Por medio de un comunicado de prensa la Contraloría General de la República informó los hallazgos que hizo durante una auditoría de cumplimiento al Ministerio de Minas. Puntualmente, le puso la lupa a la ejecución de recursos destinados para subsidios de gas, combustible e infraestructura.

De acuerdo con la información entregada por el ente de control, hicieron cerca de 18 hallazgos administrativos. Mientras 11 de ellos tuvieron una incidencia fiscal que ascendía a 52.528 millones de pesos, otros 13 tenían una connotación discipinaria.

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“Específicamente, se verificó el procedimiento utilizado por esta entidad para la asignación, validación y pago de subsidios de gas combustible por red y el otorgamiento y pago de subsidios al consumo de GLP por cilindros, así como también la administración de los recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural”, advirtió el ente de control en su comunicado.

Además, hizo una lista de las principales irregularidades que se encontraron durante la auditoría. Para empezar, mencionó contribuciones no facturadas que suman 13.450 millones de pesos y que fueron realizadas por seis empresas.

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“En visita realizada por la CGR se evidenció que a usuarios industriales y comerciales atendidos por empresas distribuidoras y comercializadoras de gas natural durante las vigencias 2017 a 2021, se les otorgó la exención de la contribución, en un valor que suma $13.450.551.194, sin que estos usuarios hayan demostrado alguna(s) de las condiciones que define la norma correspondiente para acceder a ella”, detalló la Contraloría.

Y sostuvo que también verificó un “inadecuado seguimiento” del Ministerio de Minas y Energías a la hora de revisar los requisitos para el acceso a la exención del impuesto de contribución.

Entrega de subsidios a personas muertas

Pero quizás uno de los hallazgos más preocupantes del ente de control durante su auditoría fue la presunta entrega de subsidios a personas fallecidas.

“La Contraloría estableció que los controles del aplicativo de subsidios GLP Cilindros establecidos por el Ministerio de Minas y Energía no han sido efectivos, dado que no contempla como regla de validación que el documento aportado no se encuentre cancelado por fallecimiento del titular, ocasionando con ello un mayor valor pagado a las empresas comercializadoras y/o distribuidoras por el reconocimiento de subsidios a nombre de personas fallecidas, durante el periodo de enero de 2017 a julio 2023. Esta situación genera un detrimento patrimonial por más de 506 millones de pesos”, resaltó la Contraloría.

Así mismo, mencionó que también se les habrían entregado subsidios a menores de edad que no cumplían con los requisitos para acceder a ellos.