Desde hace casi diez años Colombia no tiene información clara y completa para entender la situación nutricional de sus habitantes. La última vez que se realizó un diagnóstico riguroso y a profundidad el país supo, por ejemplo, que más de la mitad de las personas adultas tenían exceso de peso, y los menores de edad iban por el mismo camino. Ese dato es de 2015, cuando se realizó la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), que hoy es una deuda pendiente con acuerdos de pago incumplidos e intereses en mora.
La ENSIN es un instrumento elaborado por el Ministerio de Salud, el ICBF y el Instituto Nacional de Salud que en 2005, 2010 y 2015 le entregó al país información concreta para comprender los problemas nutricionales de la población y así contar con insumos para tomar decisiones, crear políticas públicas y establecer estrategias para su intervención. Aunque fue creada para publicarse cada cinco años, la cuarta versión no llegó en 2020, y tras cuatro años de retrasos siguen sin resolverse las preguntas sobre cuándo se va a presentar.
Hoy las decisiones sobre nutrición y seguridad alimentaria se toman con base en la radiografía de un país que ya no existe. Los supuestos y las estimaciones son lo más cercano a una certeza. La academia, la ciudadanía y los gobiernos locales, departamentales e incluso el nacional, navegan una incertidumbre que sortean con información desactualizada y datos que complementan, pero no suplen los vacíos.
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Un paso adelante y tres atrás
La ENSIN del 2015 fue publicada, en realidad, en 2017, con información recogida en campo durante 2016. Por esa razón no fue extraño que el desarrollo de la primera etapa de la cuarta versión de la encuesta, la de 2020, hubiera iniciado solo hasta finales de ese mismo año, con una complicación adicional pues todavía estábamos en plena pandemia de Covid-19. El contrato interadministrativo para arrancar lo firmó el 9 de septiembre de 2020 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad que hasta entonces era la principal responsable de la ENSIN, y lo ejecutó la Universidad Nacional de Colombia.
Dicho contrato, firmado por un valor de $1.992 millones, no solo tenía como objeto ejecutar la primera etapa de la ENSIN, sino también “prestar apoyo técnico para el fortalecimiento territorial en derecho humano a la alimentación y la formulación del plan nacional de seguridad alimentaria en la fase 1″. Un poco más de la mitad de ese dinero se lo llevó el desarrollo de la primera fase de la encuesta; en total fueron $1.071 millones destinados a la detección y análisis de necesidades y el avance en el diseño temático, estadístico y operativo.
La nutricionista Mercedes Mora trabaja como profesora e investigadora de la Universidad Nacional y ha hecho parte de la formulación de las tres versiones que hasta ahora existen de la ENSIN. Según explica, una encuesta de esa envergadura “es muy complicada de hacer si no es con la participación y la voluntad política de instituciones a nivel nacional que tengan la posibilidad de llegar a todas partes en el país, pero también que tengan los recursos económicos necesarios para hacerlo. Es importante porque son datos a nivel nacional que nos dan luces para poder realizar acciones a nivel de nutrición y salud”.
El operativo de campo es la fase en la que se recoge la información de la ENSIN a nivel nacional. Esa etapa implica un despliegue logístico que en 2015, por ejemplo, hizo posible la visita a 56 mil hogares, en 295 municipios de los 32 departamentos de Colombia.
“Esa es la riqueza que tiene la ENSIN. Es muy difícil para un municipio tener unos datos con la fuerza de los que da la ENSIN, con la integridad de la nutrición, las respuestas biológicas como los bioquímicos, los determinantes, el estado de la lactancia materna, de la alimentación complementaria, de las gestantes. Cuando uno tiene toda esa información de la población, realmente tiene el mapa de lo que está pasando, pero si no, es muy complicado. Es urgente que tengamos la ENSIN”, subraya la profesora Mora.
En el mismo derecho de petición que el ICBF le respondió a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se menciona que, además de los recursos destinados para realizar la primera fase, durante la vigencia de 2021 habían sido asignados $1.300 millones adicionales para continuar con el desarrollo de la ENSIN.
