El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, estudia una demanda que reclama los millonarios gastos de la primera dama y su séquito de funcionarios.
Mientras se toma una decisión, la Procuraduría instó a los jueces suspender las “comisiones” y “viáticos”, pues “no es servidora pública, por lo tanto, no podría ser destinataria”.
El Ministerio Público precisó además que Alcocer tiene inhabilidad por ser la esposa del jefe de Estado. “Declarar la nulidad del Decreto 0035 del 12 de enero de 2023, por medio del cual el señor presidente comisionó a la señora Verónica Alcocer como Embajadora en Misión Especial entre el 13 y 14 de enero de 2023 a la ciudad de Roma, Italia”.
Y agregan que este viaje donde la primera dama y el canciller Álvaro Leyva se encontraron con el Papa Francisco, fue “expedido con infracción de las normas en que debería fundarse, y en consecuencia, reunir los presupuestos de los artículos 137 y 275 del CPAC, de conformidad con los argumentos expuestos anteriormente”.
Te puede interesar: Presidencia justificó el multimillonario gasto y séquito de Verónica Alcocer: “fortalecen la imagen del país”
Finalizando la exhortación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que “en este caso, se ACCEDA a las pretensiones de nulidad de la demanda”.
Los millonarios gastos de la primera dama y su comitiva
El pasado 9 de enero, una investigación periodística de La Silla Vacía, reveló los multimillonarios gastos de la primera dama Verónica Alcocer y su séquito conformado por cuatro personas que están contratados por tres entidades públicas para acompañarla en festividades, viajes internacionales o en territorio.
Entre 2022 y 2023, Fady Flórez, maquillador y vestuarista, devengaba un salario de 10 millones de pesos; Carolina Plata, mejor amiga de Alcocer y encargada de logística, $20,2 millones; María Antonia Pardo, también amiga y asesora, $28 millones; y Mauricio Vélez, fotógrafo, $20 millones.
La particularidad es que tres de ellos cobran viáticos para los viajes que van entre los $20 y $60 millones de pesos, ejerciendo funciones que, en su mayoría, no corresponde a las funciones que firmaron en sus contratos.
Fue ante esta controversia, que dos días después Presidencia se pronunció por medio de un comunicado para dar explicaciones.
Respecto a los gastos que le han costado al Estado más de mil millones de pesos, lo justifican a las funciones que ella tiene en materia de asistencia social y en labores de beneficencia pública, respaldada por jurisprudencia de las altas cortes.
Te puede gustar: En muestras de laboratorio, mujer ocultaba ranas venenosas que pretendía sacar desde el Aeropuerto El Dorado
“La señora Verónica Alcocer, como cónyuge del Presidente de la República, cumple una función social que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y en conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública, tiene atribuciones que le permiten el ordenamiento jurídico, y que la faculta para desempeñar tareas protocolarias y liderar iniciativas”.
Con el objetivo de contribuir a “a fortalecer la imagen del país y a promover el desarrollo social”, argumentan que “el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), en el marco de sus funciones, contrata todo un equipo de comunicaciones que apoya la gestión y divulga las actividades de la Presidencia”.
