En la mañana de este martes 23 de enero, se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió indagación en contra del recién posesionado alcalde de la capital del departamento de Boyacá, Tunja, el profesor ruso Mikhail Krasnov.
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Al parecer, el ciudadano extranjero que fue elegido como alcalde de esa ciudad, durante las pasadas elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, con más de 27.000 votos y el apoyo de más del 31% de los votantes; habría firmado un contrato que lo inhabilitaría para asumir el cargo de alcalde.
La decisión de la Procuraduría surge luego de conocerse una denuncia ciudadana en la que se afirma que el ciudadano colombo-ruso, habría firmado un contrato para dar clases en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) el pasado 6 de diciembre de 2022.
El contrato en cuestión, pactado por un valor cercano a los $8′129.000, fue firmado por Krasnov con la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión de la UTPC, es decir, una entidad pública, factor que podría significar una violación a las normativas electorales.
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¿Por qué Mikhail Krasnov podría estar inhabilitado para ejercer como alcalde de Tunja?
La celebración de este supuesto contrato podría convertirse en un problema para Krasnov, pues, según la Ley 617 de 2000, que establece las inhabilidades por las que un ciudadano podría verse obligado a desistir de aspirar a una alcaldía, no podrá ser elegida ninguna persona que, “dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel”.
Además de esto, el Ministerio Público también se encuentra indagando la validez de los trámites realizados por el profesor ruso, para obtener la ciudadanía colombiana.
“Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría están la copia del citado contrato y los estudios previos para su realización, la certificación del periodo de ejecución, acta de liquidación, certificado presupuestal del origen de los recursos, certificación expedida por el supervisor y órdenes de pago entre otras”, explicó el Ministerio Público.
Por otro lado, la Procuraduría exigió al Ministerio de Relaciones Exteriores una copia del acta de naturalización del alcalde ruso como colombiano y que se certifique, además, si este ha renunciado a su ciudadanía de origen.
“La Procuraduría trabaja, desde su misionalidad disciplinaria, para garantizar que los funcionarios públicos, incluso los de elección popular, cumplan a cabalidad con sus deberes frente a la ciudadanía”, explicó el ente de control, frente a la decisión que pone en la cuerda floja el destino del alcalde ruso de Tunja, que tanto furor ha generado en los últimos meses.
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