Tras un largo proceso legal, las víctimas lograron un fallo histórico contra la iglesia católica; en el que se obliga a las instituciones a ofrecer excusas públicas; sin embargo, pareciera que quienes profesan el perdón no lo aplican.
Paola Giraldo es abogada y la directora administrativa y financiera de la firma de abogados Galvis Giraldo Legal Group, ella logró una victoria histórica para dos víctimas de abuso sexual por parte del sacerdote Freddy Orlando Rodríguez Cuellar. Pues gracias a la representación de Giraldo, las víctimas lograron que las instituciones religiosas a las que pertenecía Rodríguez también fueran responsables del daño y que estas los indemnizaran patrimonialmente y, además, tuvieran que ofrecer excusas públicas por los años de abuso que sufrieron en manos del cura.
En Colombia solo hay tres condenas civiles contra la Iglesia Católica, una de El Libano, en Tolima, otra en Manizales, en Caldas, y la tercera, que logró Giraldo, en Bogotá. Esta última en contra del Obispado Castrense y la comunidad religiosa Hijos de la Sagrada Familia, a los que estaba vinculado el sacerdote durante los años en los que ejerció el abuso.
Cabe mencionar que Rodríguez, fue retirado del sacerdocio en el 2014, cuando se conoció la denuncia por parte de dos víctimas de abuso sexual, los cuales habían sido sometidos a los vejámenes del cura mientras eran menores de edad. Las dos víctimas sufrieron en manos de este religioso por años; el sacerdote se aprovechó de la confianza y la fe de la madre de los menores, quien confío sus hijos al Colegio Parroquial Santa Catalina de Siena, en donde Rodríguez era rector. Adicionalmente, las víctimas fueron monaguillos en la iglesia de Santa Catalina de Siena, donde el cura era vicario.
Aprovechándose de la devoción de la madre y la inocencia de los dos menores, este religioso abuso sexualmente de ellos durante años. Fue hasta el 2015 que el sacerdote asumió los cargos y fue condenado a 112 meses de prisión. Sin embargo, estando cumpliendo la condena, Rodríguez falleció en el 2019.
El viacrucis para que las instituciones respondieran
A partir de la muerte de Rodríguez, las víctimas comenzaron un proceso legal para que las instituciones religiosas a las que perteneció el cura, pudieran hacerse responsables de la indemnización patrimonial con la que no cumplió el sacerdote antes de morir y además pidieran perdón públicamente por los hechos.
El caso llegó a los despachos de la abogada Giraldo en 2021, quien desde su firma ofreció asesoría a las víctimas para poder iniciar el proceso de responsabilidad civil extracontractual, en contra de las entidades a las cuales el sacerdote se encontraba escrito en vida.
En dicho proceso se demandaron cuatro entidades que fueron la congregación Hijos de la Sagrada Familia Jesús María y José, el Obispado Castrense, la Arquidiócesis de Bogotá y la Diócesis de Engativá.
No obstante, la Arquidiócesis y la Diócesis salieron del proceso, tras argumentar que el sacerdote nunca estuvo incardinado a estas instituciones directamente. A pesar de que las instalaciones del colegio sí hicieran parte de la Diócesis de Engativá y por ende de la Arquidiócesis de Bogotá.
Las cuatro instituciones fueron notificadas del proceso y tres presentaron su derecho a la defensa, menos el Obispado Castrense, quien en representación de su abogado, Marcel Tangarife, presentó una solicitud de nulidad por indebida notificación, pues, argumentó que el correo al que se envió la notificación no correspondía al correo de la institución.
Sin embargo, la abogada Giraldo, contó como anécdota que en medio del estrés del caso, una noche soñó que había una página que tomaba pantallazos de otras páginas web y resultó ser que sí era, por lo que gracias a esta, la jurista pudo verificar que en efecto la notificación se había hecho de forma correcta y al correo correcto: “Ellos (El Obispado Castrense) dijeron que el correo electrónico al cual yo lo había notificado no era el correo, lo tenían en su página web… pero resulta que de manera estratégica cambiaron el correo electrónico de la página web para solicitar el traslado”.
Finalmente, el 4 de noviembre de 2022 la jueza Alba Lucía Goyeneche Guevara, del Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, sentenció al Obispado Castrense y a los Hijos de la Sagrada Familia a pagar 60 salarios mínimos legales vigentes a cada una de las víctimas y además a ofrecer excusas públicas. En el fallo se especificó que dichas disculpas debían adoptar “todas las medidas administrativas y simbólicas para reparar el daño causado y en donde se pida perdón públicamente a las víctimas y su familia; así como reconocer públicamente el menoscabo causado a la confianza de los creyentes en la religiosidad”.
Sin embargo, esta decisión fue apelada, puesto que obligaba a que la indemnización fuera pagada el 80% por la congregación y el 20% por el Obispado Castrense. El magistrado Germán Valenzuela asumió el caso en segunda instancia y solicitó una ampliación del término. Finalmente, el fallo de la segunda instancia se dio el 30 de enero de 2024 y se acordó que el pago de los 60 smmlv debía hacerse no por porcentaje, sino de manera solidaria por parte de las entidades. Sin embargo, esta fue la única modificación que el togado hizo, por lo que se entiende que las excusas públicas seguían siendo obligatorias por parte de ambas entidades.
La iglesia que predica pero no aplica
La abogada Giraldo explicó que si bien las instituciones religiosas asumieron el pago de la indemnización patrimonial, no cumplieron con las excusas públicas que debían hacer con máximo un mes de plazo luego de haberse dado la sentencia.
“Ya las entidades demandadas pagaron… pero el requerimiento que yo les he venido haciendo es: Venga, usted debe tener en cuenta que acá no solamente es una condena económica 60 salarios mínimos, que es ‘como quitarle un menos de un pelo a la iglesia’, sino que es de vital importancia esas disculpas públicas, ese reconocimiento, ese saber qué están haciendo para que esta situación no vuelva a ocurrir, qué es lo que está pasando al interior de ellos”, expresó la jurista.
Sin embargo, ante la negativa de ambas instituciones, la abogada Giraldo señaló que ya envió una carta al Vaticano: “Envié una carta con todo el fallo de primera instancia, el fallo de segunda instancia solicitándole al Papa Francisco su intervención, porque él pregona y perdón solicitar disculpas, pero se niegan las entidades a pedir perdón, cuando saben que efectivamente sus sacerdotes están cometiendo abusos”.
Por el momento, tanto las víctimas de este caso como la abogada están a la espera de la respuesta del sumo pontífice y si no llega, entonces proceder a iniciar un proceso ejecutivo por obligación “para que sea la misma juez que ordenó las disculpas públicas y quien ejecute la misma”.
La abogada señaló que si el acto de excusas públicas no se da antes del 1 de abril, entonces comenzarán el proceso mencionado. No obstante, la jurista aclara que esperan que no tenga que ser necesario usar este recurso, pues se trata de una institución que profesa la paz, el perdón y la reconciliación, por lo que resulta paradójico que se nieguen a llevar a cabo un acto del que evangelizan.
