El Consejo de Estado ha tomado una decisión de gran trascendencia al dejar sin efecto una sanción disciplinaria impuesta al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Esta resolución, conocida en primicia por EL TIEMPO, revoca una suspensión de ocho meses dictada en 2019 por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa. Este hecho marca un hito en el caso de Hernández y plantea importantes implicaciones legales en el ámbito de los derechos fundamentales y el debido proceso en Colombia.
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La sanción contra Rodolfo Hernández se originó a raíz de un incidente ocurrido en 2019, cuando el entonces alcalde de Bucaramanga propinó una cachetada a un concejal durante una discusión. Como resultado, la Procuraduría lo suspendió del ejercicio de su cargo por ocho meses y le impuso una multa económica considerable.
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Sin embargo, el apoderado legal de Hernández, el exmagistrado Julio César Ortiz, presentó una solicitud de nulidad del fallo disciplinario. Argumentó que la sanción vulneraba los derechos fundamentales de su cliente y que no estaba respaldada por un proceso judicial condenatorio. Además, señaló que la Procuraduría no había desvirtuado la presunción de inocencia ni demostrado que la conducta de Hernández estuviera justificada por el ejercicio de sus funciones como alcalde.
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Tras un exhaustivo proceso legal, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, liderada por el magistrado Jorge Iván Duque, emitió una decisión trascendental. En un fallo histórico, se revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander y se declaró la nulidad del fallo de la procuraduría. Además, se ordenó la eliminación de la sanción disciplinaria de la base de datos del registro y se determinó que Hernández no está obligado a pagar una parte de la multa impuesta.
