Por medio de un comunicado público, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los numerosos casos de vulneraciones contra personas que se dedican a defender los derechos humanos en Latinoamérica. Colombia, según las cifras de la entidad, es el país donde más riesgo corren estos líderes, pues encabeza el ranking de asesinatos.
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La CIDH hizo un recuento de los índices de violencia reportados en la región durante el año pasado y documentó un total de 126 asesinatos.
“Entre los meses de septiembre y diciembre de 2023, la CIDH tuvo conocimiento sobre 54 asesinatos de personas defensoras, que se suman a los 69 casos registrados entre enero y agosto. Se observa que, como en años anteriores, esta violencia estuvo particularmente dirigida a quienes defienden el medio ambiente y el territorio y personas con liderazgos indígenas y afrodescendientes”, resaltó la organización en un comunicado.
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Según las cifras recopiladas por la CIDH, a partir de los registros de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), en Colombia se reportaron 34 asesinatos el año pasado. Algunos de los departamentos más afectados por este flagelo fueron Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo.
La entidad compartió los nombres de los defensores de derechos humanos que entraron en sus registros. Entre estas personas, había líderes indígenas y campesinos, además de defensores del medioambiente.
Eso sí, la CIDH también informó que el Estado colombiano está tomando diferentes medidas para hacerle frente a la intensa violencia contra defensores de derechos humanos en territorio nacional.
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Para citar algunos ejemplos, la CIDH mencionó la aprobación del acuerdo de Escazú, clave para la protección de líderes ambientales, y una directiva presidencial emitida el 13 de diciembre del año pasado. Esta última tenía el objetivo de reconocer la labor de los defensores de derechos humanos.
Así mismo, la CIDH señaló que hay una política pública que está en elaboración y que tiene el objetivo de garantizar la labor de defensa de los derechos humanos. Esta iniciativa implementaría algunos puntos incluidos en las “Mesas Territoriales de Garantías a Defensores de Derechos Humanos y Líderes sociales en los Planes departamentales de Desarrollo 2024-2027″.
Sin embargo, la violencia contra los líderes sociales en Colombia persiste y los recuentos de homicidios que hacen distintas organizaciones dan cuenta de ellos. De hecho, el conteo del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) muestra que en lo que va del 2024 ya se han registrado 27 asesinatos de líderes sociales en el país.
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Jorge Castellanos, defensor de derechos humanos y colaborador de Indepaz, señaló que a pesar de que hubo un cambio de Gobierno en 2022, el país sigue sumergido en un conflicto armado muy complejo. “Esto hace que haya un panorama supremamente complicado para la gobernabilidad y la seguridad”, indicó Castellanos.
El experto mencionó que, además de los asesinatos de líderes sociales, también se están presentando otros hechos que impactan directamente a la población civil. Entre otras cosas, advirtió que se han registrado amenazas, confinamientos y atentados en varias zonas del país.
Y dijo que debe haber una “voluntad política sincera” para mitigar los efectos del conflicto armado que se están presentando en Colombia hoy. Aquí son claves los acercamientos que está teniendo el Gobierno Nacional con distintos actores en el marco de la paz total.
Castellanos indicó que los coordinadores que representan al Ejecutivo en las mesas de diálogo deben hacer exigencias para que los grupos armados respeten los derechos de los civiles.
“Es a ellos a quienes les corresponde poner unas líneas rojas. Y frente a cualquier violación de esos principios, de esos ceses al fuego, tienen que haber unas sanciones supremamente inmediatas y drásticas. Si no, nadie va a creer en los diálogos de paz y nadie va a creer que esto es en serio”, dijo Castellanos.
Por último, el defensor de derechos humanos advirtió que es fundamental para la protección de los líderes sociales que los responsables de cometer delitos en su contra sean debidamente judicializados.
En esto coincidió el comunicado de la CIDH, pues recordó que una de las medidas más eficientes para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos es que la justicia mantenga al mínimo la impunidad.
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“Por ello, reitera su llamado a los Estados para investigar estos hechos de forma exhaustiva, seria e imparcial, tomando como primera hipótesis su posible relación con la labor de defensa. A su vez, incorporar un enfoque de género y étnico-racial de manera interseccional a lo largo de la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a familiares de todas las víctimas”, puntualizó la CIDH.
Y concluyó señalando que las personas que se dedican a defender los derechos humanos son claves para la democracia y, en esa medida, es una necesidad que los estados garanticen su bienestar. Esto, anotó la entidad, no solo pasa por prevenir vulneraciones en su contra, sino también por garantizar el libre ejercicio de su trabajo en favor de las comunidades y los territorios.
