Después de que se reveló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ejecutará una intervención forzosa contra la EPS Sanitas, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que los pacientes que son atendidos por esa entidad pueden “estar tranquilos”.
“Aquí los servicios tanto de la EPS como de la prepagada se continuarán prestando sin ningún inconveniente. Esto para que puedan tener la absoulta tranquilidad de que los ciudadanos afiliados puedan seguir contando con la atención y podamos solucionar los problemas que hoy tiene la EPS”, señaló Jaramillo.
El superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, explicó que la EPS Sanitas no estaba cumpliendo con los requisitos de habilitación financiera que necesitaba para operar. Esto incluye rubros como las reservas técnicas y el patrimonio adecuado.
Leal también detalló que la EPS ha presentado un incremento constante en las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), lo cual mostró que los afiliados no estaban logrando suplir sus necesidades de salud. “Las deudas que tenía este EPS con hospitales, clínicas y prestadores de servicios de salud venían creciendo y para diciembre del año pasado superaron los 2 billones de pesos, lo cual afecta la prestación de servicios”, indicó el superintendente.
Luego les recordó a los afiliados y a los prestadores de salud de Sanitas que no se ven afectados, pues continuarán teniendo la garantía de que la EPS Sanitas segurirá operando adecuadamente. “Esta decisión implica que han sido removidos de sus cargos el representante legal, la junta directiva y la asamblea de accionistas de la EPS”, dijo Leal.
Y señaló que ya se designó un agente intervento con experiencia en rescatar a hospitales que han entrado en crisis. También indicó que habrá una junta asesora para esta persona, donde tendrán asiento los cinco principales acreedores de la EPS.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la decisión de su Gobierno. Advirtió en su cuenta de X que su administración “tiene la obligación de salvar el sistema de salud y la vida de los colombianos. El actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y politico, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión”.
