Catalina María Giraldo Aristizabal, Yirlesa Palacios Andrade, Karen Yulisa Garces Mena, María Fernanda Moreno, Hessy Daniela Bejarano Andrade (menor de edad), John Jairo Murillo Castañeda, Claudia Patricia Mosquera Palacios, Rocío de Jesús Mazo, Pedro Leonel Palacios Cossio, Javier Yurgaky Ibargüen, Adriana Marcela Torres Gómez, Jeylen Daniel Mosquera, Liseth Verónica Córdoba Palacios, Dianney Mayumi Castañeda, Diana Patricia Murillo Orobio, Rúben José Pérez Saya y Javier Andrés Mena Becerra; son los nombres de algunas de las 38 víctimas fatales hasta este lunes 15 de enero, según cifras oficiales.
Un video tomado por un testigo ese viernes 12 de enero sobre las cinco de la tarde, documentó la magnitud del desastre natural que ocurrió sobre las 5 de la tarde en el kilómetro 42 del sector de Las Toldas, jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato, Chocó.
En el lugar se encuentran al menos 239 personas entre 130 militares; Defensa Civil; Policía de Búsqueda y Rescate; Fiscalía; salvamento Minero; Bomberos y guardia indígena Embera Katío que apoya las labores de búsqueda.
Desde el Departamento para la Prosperidad Social informaron que comenzaron a enviar ayudas de emergencia como 10 toneladas de alimentos y elementos para las familias damnificadas.
Por su parte, el director general (e) del ICBF, Milton Forero, resaltó que el equipo de atención ha brindado los primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis a los familiares de las víctimas, apoyo emocional, orientación psicojurídica en coordinación con la Fiscalía, identificación de redes de apoyo y coordinación y articulación con las autoridades locales y nacionales.
Te puede interesar: “Se nos vino toda la tierra y nos arrolló”: impresionante relato de una sobreviviente de la tragedia en la vía Quibdó, Chocó
Como parte del seguimiento para atender el desastre natural, este lunes 15 de enero, llegó la vicepresidenta Francia Márquez, quien en compañía de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, desarrollan y coordinan acciones adicionales, en articulación con las demás entidades del Gobierno Nacional.
Una tragedia que se pudo evitar
Según la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, el deslizamiento de tierra que arrasó con todo a su paso hasta desembocar en el Río Atrato, si podía preverse, ya que días anteriores este fenómeno se había presentado y era “una alerta urgente para que las autoridades nacionales y departamentales tomaran decisiones inmediatas de prevención y atención”.
“Estamos acostumbrados, hace más de 40 años, a convivir con estos hechos. Poco invertimos en prevención, en obras, acciones y estrategias que permitan que el territorio colombiano se adapte a fenómenos como deslizamientos, inundaciones, terremotos etc”, dijo el director de la ACGGP, Flover Rodríguez.
Por ello, desde la Asociación enviaron un mensaje al Gobierno Nacional sobre la necesidad de tener en cuenta los conceptos geológicos al momento de planear proyectos de desarrollo e infraestructura, considerando “con prontitud” los riesgos geológicos existentes para la actualización de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial.
Asimismo, plantearon la creación del programa ‘Un geólogo por municipio’, con el objetivo de fortalecer los planes de planeación y prevención que según ellos costaría $75 mil millones al año con una cobertura del 100 %, reduciendo los gastos de Invías. Entidad que en el último año invirtió $100 mil millones en la pavimentación de 8 km en la zona del deslizamiento.
Por su parte, Tatiana Oñate, procuradora delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, aseguró también que en 2022 esta zona se había declarado como de alta vulnerabilidad -por algo su nombre ‘Trocha de la muerte’- destinándose recursos de 1.2 billones desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD, que según Oñate solo se ha construido un puente militar sobre el río Iró.
“Ya se había identificado que esa zona correspondía a un evento de alta probabilidad con grandes vulnerabilidades. Se tenía conocimiento sobre esa situación de afectación en la vía, entonces había recursos, porque en 2022 la UNGRD habló de 1.2 billones que se iban destinar a atender cada una de las estrategias de la declaratoria”, dijo Oñate en entrevista para W Radio.
