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El dilema del Gobierno Petro: ¿condenar o no al oficialismo venezolano?

La Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que manifestó “preocupación” por la situación en el país vecino.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro Al presidente Gustavo Petro la oposición le ha pedido rechazar con más vehemencia el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. AP (Juan Cano/AP)

Las cancillerías de Colombia y Venezuela han tenido varios roces diplomáticos en las últimas 24 horas por cuenta de la difícil situación que atraviesa la democracia del país vecino. Mientras que el gobierno colombiano manifestó “preocupación” por los obstáculos que ha tenido la oposición venezolana para inscribir sus candidaturas, el Ejecutivo de Venezuela calificó el pronunciamiento como una “injerencia grosera”.

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Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho múltiples esfuerzos por desescalar las discordias con Venezuela, que heredó de la gestión de su antecesor Iván Duque, el escaso compromiso democrático de Nicolás Maduro en su país ha empañado esa voluntad política.

Colombia está jugando un difícil ajedrez. Por un lado, le ha apostado a bajarles el tono a las tensiones con Venezuela para garantizar un mejor flujo comercial y una mayor cooperación en ámbitos como la seguridad y la migración. Pero por el otro, arriesga su reputación a nivel internacional al estrechar relaciones con un gobierno que ha perseguido a sus opositores, es señalado de tener altos niveles de corrupción y ha entablado vínculos con otros estados poco queridos en Occidente, como Rusia e Irán.

La estrategia del Gobierno Petro le ha apuntado a mantener el equilibrio: acercarse a Maduro y al mismo tiempo mediar para que la oposición cuente con mayores garantías democráticas.

Sin embargo, esta frágil balanza se ha descompensado varias veces. Un ejemplo claro de esto es que, después de recibir una fuerte presión interna y externa para pronunciarse sobre los obstáculos que les ha puesto Maduro a sus opositores, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado en el que le recordó a su vecino los compromisos que ha adquirido con el fin de garantizar unas elecciones libres y justas.

En el documento, la entidad advirtió que tanto el canciller Luis Gilberto Murillo como el presidente Gustavo Petro han sostenido “comunicaciones constantes y adelantaron las gestiones necesarias a través de canales diplomáticos formales e informales para llamar a las partes en Venezuela -tanto al gobierno como a sectores de oposición agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y del movimiento Vente Venezuela- al cumplimiento irrestricto de lo establecido en el Acuerdo de Barbados”.

Con ello, se refería a unos compromisos que fueron secundados por el oficialismo venezolano y por varios de los partidos políticos más importantes del país vecino en octubre del año pasado. Durante ese proceso de entendimiento, Colombia no sólo fungió como garante, sino también como observador.

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Ser opositor en Venezuela, una carrera de obstáculos

Pero el gobierno de Nicolás Maduro ha demostrado una y otra vez que no le importa demasiado lo que se firmó en Barbados. Muestra de ello fueron las múltiples dificultades que enfrentó la PUD para inscribir a sus candidatas electorales.

Para empezar, María Corina Machado, que era la candidata más fuerte y había ganado las primarias que organizó la oposición, no pudo seguir en la contienda electoral a raíz de una inhabilidad que le impuso la Contraloría General de la República de Venezuela. Esta sanción ha sido duramente cuestionada a nivel internacional, pues se dio a pocos meses de los comicios presidenciales.

Ante esta movida, la PUD respondió con otro as bajo la manga: decidieron que Corina Yoris, una política e historiadora, ocuparía el lugar de María Corina Machado en el tarjetón. Pero la libertad democrática en Venezuela no dio para tanto y los opositores denunciaron que no pudieron inscribir a Corina Yoris antes de la medianoche del lunes pasado, que era el día límite para dejar su candidatura en firme en la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se supone debía servir para ese propósito.

No obstante, la PUD comunicó en la tarde de ayer que el CNE les dio un nuevo plazo “de horas” para inscribir la candidatura de Yoris. Provisionalmente, decidieron poner en su lugar al candidato Eduardo González Urrutia, con el fin de mantenerse en la contienda electoral.

Estos obstáculos que ha tenido que sortear la oposición para participar en las elecciones han causado un rechazo internacional casi unánime al que se unió Colombia en las últimas horas.

Si bien en su comunicado la Cancillería colombiana señaló que respeta la soberanía de las instituciones venezolanas, manifestó su preocupación “por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición”.

Y recordó que los problemas que han tenido los opositores al gobierno de Nicolás Maduro podrían minar la confianza de algunos actores internacionales en la transparencia de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 28 de julio.

El comunicado, sin embargo, no cayó bien en el gobierno venezolano, que lo consideró una afrenta a su autonomía. “Empujada por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Cancillería colombiana da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos”, aseguró a través de su cuenta de X el canciller venezolano, Yván Gil.

Así mismo, advirtió que su homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo, contaba con “información veraz de primera mano” y señaló al gobierno colombiano de emitir juicios falsos.

“Venezuela ha sido siempre respetuosa de los complejos procesos políticos en Colombia, incluso en momentos de violencia y grandes divisiones”, añadió Gil.

La actitud vehemente del gobierno venezolano frente a cualquier insinuación sobre la falta de garantías democráticas en su país no sólo quedó expresada en la respuesta que le dio su canciller a Colombia, pues emitió una contestación similar dirigida al gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre otras cosas, calificó como “gris” e “injerencista” un pronunciamiento de ese país sobre el proceso electoral que se adelanta en territorio venezolano. Además, indicó que parecía “haber sido dictado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se emiten comentarios cargados de profundo desconocimiento e ignorancia sobre la realidad política en Venezuela”.

De fondo, es muy diciente que el oficialismo venezolano haga declaraciones tan duras contra dos gobiernos de izquierda que podrían ser sus aliados en otras circunstancias y muestra que prefiere aislarse internacionalmente antes que brindarles garantías democráticas a sus opositores.

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