Una de las noticias que más dio de qué hablar este jueves 21 de marzo tuvo que ver con la ampliación de la condena contra la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.
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El Tribunal Superior de Bogotá la sentenció a una pena de 13 años y 10 meses de cárcel por haber colaborado con la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, quien estaba bajo la custodia del Inpec en un consultorio odontológico y porque supuestamente usó a su hermano, quien para entonces era un menor de edad, para ayudar en la huida.
La decisión fue celebrada por la Fiscalía General de la Nación en su cuenta de X (antes Twitter). Allí señaló que había conseguido la sentencia en segunda instancia por los hechos ocurridos en 2019. “Además, el magistrado revocó el beneficio de prisión domiciliaria, que se le había dado en primera instancia, y ordenó la captura inmediata”, advirtió el ente acusador.
Esta última afirmación, sin embargo, fue duramente criticada por el abogado de Aida Victoria Merlano, Miguel Ángel del Río Malo, quien expresó dudas sobre su precisión. “El Tribunal Superior de Bogota no ordenó la captura de Aida Victoria”, explicó el jurista. Más tarde, advirtió que sigue respaldando a su cliente y que llevará el caso a nuevos ámbitos. El siguiente, según señaló, será la Corte Suprema de Justicia, ante la cual acudirán al recurso de casación.
¿Por qué Aida Victoria Merlano no fue a prisión?
En efecto, la influenciadora no fue capturada después de la condena que emitió el Tribunal Superior de Bogotá. El abogado penalista Nixon Forero le explicó a PUBLIMETRO las razones por las cuales Merlano podrá seguir defendiéndose fuera de un recinto penitenciario.
“Como dentro de la actuación penal ella no estaba privada de la libertad, ni en primera ni en segunda instancia habían definido ese tema, queda la posibilidad de interponer el recurso de casación, que impide que la decisión quede ejecutoriada”, señaló el jurista. Y agregó, sin embargo, que este recurso no es una tercera instancia, sino que se trata de una alternativa extraordinaria.
“En ese sentido, salvo que el magistrado que ha tomado la decisión (de condenarla en segunda instancia) resuelva que ella debe estar privada de la libertad mientras se resuelve el recurso de casación, ella quedará libre”, indicó Forero.
Para acudir al mencionado recurso de casación, entre tanto, la defensa tiene 30 días. No obstante, la Corte Suprema de Justicia será la encargada de decidir si admite la solicitud o no.