El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha anunciado una serie de cambios en el proceso de expedición de pasaportes en el país, que han generado preocupación e incertidumbre entre los ciudadanos. Estos cambios están relacionados con la revocación de resoluciones a favor de Thomas Greg & Sons, la empresa encargada de la licitación para la elaboración de pasaportes en Colombia. A continuación, detallamos los aspectos clave de esta situación y las garantías proporcionadas por las autoridades:
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De acuerdo a Infobae, en una declaración emitida el jueves 28 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la revocación de las resoluciones firmadas por el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que adjudicaban a Thomas Greg & Sons la licitación por un monto de $599.651 millones para la elaboración de pasaportes en Colombia. Esta medida se tomó en aras de garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa.
La decisión del Ministerio ha generado inquietud entre los ciudadanos colombianos, especialmente aquellos que están en proceso de tramitar su pasaporte o que tienen planes de hacerlo en el futuro cercano. Muchos se preguntan si esta medida afectará su capacidad para obtener la libreta de viaje de manera oportuna y eficiente.
Para tranquilizar a la población, la Cancillería ha asegurado que el servicio de expedición de pasaportes en Colombia seguirá funcionando con normalidad. Thomas Greg & Sons continuará brindando el servicio sin contratiempos hasta el 2 de octubre de 2024, fecha de finalización de su contrato vigente. Esto significa que los ciudadanos pueden continuar realizando sus trámites de pasaporte sin interrupciones.
Medidas Adicionales Adoptadas
Además de la revocación de las resoluciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han presentado denuncias para investigar posibles delitos asociados a la expedición de dichos actos administrativos. Esta acción demuestra el compromiso de las autoridades colombianas con la transparencia y la legalidad en los procesos relacionados con la expedición de pasaportes.
