El primer proyecto de ley que radicó el gobierno de Gustavo Petro fue la reforma tributaria. El 8 de agosto de 2022, solo un día después de la posesión presidencial, el ministro de Hacienda de ese momento, José Antonio Ocampo, presentó el articulado al Congreso. El proyecto incluía la creación de un impuesto para las gaseosas, algo que no era nuevo y que durante años fue tumbado por la influencia de la industria en el Legislativo. Esta vez, quienes se enriquecen con la venta de bebidas azucaradas también se movieron con fuerza, pero la ciudadanía desconoce hechos claves de ese lobby y sus protagonistas. Por eso, VORÁGINE transparenta la acción de un poderoso lobista del grupo Ardila Lülle, sus reuniones con funcionarios del gobierno Petro y sus insistentes visitas al Congreso para debilitar el impuesto, justo cuando se debatía la reforma tributaria.
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Iván Guillermo Lizcano Ortíz, director jurídico de la Organización Ardila Lülle, se empezó a mover rápido tras la presentación de la reforma tributaria. Una primera cita de alto nivel la tuvo en una casa del centro histórico de Cartagena, ubicada en la Calle de la Inquisición, el 11 de agosto de 2022. La representante a la Cámara por el Partido Verde Katherine Miranda le aseguró a este medio que a la reunión asistieron ella, Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, Lizcano y otra persona perteneciente a RCN Televisión.
Los asistentes estaban en esa ciudad portuaria porque por esas fechas se adelantaba allí el séptimo congreso de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). El tema del encuentro, como nos contó Miranda, fueron los llamados impuestos saludables (a las bebidas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados). “Luis Carlos Reyes me dijo que lo acompañara a una reunión donde estaban Lizcano y el dueño de RCN Televisión, de apellido Ardila. [Lizcano y el directivo de RCN] nos dijeron que entendían la necesidad del proyecto y el artículo del impuesto a las bebidas azucaradas, pero que tuviéramos en cuenta a la industria, que escucháramos a los gremios. Nos mandaron a hablar también con Fenalco por la preocupación que tenían sobre el impacto en la economía de las tiendas”, aseguró Miranda.
La representante también relató que los dos empresarios manifestaron que entendían que el presidente Gustavo Petro había ganado las elecciones y que él pretendía sacar adelante sus promesas de campaña -entre ellas el impuesto a las bebidas azucaradas- pero que querían que el tributo a esos productos fuera progresivo. La reunión, cuenta, se dio en los mejores términos y con ánimo de escucha.
“Él [Lizcano] siempre nos mostraba cifras y nos decía que la obesidad no se relacionaba con el consumo de bebidas azucaradas, un poco recogiendo lo que decían en ese momento la industria y los gremios. La conversación, donde yo realmente estaba de invitada por el director de la DIAN, y debo ser clara en eso, se dio en los mejores términos. Fue muy tranquila y respetuosa”, explicó la congresista al indicar que sus gestiones estuvieron enmarcadas en impulsar los impuestos saludables y mediar, como ponente, ante gremios que cuestionaban esa tributación, como Fenalco.
Lizcano omitía la información que diferentes autoridades han consolidado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en agosto de este año el informe “Las Enfermedades No Transmisibles y Los Derechos Humanos en Las Américas”, en el que asegura que “existe sólida evidencia que vincula las enfermedades no transmisibles -en particular a la diabetes-, el sobrepeso y la obesidad con el elevado consumo de productos de bajo valor nutricional y alto contenido en azúcar, grasa y sodio, la ingesta habitual de bebidas azucaradas y la actividad física insuficiente”.
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Según una publicación sobre los posibles impactos de la adopción de ese impuesto, elaborada por el Ministerio de Salud en 2016, “en 2015, alrededor de 3.200 personas murieron de diabetes, enfermedad cardiovascular y algún tipo de cáncer atribuible al consumo de bebidas azucaradas. El 6,8% del total de muertes en Colombia está relacionada con enfermedades cerebro-vasculares y de esa cifra el 5,0% es atribuible al consumo de bebidas azucaradas”. De acuerdo con ese documento, un impuesto que eleve el precio de estos productos en un 20% lograría una reducción anual de su consumo también del 20% y eso significaría un ahorro de 220.000 millones de pesos de los recursos que el sistema de salud dirige para tratar casos de diabetes atribuibles al consumo en exceso de bebidas azucaradas y productos comestibles ultraprocesados.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que entre 1980 y 2014 el número de adultos con diabetes prácticamente se cuadruplicó, al pasar de 108 a 422 millones en el mundo. Y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también ha llamado a los Estados a gravar esos productos porque “es una medida costo-eficaz que puede ayudar a reducir la obesidad, la diabetes tipo 2 y la caries dental”. Según la OPS, “América Latina y el Caribe tienen las tasas más altas por mortalidad absoluta relacionada al consumo de bebidas azucaradas en el mundo, con alrededor de 159 muertes por millón de adultos, en comparación a la media global de 46 por millón, y un 80% de esas muertes están asociadas a la diabetes”.
