La Defensoría del Pueblo identificó riesgos en 50 municipios y 18 áreas no municipalizadas del Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada. La Alerta Temprana 007 del 2024 advierte sobre los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en estos territorios.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dijo que, “necesitamos que sean implementadas medidas de protección colectiva para líderes ambientales y comunidades indígenas en riesgo, en coordinación con entidades como la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior”.
La Defensoría identifico ocho escenarios de riesgo a los que se enfrentan los defensores del medio ambiente en el sur del país:
- Presencia del Estado Mayor Central. El EMC amenaza a los líderes e interfieren en su labor de protección y cumplimiento de los acuerdos de conservación y no deforestación. Principalmente en el Meta, Guaviare y Caquetá.
- Disputa territorial por explotación de hidrocarburos. Esto representa un riesgo para los líderes quiénes identifican pérdida de control territorial y han enfrentado amenazas, desplazamientos forzados, confinamiento, homicidios, entre otros. Esta problemática está presente principalmente en Putumayo, dónde también hay presencia del Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera.
- Cultivos de uso ilícito. Los grupos ilegales buscan monopolizar el narcotráfico, principalmente en Putumayo y Caquetá. Líderes y lideresas han sido amenazados y estigmatizados por intentar evitar la llegada de cultivos ilegales a sus territorios.
- Disputa armada. Defensores de derechos humanos de las Zonas de Reserva Campesina, como en Perla Amazónica y Río Pato – Valle de Balsillas, han enfrentado estigmatización y violencia por la defensa de sus territorios. Se destaca una fuerte presencia del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, que disputan territorio principalmente entre Putumayo y Caquetá.
- Coexistencia de grupos armados. En Guainía, Vichada y la zona de frontera con Venezuela, coexisten grupos armados como la Segunda Marquetalia, el frente ‘José Daniel Pérez Carrero’ del ELN y el EMC. Los defensores de derechos se encuentran en el medio de la disputa.
- Disputa armada y control sobre explotación ilícita de recursos madereros. En el Amazonas, Vaupés y la frontera con Brazil se están disputando el control territorial el EMC y grupos ilegales de explotación maderera y explotación de oro en las fuentes hídricas. Los líderes se han visto amenazados por estos grupos que no les permiten ejercer sus labores de protección.
- Amenazas por ejercicio de la autoridad y gobernanza territorial. En todos los territorios mencionados los líderes se han enfrentado a grupos armados ilegales que no les permite el acceso a sus territorios.
- Amenazas a personas que realizan mercado voluntario de bonos de carbono. Los grupos armados ilegales que ejercen presencia en estos departamentos realizan tácticas de extorsión y coerción para no permitir el establecimiento de los bonos de carbono.
Teniendo en cuenta estos riesgos, la Defensoría del Pueblo realizó 41 recomendaciones a distintas autoridades nacionales y locales que se engloban en siete ejes temáticos: coordinación de la respuesta rápida y fortalecimiento institucional, garantías para la gestión social y ambiental, adopción de medidas de prevención y protección a favor de los grupos poblacionales en riesgo, acciones de política orientadas a la superación de vulnerabilidades por riesgos ambientales y ecosistémicos.
De igual forma, desde la Defensoría se pidió que se reforzara el trabajo del Estado con las comunidades y se continúen impulsando los proyectos productivos colectivos. Esto con el fin de que se genere apropiación del territorio y protección de los defensores.
