La Defensoría del Pueblo identificó riesgos en 50 municipios y 18 áreas no municipalizadas del Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada. La Alerta Temprana 007 del 2024 advierte sobre los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en estos territorios.
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El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dijo que, “necesitamos que sean implementadas medidas de protección colectiva para líderes ambientales y comunidades indígenas en riesgo, en coordinación con entidades como la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior”.
La Defensoría identifico ocho escenarios de riesgo a los que se enfrentan los defensores del medio ambiente en el sur del país:
- Presencia del Estado Mayor Central. El EMC amenaza a los líderes e interfieren en su labor de protección y cumplimiento de los acuerdos de conservación y no deforestación. Principalmente en el Meta, Guaviare y Caquetá.
- Disputa territorial por explotación de hidrocarburos. Esto representa un riesgo para los líderes quiénes identifican pérdida de control territorial y han enfrentado amenazas, desplazamientos forzados, confinamiento, homicidios, entre otros. Esta problemática está presente principalmente en Putumayo, dónde también hay presencia del Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera.
- Cultivos de uso ilícito. Los grupos ilegales buscan monopolizar el narcotráfico, principalmente en Putumayo y Caquetá. Líderes y lideresas han sido amenazados y estigmatizados por intentar evitar la llegada de cultivos ilegales a sus territorios.
- Disputa armada. Defensores de derechos humanos de las Zonas de Reserva Campesina, como en Perla Amazónica y Río Pato – Valle de Balsillas, han enfrentado estigmatización y violencia por la defensa de sus territorios. Se destaca una fuerte presencia del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, que disputan territorio principalmente entre Putumayo y Caquetá.
- Coexistencia de grupos armados. En Guainía, Vichada y la zona de frontera con Venezuela, coexisten grupos armados como la Segunda Marquetalia, el frente ‘José Daniel Pérez Carrero’ del ELN y el EMC. Los defensores de derechos se encuentran en el medio de la disputa.
- Disputa armada y control sobre explotación ilícita de recursos madereros. En el Amazonas, Vaupés y la frontera con Brazil se están disputando el control territorial el EMC y grupos ilegales de explotación maderera y explotación de oro en las fuentes hídricas. Los líderes se han visto amenazados por estos grupos que no les permiten ejercer sus labores de protección.
- Amenazas por ejercicio de la autoridad y gobernanza territorial. En todos los territorios mencionados los líderes se han enfrentado a grupos armados ilegales que no les permite el acceso a sus territorios.
- Amenazas a personas que realizan mercado voluntario de bonos de carbono. Los grupos armados ilegales que ejercen presencia en estos departamentos realizan tácticas de extorsión y coerción para no permitir el establecimiento de los bonos de carbono.
Teniendo en cuenta estos riesgos, la Defensoría del Pueblo realizó 41 recomendaciones a distintas autoridades nacionales y locales que se engloban en siete ejes temáticos: coordinación de la respuesta rápida y fortalecimiento institucional, garantías para la gestión social y ambiental, adopción de medidas de prevención y protección a favor de los grupos poblacionales en riesgo, acciones de política orientadas a la superación de vulnerabilidades por riesgos ambientales y ecosistémicos.
De igual forma, desde la Defensoría se pidió que se reforzara el trabajo del Estado con las comunidades y se continúen impulsando los proyectos productivos colectivos. Esto con el fin de que se genere apropiación del territorio y protección de los defensores.
