De acuerdo al último reporte que entregó la Defensoría del Pueblo, el ente alertó sobre el incremento de casos de extorsión en Colombia en los últimos cuatro años. Siguiendo con las cifras de Siedco, portal de estadística delictiva de la Policía Nacional, en el 2020 se presentaron cerca de 8188 casos de extorsión en el territorio nacional, sin embargo, para el 2021 las cifras aumentaron llegando a 8342, para el 2022 se reportaron 9791 denuncias sobre este delito y en el 2023 la tendencia al alza se mantuvo registrando 9871 casos.
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Por consiguiente, al comparar las cifras del 2020 con el 2023, la Defensoría destacó que el aumento de extorsiones fue de 20,5%. Frente a este caso, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, mencionó por medio de un comunicado que: “Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales, organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”.
Teniendo en cuenta el informe de la Defensoría del Pueblo, la situación que afronta el país a causa de este delito amenaza la seguridad ciudadana, por ende, la institución solicitó que se fortalezcan las medidas gubernamentales que favorezcan a contrarrestar el escenario delictivo y en especial a que se desarrollen alternativas para frenar la extorsión.
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Entre los detalles que dio la institución se conoció, este delito tiene una agravante y es que en muchas ocasiones este tipo de delitos son liderados por personas que se encuentran recluidas en cárceles, esto ha llevado a que varios directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec reciban amenazas por parte de los reos. Algunos de estos casos se han evidenciado en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarias de Palogordo y Modelo, en Santander y en otras zonas del país.
Frente a ello, el defensor Camargo manifestó la necesidad de que se adecuen nuevas y mejores tecnologías en los centros penitenciarios para que se pueda inhibir las señales telefónicas con las que operan los delincuentes desde las cárceles: “Si bien valoramos la ‘Operación Dominó’, liderada por el Inpec, se requiere un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional para que haya una modernización del sistema penitenciario en tecnología de punta 4G o 5G, sobre todo porque, además de que hay pocos inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles, los que existen tienen tecnología obsoleta 2.5G”.
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De acuerdo a la Defensoría de los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), solo 16 cuentan con estos inhibidores de señal y solo seis funcionan y con tecnología 2.5G, por lo que la necesidad de que se incorporen nuevos sistemas es cada día más evidente.
“Combatir ese delito requiere una actuación conjunta y coordinada desde las diferentes instituciones del Estado, es por ello que solicitamos una mayor articulación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de que implementen con urgencia planes efectivos, idóneos y eficaces para contrarrestar los casos de extorsión y amenazas que se han presentado en las cárceles colombianas”, dijo Camargo.
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Sin embargo, el llamado de la Defensoría también se trasladó a las oficinas del Inpec para sugerir que se lleven a cabo convenios entre el instituto penitenciario y operadores telefónicos, con el fin de que se trabaje de manera conjunta en la detección de dispositivos móviles al interior de las cárceles y se mantenga un identificador de llamadas para conocer cuando estas salgan desde las celdas.
Por último, la entidad garante de los derechos compartió algunas de las estadísticas sobre los lugares donde se presentan mayores casos de extorsión en Colombia:
- Cundinamarca (1827 casos).
- Antioquia (1725 casos).
- Atlántico (1227 casos).
- Valle del Cauca (1010 casos).
- Norte de Santander (525 casos).