En 2021, el ICBF, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) suscribieron un convenio marco para el desarrollo de la cuarta versión de la ENSIN, que hasta entonces estaba en cabeza del ICBF. De acuerdo con el director de Nutrición del ICBF, Rubén Orjuela, como la articulación de ese convenio requirió de 10 meses, “no fue posible ejecutar dicho recurso en la ENSIN. En este sentido, el ICBF reasignó el recurso referido en otras acciones misionales para prevención y protección integral de la primera infancia”.
Lo que sí surgió después de que el convenio se firmó fue un plan de trabajo para continuar desarrollando la encuesta en 2022. De acuerdo con información entregada por el Ministerio a Vorágine, ese plan contemplaba realizar la prueba piloto de la encuesta, iniciar la recolección de información en campo y la disposición de $2.450 millones para la compra y procesamiento de biomarcadores de vitaminas y minerales para la recolección de datos de nutrientes en sangre, por parte del INS. Esto, porque además de las entrevistas para conocer las formas en que ocurren los cambios alimentarios en la población, una parte fundamental de la ENSIN es la medición de datos antropométricos como la talla y el peso, además de la evaluación de micronutrientes en la sangre. No hay otra investigación a nivel nacional que calcule y entregue esa información.
De acuerdo con la profesora Mora “el peso y la estatura no mienten, son indicadores objetivos al igual que un dato bioquímico en sangre. A ti te puede contar la persona que come y come, pero si el peso está bajito para la talla, es porque no come lo suficiente. Medir la antropometría es clave para conocer realmente el aporte de nutrientes. Los indicadores biológicos y bioquímicos que se estudian, además, son fundamentales para detectar en horas tempranas posibles deficiencias en la nutrición”.
El plan para iniciar el trabajo de campo y preparar los insumos para la recolección de datos sobre nutrientes no fue ejecutado, según el Ministerio de Salud y Protección Social, por el aumento de los casos de Covid a principios de 2022.
El siguiente movimiento en el accidentado camino para la construcción de la cuarta versión de la ENSIN, según información entregada por el ICBF, fue una solicitud que hizo el Ministerio a finales de 2022, para que en la encuesta fuera incluido un módulo para los mayores de 64 años, que hasta 2015 no habían hecho parte. Esa inclusión, de acuerdo con el director de nutrición del ICBF, Rubén Orjuela, “requiere la revisión y reestructuración de los diseños previamente definidos”, es decir, el trabajo que ya había hecho la Universidad Nacional en 2020.
Sin embargo, el mismo Ministerio de Salud y Protección Social confirmó que todos esos recursos fueron luego entregados para atender la emergencia nutricional y materna del departamento de La Guajira, con lo cual la ENSIN nuevamente quedó sin financiación y sin plan de trabajo.
“La Guajira tiene la atención pública y política e indudablemente es muy triste y es realmente una urgencia nacional lo que pasa allí, pero la ENSIN es una urgencia también, es una necesidad para poder proyectar investigaciones y acciones teniendo en cuenta una realidad del país. Si se saca la ENSIN se logra focalizar mejor, porque cómo queremos actuar sin saber qué está pasando. Creo que se economiza si se hace el esfuerzo de aplicar la ENSIN y de ahí en adelante todas las acciones de apoyo necesarias y urgentes, pero con información que permita elaborar planes más contundentes”, asegura la profesora Mora.
El 2 de julio de 2023 el Gobierno decretó una emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. En el marco de ese decreto se expidió la Resolución 1375 de 2023 para la creación de un “Comité de Emergencia Nacional y Materna del departamento de La Guajira”, con el fin de garantizar el derecho a la salud de niños, niñas y mujeres gestantes en riesgo por malnutrición. El 2 de octubre de 2023, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto de la emergencia y lo dejó sin efectos, a excepción de las medidas relacionadas con la crisis humanitaria por la poca disponibilidad de agua.
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La comisión de la que habla Melgarejo está conformada por un representante de la Presidencia y por los ministros (o sus representantes) de Agricultura y Desarrollo Rural; Salud y Protección Social; Comercio, Industria y Turismo; Educación; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Vivienda, Ciudad y Territorio, e Igualdad y Equidad. La integran también representantes del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición.