Luis Carlos Reyes contestó un derecho de petición sobre la reunión en Cartagena. El director de la DIAN negó haber participado en el encuentro en el que habrían estado Lizcano, el directivo de RCN Televisión y Katherine Miranda. También dijo que no conoce al lobista de Postobón, aunque confirmó que se reunió con gremios, sociedad civil y actores interesados, entre otros, en Bogotá, Cartagena y Medellín. “No tengo en mi agenda registro ni recuerdo haber tenido reuniones específicas con el señor Iván Guillermo Lizcano Ortiz, ni con un alto ejecutivo de RCN”, dijo. A pesar de las versiones encontradas, las movidas de Lizcano terminaron siendo provechosas para la industria.
El lobby de Lizcano en el Congreso
Un escenario clave para el lobby de Lizcano es el Congreso. Así lo demuestra un registro de visitas que le envió a VORÁGINE la Dirección General Administrativa del Senado: entre marzo de 2016 y mayo de 2023, el abogado asistió 122 veces al Legislativo. El inicio de esas visitas coincidió con el momento en que se presentaron los primeros proyectos de la que finalmente se conoció como Ley de comida chatarra, que fue aprobada en 2021 y que, entre otras cosas, obligó a la industria a ponerles unos sellos de advertencia a los productos ultraprocesados que tengan exceso de grasas saturadas, sodio y azúcares añadidos. Esos registros también dan cuenta de la intensa actividad del lobista en medio de la discusión de la reforma tributaria del gobierno Petro. Lizcano había dejado de acudir al Congreso desde diciembre de 2019, pero sus visitas se reanudaron el 23 de agosto de 2022, después de la radicación del proyecto de ley.
Sus intervenciones suelen estar lejos de los reflectores de la prensa. El 31 de agosto pasado, por ejemplo, se adelantó una audiencia en el marco de las Comisiones Terceras Conjuntas (que tenían en sus manos la reforma tributaria), en la cual hablaron diferentes representantes de gremios como Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de Fenalco, y directivos de otras organizaciones gremiales como Fedepalma, Asobares y Acoplásticos. Aunque Lizcano no intervino, sí ingresó dos veces ese día al Congreso.
Las visitas de Lizcano eran autorizadas por actores claves para la discusión. El representante por el Partido Conservador Wadith Manzur, que era uno de los ponentes de la reforma, autorizó un ingreso de Lizcano el 13 de septiembre. El congresista había hecho críticas en medios en contra del impuesto a las gaseosas, calificándolo de “antitécnico” y “absurdo”. Manzur reconoció su cercanía con el lobista: “Me toca ver quién de mi Unidad de Trabajo Legislativo agendó la visita porque ni en mi agenda, ni el chat donde paso todas las agendas lo tengo registrado. Eso no quiere decir que yo no me haya visto con Iván Lizcano, me he visto con él no una, sino 10 o 12 veces: una en términos personales, otra en términos políticos, otra en temas sociales”, dijo en entrevista con VORÁGINE.
Otro ponente que autorizó una visita del lobista, el 20 de septiembre, fue el senador del Partido de la U Juan Carlos Garcés Rojas, quien luego adquirió gran importancia en la discusión de los impuestos saludables. “Él se acercó como otros sectores lo hicieron, y naturalmente nos compartió por qué no estaban de acuerdo con la medida”, respondió Garcés a este medio.
Congresistas de la bancada de Gobierno también fueron testigos de las gestiones de Lizcano en el Congreso. Clara López, del Pacto Histórico y ponente de la reforma, contó: “Yo tuve conversaciones con él, asistió a las audiencias públicas, pero no sentí ninguna presión indebida”. La senadora aclaró que hubo empleados de otras empresas de bebidas azucaradas, como Coca Cola y Big Cola, que también hicieron cabildeo en el Congreso para expresarles sus preocupaciones a los legisladores.
