El reciente anuncio del Gobierno Nacional de recortar la meta de erradicación de cultivos de coca (pasó de 20.000 hectáreas en 2023 a 10.000 hectáreas en 2024) ha generado revuelo en los últimos días. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, defendió la decisión señalando que se enmarca en las políticas defendidas por el presidente Gustavo Petro, que quiere poner el énfasis más sobre los narcos que sobre los campesinos.

En una cumbre sobre seguridad y convivencia, el ministro Velásquez explicó que la razón por la cual redujeron la meta tiene que ver con algunas decisiones judiciales que impiden ciertas formas de erradicación. “Como se había dispuesto en el Gobierno Nacional, iniciando la gestión del presidente Gustavo Petro, la erradicación forzada estará dirigida contra cultivos industriales, no contra campesinos pobres cultivadores”, detalló el jefe de la cartera de Defensa.

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Y señaló que están esperando a aumentar la intensidad con la cual se implementan las políticas de sustitución de cultivos ilícitos, que no tienen un enfoque represivo, sino que proponen un abordaje más integral de la problemática de la mano de los cultivadores. Mientras tanto, consideró que la represión sí debe aplicarse en políticas de incautación, destrucción de laboratorios de cocaína y la persecución de los bienes de los narcos.

Después de la controversia que se produjo con su anuncio, el alto funcionario entregó algunas cifras de erradicación de coca y de incautación de cocaína.

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“Entre el 1 de enero y el 7 de marzo de este año la Fuerza Pública incautó 130 toneladas de cocaína, lo que representa un incremento del 33 por ciento sobre los resultados obtenidos en el mismo periodo del 2023. Acciones firmes contra los dueños del negocio, ¡no contra los campesinos pobres!”, indicó el ministro Velásquez.

De todas maneras, subrayó que la cantidad de hectáreas de coca cultivadas a nivel nacional sí se ha reducido en los últimos meses. Velásquez compartió una cifras tomadas del Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima), según las cuales la cantidad de cultivos ilícitos reportados en Colombia pasaron de 259.212 hectáreas en abril de 2023 a 246.693 en diciembre de 2023.

Es en ese contexto, que se conoció un recorte presupuestario que Estados Unidos está planteando para Colombia en 2025, según lo dejó entrever la propuesta fiscal que le hizo la administración del presidente Joe Biden al Congreso de su país. Uno de los ítems en los cuales la reducción fue más palpable fue el de la lucha contra las drogas. El dinero asignado para este rubro cayó en 25 millones de dólares.

Aunque algunas voces han mencionado que esto es resultado de las posiciones del Gobierno colombiano, el comunicado de prensa que publicó la Casa Blanca para dar a conocer los recursos que usará se ve una decidida intención de invertir más dinero en la lucha contra el fentanilo y los opioides, que se han convertido en un creciente problema de salud pública en territorio estadounidense.

“El Presupuesto invierte 18 millones (de dólares) adicionales en equipos nacionales de de la DEA para la lucha contra las amenazas como el fentanilo con el fin de mejorar la lucha de Estados Unidos contra las redes criminales transnacionales que impulsan el letal fentanilo ilícito en las comunidades de Estados Unidos”, reza el comunicado de la Casa Blanca.

Así mismo, dieron a conocer que el Presupuesto incluye fondos destinados a combatir el comercio internacional de drogas sintéticas, lo que a su vez tendría incidencia en el flujo mundial de fentanilo y otras sustancias que han elevado su impacto en Estados Unidos durante los últimos años.

¿Funciona el planteamiento del Gobierno?

Estefanía Ciro es directora del centro de pensamiento AlaOrillaDelRío, dedicado a hacerles seguimiento a algunos puntos del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. Aunque Ciro considera que este Gobierno sí ha hecho algunos cambios, advierte que en el fondo sigue usando las mismas estrategias para encarar el fenómeno del narcotráfico.

“Lo que está haciendo realmente el Gobierno con esta estrategia es regular el narcotráfico. Y lo regula a partir de estas estrategias de coerción, pero no lo está combatiendo”, señaló.

No obstante, argumentó que hacer que disminuya la erradicación forzada y la presión estatal en este aspecto es un “acierto” y cumple con lo que había recomendado la Comisión de la Verdad. Pero dijo que, por lo pronto, no hay una postura clara frente a otras estrategias históricamente represivas como la aspersión aérea.

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También expresó dudas sobre el hecho de que se concentrarán las energías de la fuerza pública en atacar los cultivos industrializados. “Esa es una invención técnica del Gobierno Petro que no tiene ningún soporte científico, empírico. No hay ninguna validación de que los cultivos industriales existen ni cómo van a ser medidos”, puntualizó Ciro.

Además, mencionó la importancia de hablar sobre la regulación de las drogas. “Antes de la llegada de Gustavo Petro, el avance sobre el tema de la regulación era muy amplio, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y se suponía que él iba a montarse en esa discusión, pero se monta en la del fracaso de la política de drogas”, opinó Ciro, quien considera este enfoque como un retroceso.

Para la analista, se trata el tema con “desconocimiento” y no hay un cambio real con relación a los discursos que han defendido gobiernos anteriores. De hecho, recordó que por ahora la regulación del cannabis no ha quedado en firme, pese a que era un paso muy importante que se esperaba que diera el actual Gobierno.