“Con la plata del hambre hay corrupción, hay mortalidad infantil, hay un montón de cosas que giran alrededor porque son presupuestos que son bastante complejos y de hecho la vigilancia de esos presupuestos es muy difícil de hacer. El dinero está ahí y no tiene un control fuerte, entonces eso es delicado. Uno espera que en el gobierno del cambio sucedan cosas distintas, pero no se ha podido”, explica el investigador Castillo.
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Una afirmación falsa
En julio de 2023 el Ministerio de Salud y Protección Social presentó un informe al Congreso de la República sobre el primer año de ejecución del gobierno de Gustavo Petro en ese sector. En ese informe se afirma que “actualmente se ha avanzado en la fase I y se está realizando el proceso de adjudicación para iniciar la fase II en este segundo semestre del año”.
Es verdad que ya existen avances en la primera fase de la ENSIN, aunque fueron ejecutados en 2020, durante la presidencia de Iván Duque, pero la afirmación sobre el proceso de adjudicación de la segunda fase no es cierta. Hasta el 14 de febrero de 2024 estuvo abierta la invitación para enviar cotizaciones para finalizar la primera etapa de la cuarta versión de la encuesta, que deberá incluir el módulo de los adultos mayores de 64 años. La segunda fase, entonces, no fue adjudicada en el segundo semestre de 2023 y actualmente no existen procesos para su contratación, pues todavía está en deuda la finalización de la primera.
La invitación para terminar la primera fase, que se cerró recientemente, ya no tuvo como contratante al ICBF. Según su director de nutrición, Rubén Orjuela, el 11 de diciembre de 2023 ocurrió una reunión entre representantes de ese instituto, el Ministerio de Salud y Protección Social y el INS en la que se acordó que, desde ahora, el Ministerio liderará el desarrollo y destinará los recursos para ejecutar las fases siguientes de la ENSIN. El ICBF sólo realizará apoyo técnico.
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Políticas públicas con información desactualizada
Aunque hay una estela de avances, acuerdos y planes para rastrear el camino que ha recorrido la cuarta versión de la ENSIN, su publicación todavía es difusa y los reclamos de quienes trabajan con la nutrición en el país están a la orden del día. Una de las principales preocupaciones está relacionada con la pérdida de la capacidad que ya estaba instalada por las tres versiones de la encuesta que se realizaron entre 2005 y 2015.
Natalia Poveda es nutricionista dietista, doctora en epidemiología nutricional, y participó en la creación del plan y el análisis de la información obtenida de la ENSIN 2015, en el componente de alimentación complementaria y lactancia materna. Según explica, “hacer una encuesta nacional es muy difícil administrativa y financieramente, lo que es grave de que no haya una nueva es que el país ya tenía esa infraestructura que no tienen otros países del mundo. ¿Por qué, si ya está lo estructural, no se puede ejecutar en los gobiernos que están de paso? ¿Por qué no se sigue trabajando de manera conjunta e intersectorial entre las instituciones que tienen la responsabilidad de dar respuesta al diseño, captura y luego análisis y publicación de estos datos?”.
Una de las principales consecuencias de que esa articulación entre entidades y responsables no haya tenido frutos en la actualización de la ENSIN es que en el país se siguen tomando decisiones con respecto a la salud pública y la nutrición, pero con base en información desactualizada.
“Tener encuestas de nutrición es entender que en Colombia hay problemas alimentarios que necesitan ser evaluados. Al saber lo que está pasando podemos tomar acciones, sobre todo el gobierno, pero también la sociedad civil. Es una herramienta de política pública, porque si el país sabe cuáles son los problemas alimentarios y nutricionales, puede crear programas, planes, proyectos concretos que van hacia las poblaciones que las necesitan, podemos realmente decir cuáles son los grupos poblacionales que tienen mayor riesgo y a los que los programas se deben enfocar”, explica la investigadora Poveda.
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“Uno hace las políticas a futuro, pero teniendo una realidad de hace diez años está un poquito desfasado y más con las cosas estructurales que han pasado y han afectado tanto la economía, la inflación y el costo de vida. Si esas políticas están basadas en datos que no reflejan la realidad actual del país, eso tiene sus consecuencias”, advierte Poveda.