De las 17 visitas que hizo Lizcano al Congreso en 2022, 16 las hizo en fechas en las que estaba en trámite la reforma tributaria. Su influencia, y la de los otros lobistas, iba a dar frutos.
Los triunfos del lobby
El 27 de septiembre, siete días después de la reunión con Garcés, fue un día clave para el futuro de los impuestos saludables. Como lo reveló La Silla Vacía, hubo una reunión en el Ministerio de Hacienda en la que participaron varios ponentes de la reforma y algunos congresistas fueron insistentes en pedir que se modificara el gramaje de azúcar desde el cual empezaría a aplicar el impuesto. Efraín Cepeda, del Partido Conservador, y Álvaro Henry Monedero, del Partido Liberal, fueron los más persistentes en esa labor. Ese mismo día, Lizcano fue al Congreso por invitación de Katherine Miranda y de la presidencia de la Cámara de Representantes.
Los puntos sobre los que la industria orientó sus esfuerzos fueron retrasar la aplicación de los impuestos saludables y debilitarlos, excluyendo algunas bebidas azucaradas. En ambos aspectos tuvieron éxito con la anuencia de algunos congresistas.
Tan solo un día después de la reunión en el Ministerio de Hacienda, Cepeda, Monedero y Garcés presentaron una proposición que cambió las reglas del impuesto a las bebidas azucaradas. En la propuesta original del Gobierno debían tributar los productos que tuvieran 4 o más gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Sin embargo, los tres congresistas lograron que el umbral subiera a los 6 gramos, con lo que quedaron excluidos algunos productos como la Uva, la Colombiana, los jugos Hit y el Mr. Tea.
“No queríamos gravar por gravar, sin ver las afectaciones en el bolsillo de las familias y empresas. Ahí nos dimos cuenta con el ministro que podía haber una afectación significativa para empleos e ingresos de familias. Por eso varios congresistas pedimos ajustar la medida, para que fuera un efecto gradual”, justificó Garcés en sus respuestas para este reportaje.
A la pregunta sobre si Lizcano y el directivo de RCN Televisión lograron que en la reforma tributaria se les aprobara alguna de sus peticiones, Katherine Miranda respondió que sí lograron que fuera progresivo el impuesto (entre 2023 y 2025): “Porque antes era durísimo, lo que se modificó es que fuera progresivo a tres años y que al tercer año quedara fijado el impuesto más duro”.
Al final, el Congreso aprobó un impuesto que empezará a cobrarse en noviembre de 2023 y que se incrementará de forma gradual en 2024 y 2025. Aquellas gaseosas y bebidas azucaradas con menos de 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros (ml) tienen un impuesto cero; las que tienen entre 6 y 10 gramos pagarán un impuesto de $18 en 2023 y de $28 en 2024; y las bebidas con más de 10 gramos tendrán un impuesto de $35 en 2023 y de $55 en 2024. En 2025 se empezará a cobrar a partir de los 5 gramos de azúcar por cada 100 ml. El cobro será de esta manera: $38 para las bebidas entre los 5 gramos y 9 gramos, y $65 para las que superen los 9 gramos.
Según Clara López, una de las personas que abogó por la modificación de los gramajes (que favorecía a la industria) fue Miranda: “Nosotras tuvimos discusiones porque yo insistí muchísimo que no entendía por qué habían cambiado los gramajes del proyecto original, porque yo hice la debida diligencia en el supermercado y pude verificar que quedaban unos en el umbral y otros por fuera, no me pareció que eso fuera correcto”. La representante por Bogotá del Partido Verde dio una versión opuesta: “Lo que siempre se dijo, y que yo estaba asumiendo la posición del Gobierno, era que el impuesto iba porque iba, punto. Eso fue todo lo que se hizo, tratar de buscar un acuerdo, sobre todo por el tema de Fenalco por el impacto que iba a tener”.
Sin embargo, la experiencia de otros países ha probado que no es cierto el argumento de que los establecimientos comerciales, sobre todo las tiendas de barrio, pierden con un impuesto de ese tipo. México es el ejemplo más reciente y más cercano a Colombia en ese sentido. “Erróneamente circulan mensajes de que el impuesto supuestamente va a acabar con las tiendas de barrio y los empleos industriales. Desde la teoría económica, las tiendas de barrio se mueven con oferta y demanda. Si la demanda de un producto disminuye, lo que hacen las tiendas es recomponer la oferta que hacen para no caer en quiebra. Si la gente ya no demanda gaseosas y lo que demanda es agua, pues lo que hacen las tiendas es vender más agua. Hay estudios que lo demuestran”, le dijo hace un tiempo a VORÁGINE la economista y miembro de la Asociación Colombiana de Salud Pública Martha Sandoval. Y suele suceder que las mismas empresas que producen las bebidas azucaradas son las que embotellan y venden el agua.
