A través de un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo manifestó preocupación por el confinamiento de cerca de 2.500 personas que viven en el corregimiento de Mecaya y las inspecciones de Policía de Senceya y Yurilla, ubicados en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.
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De acuerdo con lo que señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, los ciudadanos de esta región completan 40 días sin poder circular libremente por el río Caquetá debido a una restricción impuesta por uno de los grupos armados ilegales que opera en la zona. “Por esa razón solicitamos con urgencia que se abra un corredor humanitario en la zona”, aseguró Camargo.
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Según la información compartida por la Defensoría del Pueblo, esa entidad puso la situación en conocimiento de algunos Subcomités Departamentales y Municipales de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición. También llevó esa información a distintos consejos de seguridad.
“Frente a esta situación no hemos encontrado respuesta diligente y oportuna por parte del Gobierno Nacional, en este caso, del Ministerio del Interior y la propia Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En días pasados, en el Subcomité Departamental de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, el Ministerio del Interior señaló que la Oficina del Alto Comisionado no ha podido atender la situación en Puerto Leguízamo debido a que no cuentan con personal contratado a la fecha”, agregó el defensor del Pueblo.
Entre otras cosas, la entidad indicó que la falta de este apoyo por parte del Estado ha generado múltiples trabas para acceder a distintas zonas rurales, incluidas algunas del municipio de Puerto Caicedo.
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La crisis, según mencionó la entidad, comenzó desde finales de enero pasado. Para entonces, la Defensoría del Pueblo propuso que se abrieran múltiples corredores humanitarios. Sin embargo, explicó que no es la entidad directamente autorizada para empezar a implementarlos, pues se trata de una función que le corresponde a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
También recordó que no le compete entablar diálogos con los grupos armados, lo cual podría facilitar la firma de múltiples compromisos.
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“Desde la Defensoría del Pueblo, a través de nuestro equipo de la Regional Putumayo, hemos venido corroborando la situación con las autoridades municipales quienes reconocen las restricciones a la movilidad de sus poblaciones campesinas y étnicas, y seguiremos insistiendo en la necesidad de lograr la garantía de los derechos de las comunidades en esa región del país”, concluyó Camargo.