Desde que se publica la ENSIN, Colombia ha avanzado en la creación de leyes como la del etiquetado frontal de advertencia o la de los impuestos a las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados, que también se hubieran podido beneficiar de un diagnóstico actualizado. En la ENSIN de 2015 se encontró, por ejemplo, un aumento en el consumo de alimentos industrializados y de comidas fuera de casa, pero no sabemos cómo es el panorama hoy, nueve años después.
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Randy Villalba es economista con maestría en economía política e investigador en DeJusticia, con énfasis en políticas de alimentación saludable. Según explica, “si hubiéramos tenido la ENSIN actualizada, la desinformación en la comunicación y difusión de los impuestos saludables no hubiera sido tan grave, porque hubiéramos tenido la capacidad de mostrarle a la gente cómo han cambiado los hábitos alimentarios, o mirar lo que está pasando con los niños y las tasas de obesidad o diabetes. Pero como son cifras de 2015 perdemos credibilidad si nos ponemos ahora, después de todos estos años, a hablar de los mismos datos”.
Otro llamado es el que se dirige hacia la academia y el Estado para aprovechar la información que sí existe hasta el momento y propiciar discusiones con análisis que expriman los datos de las encuestas y propongan perspectivas que ayuden a comprender los problemas de la malnutrición desde diferentes frentes, más allá de lo que ha presentado la ENSIN en sus tres versiones anteriores.
Natalia Poveda, que conoce bien la encuesta desde adentro, manifiesta que “la ENSIN es una encuesta muy completa, pero ahí la pelota va también para la academia y es que no la estamos utilizando a profundidad, es decir, hay un esfuerzo enorme, de millones de pesos, y la mayoría de publicaciones citan el libro y algunos estudios y ya. Debemos crear la capacidad técnica y formar gente en el país para analizar nuestros propios datos, ojalá no sólo desde la academia, sino desde las instituciones, que tengan grupos de epidemiología más fuertes”.
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De los nutrientes a los ultraprocesados
Gustavo Cediel es doctor en Nutrición, docente e investigador del Grupo de Investigación Saberes Alimentarios de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Él y sus colegas del grupo se han interesado en identificar el consumo de alimentos naturales versus el de los productos ultraprocesados para entender cómo se combinan y así llegar a análisis más completos que nos permitan comprender lo que comemos.
En enero de este año, el grupo del que hace parte el profesor Cediel publicó un estudio que, a partir de datos de la ENSIN, identificó la tendencia de los patrones alimentarios del país.
“Lo que se observa es que ha habido un aumento en el consumo de los productos procesados y ultraprocesados, pero a la vez, y esto es muy grave, hemos disminuido el consumo de alimentos naturales, de las preparaciones culinarias en general, y esto se relaciona con una dieta con mayor contenido de componentes que conduce a las enfermedades crónicas”, explica Cediel.
Aunque entre las limitaciones del estudio se encuentra que los datos más recientes son de hace casi diez años, su publicación se justifica en la realización de un análisis que no está incluido en la ENSIN que pone el foco en los tipos de alimentos que se consumen, y no tanto en los nutrientes que de allí se obtienen o no.
De acuerdo con el profesor, “hablar de alimentos y productos comestibles y bebibles ultraprocesados es absolutamente necesario porque en esa clave de lenguaje se están generando las políticas, no en nutrientes necesariamente. La ENSIN no lo hace en ese sentido y eso se debe a una desactualización en las formas de los análisis. No estoy diciendo que sea culpa de las personas que hicieron la encuesta, sino que la evolución en la ciencia nutricional ha hecho que nos demos cuenta de que ahora es importante hablar no sólo de nutrientes, sino también de patrones alimentarios”.
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Pañitos de agua tibia
Ante la falta de datos para comprender la situación nutricional de los colombianos y las colombianas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aplicaron y publicaron, en 2022, una Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con ese indicador, el 28,1 % de los hogares encuestados se encuentran en condición moderada o grave de inseguridad alimentaria; es decir, 28 de cada 100 hogares tuvieron que disminuir la cantidad y calidad de los alimentos consumidos, al menos una vez durante los últimos 12 meses, debido a falta de dinero y otros recursos.
Esa medición, sin embargo, genera suspicacia entre quienes estudian la nutrición en el país, no por la calidad de los datos, sino por el mensaje que se envía con esa información, que sólo calcula la inseguridad alimentaria, pero no la situación nutricional de manera compleja y completa.