Lo cierto es que la industria logró lo que buscaban sus lobistas, retrasar la implementación del impuesto y excluir algunos de sus productos de la tributación. “Eso fue una influencia que yo consideré negativa”, enfatizó López.
Las organizaciones de la sociedad civil que habían impulsado la creación de los tributos tampoco quedaron satisfechas. “No quedamos tan contentas con el impuesto por dos razones principales: la primera es que la evidencia científica para Colombia nos dice que debería haber una tasa fija del 20% para todas las bebidas ultraprocesadas y endulzadas (…) Por otra parte, también creemos que se debieron gravar las bebidas con endulzantes no calóricos, edulcorantes”, aseguró Adriana Torres, coordinadora de la línea de justicia económica en DeJusticia.
A esa derrota por el cambio en los gramajes para cobrar el impuesto se suman nuevos intentos para retrasar su entrada en vigencia hasta el 1 de enero de 2026. Una proposición en ese sentido fue radicada hace pocos días en el Congreso, mientras se discutía el proyecto de ley del Presupuesto General para 2024. La propuesta la hicieron los representantes a la Cámara Hugo Archila Suárez, del Partido Liberal; Andrés Forero y Hernán Cadavid, del Centro Democrático; Carolina Arbeláez, de Cambio Radical y cuya campaña recibió una donación de Postobón por $70 millones, e Ingrid Sogamoso, del Partido Conservador.
El senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, calificó la proposición como un ‘mico’.
“Esto me parece absolutamente grave porque se les había dado un año de gabela (a la industria de ultraprocesados) para que entrara en vigencia, y hoy ya están hablando del 2026. Seamos responsables”, afirmó por su parte, durante el debate, la representante Katherine Miranda. La propuesta se cayó, pero podría volver a presentarse en los próximos días.
Las interferencias del pasado
Varios de los ingresos del lobista de los Ardila Lülle coinciden con otras discusiones en el Congreso de proyectos de ley sobre regulación del consumo de azúcar. En 2016, por vía de una reforma tributaria, se intentó por primera vez crear los impuestos saludables. Ese año, Lizcano entró 33 veces y el propósito de gravar las bebidas azucaradas naufragó en medio del lobby. Incluso, el papel del abogado de la Organización Ardila Lülle quedó registrado en varias notas de prensa. “En resumen, ganó el lobby y perdió la salud pública”, trinó el entonces ministro de Salud Alejandro Gaviria.
Otro día significativo para las organizaciones de la sociedad civil que impulsaban los impuestos saludables fue el 12 de junio de 2019, cuando en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes hubo una sesión fallida para debatir el proyecto de ley de etiquetado frontal de advertencia en los comestibles ultraprocesados. Congresistas que se oponían a la medida utilizaron como excusa para levantar la sesión la llegada de Jesús Santrich al recinto, quien había salido de la cárcel La Picota luego de ser señalado, por medio de un cuestionado proceso, de intentar exportar cocaína a Estados Unidos. Durante esa jornada, Lizcano también visitó el Congreso.
Los seis congresistas y excongresistas consultados para esta investigación aclararon que nunca sintieron presiones indebidas de parte de Lizcano y que este no les hizo ofrecimientos por votar de cierta manera un proyecto de ley. “No es una persona agresiva ni genera indisposición, es alguien que conoce técnicamente y a fondo los temas”, nos contó una excongresista que pidió mantener su nombre en reserva por el trabajo que desempeña en la actualidad. Sin embargo, su relacionamiento con congresistas es apenas uno de los escenarios de poder de Lizcano, que también es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2005.
Táctica y estrategia
El poder de Lizcano en la organización Ardila Lülle está registrado en los documentos de varias de las compañías que son propiedad de ese grupo económico. Por ejemplo, Lizcano hace parte de la junta directiva de Radio Cadena Nacional S.A.S, empresa que controla todas las emisoras del emporio. También figura como representante legal suplente del Diario La República, un medio especializado en temas económicos y bolsas de valores.
