces el expresidente era senador de la República del Centro Democrático.
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Pero el caso pasó a manos de la Fiscalía debido a que Uribe renunció a su curul en el Congreso en 2020. En medio de fuertes cuestionamientos, la Fiscalía solicitó precluir el proceso en dos oportunidades, como bien lo expresó el exmandatario en su más reciente pronunciamiento.
“Dos fiscales, con quienes ninguna relación he tenido a lo largo de mi vida y ambos con larga carrera judicial, no encontraron mérito para acusarme. Propusieron preclusión. Varios procuradores con quienes ninguna relación he tenido apoyaron esa preclusión”, subrayó el exmandatario.
Sin embargo, Gilberto Villarreal, fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien había sido nombrado por el exfiscal general Francisco Barbosa consideró que sí había razones suficientes para investigar al expresidente Uribe. Para el abogado penalista Francisco Bernate este cambio de postura de la Fiscalía era predecible y volver a solicitar la preculsión hubiera sido inviable.
“Cuando se intentó en dos ocasiones precluir el proceso y en ambas se fracasó, la circunstancia apenas natural era que el paso siguiente fuera acusar. Ya no había otra alternativa, era impresentable e inviable presentar una tercera solicitud de preclusión”, señaló Bernate.
¿Qué tan probable es que Uribe sea condenado?
Ahora bien, las probabilidades de que haya una decisión concluyente en este caso son muy bajas, debido a que el proceso está cerca de prescribir. Es decir que los términos se vencerían y el proceso penal no podría continuar.
No obstante, hay una división en la interpretación de los términos procesales. Por un lado, algunos abogados consideran que el proceso prescribiría en octubre de 2025. Otros consideran que la fecha límite sería en agosto de 2026.
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“La figura de la prescripción indica que el Estado colombiano pierde la posibilidad de realizar o de adelantar la acción penal cuando ha pasado cierto tiempo. El término será el establecido como máximo para cada una de las penas, en este caso son 12 años. ¿Qué ocurre? Nos indica el Código de Procedimiento Penal que cuando se presenta la formulación de la imputación se parten los términos y se empiezan a contar esta vez por la mitad. Es decir, seis años”, explicó el abogado penalista Nixon Forero.
Forero señaló que, según esas cuentas, los términos se vencen en agosto de 2026, pues fue en agosto de 2020 cuando se formuló la imputación del exmandatario. Esta misma posición la defendió el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río Malo.
Sin embargo, Francisco Bernate no compartió esta interpretación y, en cambio, consideró que la fecha de la prescripción está más cerca. “La indagatoria, que es el acto mediante el cual se vincula al expresidente a este proceso, y que la Corte Constitucional decidió equiparar a la diligencia de indagatoria, es el momento en el que se interrumpe la prescripción”, señaló Bernate.
“A partir del 8 de octubre de 2019 vamos a contar seis años. Es decir, los términos vencen y el proceso prescribe el 8 de octubre de 2025. Si a ese momento no se obtienen dos sentencias condenatorias, en primera y segunda instancia, el caso está prescrito”, concluyó el abogado Bernate. Y señaló que, teniendo en cuenta la gran congestión de la justicia en Colombia, el caso prácticamente está prescrito.
En todo caso, Bernate consideró que el verdadero efecto de este caso y de las diligencias que vienen será político, pues servirá para repasar varios de los hechos que enredan al exmandatario.
La primera audiencia ante la jueza de conocimiento que revisará el caso del expresidente Uribe se llevará a cabo el 17 y 24 de mayo próximos.