Randy Villalba, el investigador de DeJusticia, genera una alerta, primero, sobre la intención de esa encuesta: “Es una estrategia para salir rápido con esas cifras de inseguridad alimentaria porque las estaban pidiendo de afuera. Colombia está adscrita a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para el objetivo 2, que es el de hambre cero, necesitamos hacer seguimiento a los avances en la reducción del hambre. Se hicieron esfuerzos para cumplir con este indicador y con esas exigencias internacionales, pero a nivel nacional, para enfocar las políticas de alimentación estamos todavía pobres”.
La inseguridad alimentaria es sólo uno de los capítulos de la ENSIN, sin embargo, la lectura que hace Villalba es que después de haber cumplido con este requerimiento internacional, no hay ni habrá mucha voluntad para realizar la cuarta versión de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional.
“El panorama no es alentador, la voluntad parece culminar con esta FIES. En términos prácticos no hay mucho interés. A nivel internacional no se requiere el nivel de detalle de la ENSIN y a nivel local no se ha alzado la voz o se ha pasado por alto. Son pañitos de agua tibia, porque son cifras de seguridad alimentaria, pero no vamos al detalle de qué es lo que está pasando. ¿Por qué está sucediendo esa inseguridad alimentaria?”, se pregunta Villalba.
En el instrumento desarrollado por el DANE y la FAO se tiene en cuenta la inseguridad alimentaria moderada y grave para arrojar el dato del 28,1 %, pero en la ENSIN de 2015, que además de esos dos tipos mide también la inseguridad alimentaria leve, la cifra es del 54,2 %, lo que quiere decir que más de la mitad de los hogares del país estarían en riesgo alimentario.
Pero incluso si se toma solamente la información sobre inseguridad alimentaria moderada y severa que arrojó la ENSIN de 2015, tenemos que en ese año el dato era del 22 % de los hogares colombianos bajo ese indicador. Eso quiere decir, si se hace una comparación entre ambos instrumentos, que la inseguridad alimentaria habría aumentado en seis puntos, lo que evidencia la urgencia de una ENSIN actualizada para hacer una trazabilidad más precisa.
La FAO es “la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre”, según su página web. De ella hacen parte 194 países y la Unión Europea. El profesor Gustavo Cediel también tiene una mirada crítica sobre el indicador que publicó el DANE junto a esa organización internacional, porque cree que ofrece miradas simplistas para problemáticas muy complejas.
“Cuando llegan estas recomendaciones foráneas que vienen con soluciones simplistas, masivas, que van a todos los países, nos invisibiliza a nosotros mismos y a lo que refleja preguntarle a cada colombiano qué es lo que come y qué está pasando. Invisibilizan esa diversidad alimentaria que es lo que nos ha dado salud y vida, y lo que estamos haciendo es resolviendo un problema con otro, que es la homogeneización de la alimentación”, advierte Cediel.
La ENSIN tiene entre sus categorías de interés la lactancia y alimentación complementaria, los conocimientos y prácticas alimentarias, la actividad física, el agua potable, la seguridad alimentaria en el hogar, las vitaminas y minerales de interés en salud pública, la situación nutricional, los patrones y horarios de alimentación, la oferta social y las recomendaciones de actores. La Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria, por su parte, se compone de ocho preguntas que indagan solamente sobre las dificultades para acceder a alimentos por falta de dinero u otros recursos.
De acuerdo con el profesor de la Universidad de Antioquia, “por supuesto que es importante hablar de cantidad, de número de comidas al día, pero cuando se pregunta eso puede ser tres veces al día y ser ultraprocesados, no alimentación real. Cuando se invisibiliza eso, estamos llevando a promover los determinantes comerciales, los ultraprocesados y las enfermedades crónicas que se pueden derivar de su consumo, que son las que más nos están matando ahora”.
Los determinantes comerciales de la salud hacen referencia a una teoría que, desde la salud pública, estudia las consecuencias de las prácticas comerciales y políticas de la industria, como la publicidad, que tienen impacto sobre el estado nutricional de la población.