Lizcano, además, tiene poder en RCN Televisión S.A. En varias ocasiones ha sido integrante de la junta directiva del canal y participa en asambleas extraordinarias, en las que se toman decisiones editoriales. En la reunión de la junta directiva del 2 de octubre de 2020, por ejemplo, estuvo junto a Claudia Gurisatti y Juan Lozano, quienes en ese momento ostentaban los cargos de directora de NTN24 y de Informativos, respectivamente. En el acta de ese encuentro quedó en evidencia que algunos enfoques editoriales se discutían en ese espacio.
El poder de Lizcano en los medios de comunicación de la Organización Ardila Lülle cobra relevancia por los cuestionamientos al cubrimiento de Noticias RCN y de RCN Radio sobre los impuestos a las gaseosas. En 2016, cuando se debatió la reforma tributaria que fracasó en su intento de crear esos tributos, la labor de RCN TV en defensa de los intereses de Postobón fue evidente. Incluso, La Silla Vacía hizo una nota en la que evidenció que en los informes periodísticos sobre el tema no se ponía de presente el posible conflicto de interés del canal por los negocios de sus propietarios y se le dio un gran despliegue a las críticas a esa medida. Los trinos con algunas publicaciones que hizo RCN todavía están en su cuenta de Twitter.
No transparentar los posibles conflictos de interés en temas de bebidas azucaradas es una práctica que continúa en los medios de la Organización Ardila Lülle. Por ejemplo, el 17 de julio de 2023, RCN Radio publicó una elogiosa noticia sobre la donación que hizo Natumalta de unas tapas de botellas para fundaciones. El medio lo destacó con adjetivos como “un gesto conmovedor de solidaridad”, “valiosa donación” y un acto de “generosidad de Natumalta”. Sin embargo, no aclararon que ese producto es elaborado por Central Cervecera, compañía que hace parte del mismo emporio que es dueño de la emisora.
Desde Vorágine intentamos contactar a Iván Lizcano por correo electrónico y a través de Postobón, pero al cierre de esta investigación no había sido posible. El equipo de comunicaciones de la empresa de gaseosas, de cuya junta directiva hace parte el abogado, nos informó que no podían ayudarnos porque “los temas de la Organización Ardila Lülle los manejan directamente allá” y, por ende, no tenían contacto alguno.
Política de bolsillo
A esas formas de acumular poder por parte de la Organización Ardila Lülle se suma su participación en campañas electorales, vía financiación. Postobón invirtió $1.479 millones en las campañas de 24 candidatos a la Cámara de Representantes y el Senado en 2022, de los cuales 14 resultaron elegidos, de acuerdo con los reportes del Consejo Nacional Electoral.
Las campañas de los seis candidatos que más dinero recibieron, $90 millones cada una, fueron las de los congresistas de Cambio Radical Ana María Castañeda, Antonio Zabaraín Guevara, David Luna, Jairo Humberto Cristo, Jorge Enrique Benedetti y Néstor Leonardo Rico. En 2010 el senador David Luna, quien ha hecho férrea oposición al gobierno de Gustavo Petro, catalogó al lobista Lizcano en una intervención en el Congreso como un “gran amigo”.
Esa manera de participar en elecciones por medio de la chequera del grupo ha sido una estrategia de vieja data. Los datos del Consejo Nacional Electoral, sistematizados por la ONG Transparencia por Colombia, muestran que entre 2015 y 2022 Postobón invirtió $1.275 millones en campañas electorales. Álvaro Uribe fue quien recibió la donación más grande, por $100 millones. Otra empresa del mismo grupo que también donó a campañas en el mismo lapso fue la embotelladora Iberplast, que le entregó otros 100 millones a Uribe, 50 a la campaña a la Alcaldía de Bogotá de Clara López y 20 a la de Gabriel Santos para la Cámara.
La cifra de la financiación de las empresas de gaseosas de los Ardila Lülle a los partidos políticos es aún mayor. Los datos visualizados por Transparencia por Colombia evidencian que entre 2015 y 2022 Postobón, Gaseosas Colombianas S.A.S y Gaseosas Lux (todas propiedad del mismo grupo económico) invirtieron $11.204 millones en seis partidos: Cambio Radical (3.958 millones), Partido de la U (2.660 millones), Centro Democrático (2.221 millones), Partido Liberal (1.665 millones), Alianza Verde (400 millones) y Nuevo Liberalismo (300 millones).
