La Fiscalía General de la Nación informó que logró la condena de la exrectora de un colegio ubicado en Charalá, departamento de Santander, identificada como Lucila Inés Gutiérrez de Moreno; y un particular, José William Parra Arroyave, quienes facilitaron los abusos sexuales del frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Durante el juicio, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acreditó que la señora Gutiérrez de Moreno, entre 2001 y 2003, permitió que algunas de sus estudiantes fueran abusadas sexualmente y de manera sistemática por los cabecillas de la estructura criminal.
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Exrectora fue condenada por permitir el abuso sexual por paramilitares
“La mujer presentaba y ofrecía a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y otras celebraciones. También prestó la oficina de la rectoría de la institución educativa para que se ejecutaran las agresiones. En el curso del proceso fueron identificadas, por lo menos, dos víctimas que permanecieron encerradas y soportaron durante prologados periodos los vejámenes de jefes paramilitares conocidos como ‘Víctor’, ‘Carlos’, ‘Nariz’, ‘Chirrete’, ‘Silvestre’ y ‘Shuster’”, reveló el ente acusador.
Lucila Inés Gutiérrez de Moreno fue condenada por un juez penal especializado de Bucaramanga a 20 años y 9 meses de prisión por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado.
Por otro lado, la Fiscalía estableció que Parra Arroyabe, fue auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, auspició el reclutamiento forzoso de menores de edad.
“Las evidencias dan cuenta de que engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal. Uno de los jóvenes fue abusado sexualmente y en múltiples oportunidades por los cabecillas paramilitares. En ese sentido, fue condenado a 24 años y 2 meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado”, reveló la Fiscalía.
La Fiscalía aclaró que actividad investigativa en este caso se siguió en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000, que corresponde al anterior Sistema penal.