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Otro riesgo que se corre, según este investigador, está relacionado con la soberanía que se pone en juego cuando se renuncia a la construcción de datos propios, para ceder a las mediciones de organizaciones internacionales como la FAO.
“Parte de la importancia de la ENSIN es que son datos públicos con dineros sin conflictos de interés. Esto habla de la soberanía del país, o sea, nosotros mismos nos estudiamos y establecemos cuáles son las problemáticas que tenemos, y a partir de esos datos decidimos cómo debemos actuar. Creo que debemos seguir planteando soluciones que respeten nuestra biocultura alimentaria, que nos ha llevado a donde estamos y que es mucho más saludable que las intervenciones foráneas para dar energía a través de cualquier vehículo”, propone el profesor Cediel.
Lo que hace falta
Hace casi diez años que no se publica la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, y aunque desde la academia hay un reclamo generalizado por una actualización de ese instrumento, lo cierto es que ni las políticas públicas ni la toma de decisiones alrededor de la nutrición se han detenido. Para Diego Alejandro Gaitán, doctor en nutrición y alimentos, eso está bien y no deberían detenerse, porque los problemas nutricionales tampoco paran, aunque no exista un diagnóstico para entenderlos a profundidad.
“Creo que hay un discurso generalizado de que no podemos actuar si no hay ENSIN. La no existencia de la encuesta se puede convertir en un elemento obstaculizador para el desarrollo de políticas públicas que vayan en favor del derecho humano a la alimentación, la salud y los demás derechos. Los 250 niños muertos en La Guajira obligan a actuar, a tomar medidas públicas. La obesidad infantil está aumentando, hay que actuar. Yo creo que es muy importante la ENSIN, pero si no existe no quiere decir que deba haber una inmovilización hacia las políticas públicas”, señala el profesor Gaitán.
Y aunque la ENSIN ha sido un gran referente para la toma de decisiones en materia de nutrición, y ha inspirado ejercicios similares en otros lugares del mundo, todavía hay trabajo por hacer para que sea una encuesta cada vez más incluyente, diferencial e intercultural. En febrero de 2022, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) envió una carta al entonces presidente Ivan Duque en la que se insistía en la creación de un módulo indígena dentro de la ENSIN, un acuerdo del Plan Nacional de Desarrollo que hasta entonces no se había cumplido.
“No es la ENSIN por la ENSIN, sino una encuesta que efectivamente tenga un enfoque teórico y metodológico que sea cercano a las necesidades de la población. Esta es una encuesta centrada en el factor de riesgo y en el determinante social, pero no en un enfoque diferencial ni intercultural. Ese es el nuevo paso que hay que dar. Hay que abogar por estar renovando marcos teóricos para realizar una ENSIN actualizada, que mire distintas posturas de lo alimentario y lo nutricional”, propone Gaitán.
La ENSIN sigue siendo una deuda pendiente con el país. El Ministerio de Salud y Protección Social envió a Vorágine un cronograma según el cual la fase de operativo de campo, que incluye la recolección y acopio de la información, empezará en 2024 y se extenderá hasta 2025, año en el que se supone que se iniciará la fase de procesamiento, análisis y difusión de la cuarta versión de la encuesta.
El problema es que este no es el primer cronograma que se propone, y ya otros se han incumplido antes. De ahí que el llamado generalizado de quienes tienen que ver con el tema sea actualizar lo más pronto posible la Encuesta Nacional de Situación Nutricional para tener, nuevamente, una radiografía que refleje la complejidad de los problemas nutricionales de Colombia; una luz para ver con claridad los caminos que debe recorrer el país para garantizar el derecho humano a la alimentación de sus habitantes.
* Esta investigación fue financiada, en parte, por Vital Strategies. El contenido es editorialmente independiente y su propósito es arrojar una luz tanto sobre las prácticas ilegales o poco éticas de la industria de alimentos y bebidas, como sobre las poblaciones más vulnerables que, de manera desproporcionada, cargan con la peor parte de la crisis de salud global causada por el consumo de alimentos y bebidas no saludables. A menos de que se indique lo contrario, todas las declaraciones publicadas en esta historia, incluidas aquellas sobre legislación específica, reflejan las opiniones de las organizaciones particulares, y no las de Vital Strategies.