El poder local y regional también ha sido endulzado por las donaciones de las empresas del emporio. El Ingenio Providencia ha invertido en las campañas uribistas para la Gobernación del Valle del Cauca: hicieron una donación de $50 millones para Christian Garcés y de $20 millones para Francisco José Lourido, en 2015 y 2019, respectivamente. En su carrera por la Alcaldía de Cali, Maurice Armitage (2016-2019) recibió una donación de $50 millones de la misma empresa. En Magdalena, el diputado de Cambio Radical Gustavo Adolfo Durán recibió un aporte de $20 millones para su campaña a la Asamblea. En ese mismo departamento, el ingenio le aportó $10 millones a David Fernando Farelo, alcalde de El Difícil.
El lobby y la democracia
El lobby en Colombia es legal, por lo que para los congresistas es normal que en algunos debates hagan presencia personas que defienden los intereses de empresas o gremios. Sin embargo, en muchas ocasiones el cabildeo se hace de formas poco transparentes y la ciudadanía rara vez conoce quiénes son los personajes que hacen esas gestiones. “Aquí la verdad uno ha estado hablando con gente que no sabe a quién representa”, contó la senadora Clara López.
En 19 ocasiones se han debatido proyectos de ley en el Congreso para regular el lobby. El primero que presentó un proyecto de ley en ese sentido fue Germán Vargas Lleras, cuando era senador en 1995, como se puede leer en el informe de ponencia para segundo debate del proyecto de ley 120 de 2022 que busca regular el cabildeo en Colombia.
Una de las congresistas que lidera esta iniciativa es Angélica Lozano, del Partido Verde. En la ponencia se lee que el cabildeo es desarrollado por personas naturales y por organizaciones no gubernamentales, fundaciones, gremios, sindicatos y grupos de interés. En Suramérica, solo México (2010) y Chile (2014) han regulado esta práctica. El primer país en hacerlo fue Estados Unidos en 1940, según la ponencia de esa propuesta.
El proyecto de ley plantea la creación de un Registro Público Único de Cabilderos. Ese sistema contaría con datos básicos de cada lobista, y la identificación del cliente o de los clientes, sectores, industrias, personas naturales o jurídicas a quienes representa el cabildero. La Defensoría del Pueblo asumiría, construiría y administraría la infraestructura tecnológica que dé vida a ese registro público.
Dicha entidad, en los primeros cinco días de cada mes, enviaría la información del Registro Público Único de Cabilderos a las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes. De igual forma debería suministrar dicha información al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y este, a su vez, a la Secretaría de Transparencia para que identifiquen a las personas y/o gremios que realicen actividades de cabildeo ante funcionarios de la Rama Ejecutiva, de las entidades territoriales, los órganos autónomos e independientes, órganos de control y organización electoral.
“Soy partidaria de que más que hablar individualmente, me parece más sano que se hable institucionalmente con los representantes de los gremios y en audiencias públicas, no en conversaciones individuales de carácter privado”, aseguró López.
La interferencia del poder económico cuando se van a tomar medidas de salud pública es un asunto que ha llamado la atención de altas instancias internacionales. “La prevención y regulación de la influencia indebida de actores empresariales en la formulación e implementación de políticas y normativas de prevención y abordaje de enfermedades no transmisibles, así como la adecuada identificación y gestión de los conflictos de interés, es fundamental, teniendo en cuenta los reportes sobre diversas prácticas dirigidas a evitar o debilitar regulaciones, o a dilatar su implementación”, se lee en un informe que acaba de presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por ahora, lobistas como Lizcano operan en medio de la falta de regulación y hacen sus gestiones sin que la ciudadanía se entere. Su figura es apenas una muestra de la apuesta de algunos poderosos sectores empresariales para que la institucionalidad se amolde a imagen y semejanza de sus intereses, un obstáculo que sectores que protegen la salud pública alcanzan apenas a aruñar de vez en cuando.
* Esta investigación fue financiada, en parte, por Vital Strategies. El contenido es editorialmente independiente y su propósito es arrojar una luz tanto sobre las prácticas ilegales o poco éticas de la industria de alimentos y bebidas, como sobre las poblaciones más vulnerables que, de manera desproporcionada, cargan con la peor parte de la crisis de salud global causada por el consumo de alimentos y bebidas no saludables. A menos de que se indique lo contrario, todas las declaraciones publicadas en esta historia, incluidas aquellas sobre legislación específica, reflejan las opiniones de las organizaciones particulares, y no las de Vital Strategies.
