Una lucha inalcanzable es la que los pueblos afros e indígenas no solamente han gestado históricamente, sino también al momento de ser incluidos en la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
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Tras varias conversaciones, cartas y reuniones lograron que fueran incorporados en el capítulo 6.2 donde su principio rector reconoce que las comunidades étnicas “han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado”.
Y es que según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de los 976 informes que realizaron y analizaron en el marco de la convergencia entre entidades estatales, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones étnicas, estimaron un universo de víctimas de, al menos, 1.350.181 con pertenencia a comunidades indígenas, pueblos afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros y Rrom.
Hasta este momento, la Sala de Reconocimiento tiene en etapa de concentración cuatro regiones en las que han sido identificadas 375.967 víctimas, de las cuales 190.607 pertenecen a Buenaventura, Dagua y Pacífico Medio; 89.994 a Sierra Nevada de Santa Marta y zonas adyacentes; 33.540 a Amazonía y Orinoquía; y 61.826 a Chocó en la zona de influencia del Medio Atrato.
Por ello, el Alto Tribunal de Paz, abrió el Caso 09 con la finalidad de indagar sobre las vulneraciones ejercidas por actores estatales, la fuerza pública, miembros de las Farc-EP y paramilitares contra la población étnica y sus territorios.
¿Cómo ha avanzado la implementación de este capítulo?
En un informe de la Misión de Verificación de la ONU que abarca el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2022 y el 26 de marzo de 2023, donde investigan y reflejan los compromisos del Gobierno con la paz, concluyeron que el capítulo étnico tiene una implementación “comparativamente baja en relación con otros puntos del Acuerdo”. Tan solo, dicen, se ha avanzado en un 44 % en comparación con la tasa promedio de implementación general, que es del 60 %.
En la parte de titulación de tierras, el documento señala que el Gobierno de Petro ha formalizado 910.893 hectáreas a pueblos indígenas y 5.712 a pueblos afrocolombianos.
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“La Unidad de Restitución de Tierras inició acciones legales para la restitución de más de un millón de hectáreas de tierra para los cinco territorios priorizados en el Capítulo Étnico en Chocó, Guaviare, Nariño y Córdoba”.
En el marco del Día Internacional de la Paz por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, conmemorado el pasado 21 de septiembre, PUBLIMETRO habló en entrevista con Richard Moreno nacido en Tanguí, Chocó; integrante del programa Juntanza Étnica de USAID y ACDI/VOCA; cofundador y coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano CONPA; y uno de los que acompañó la formulación del Capítulo étnico en el Acuerdo de Paz.
En su expertiz, buscamos para consultarlo y conocer qué tanto este apartado ha sido implementado a lo largo de estos 7 años y qué retos tienen en materia del recrudecimiento del conflicto en sus territorios, pues “las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen siendo blanco de grupos armados ilegales, incluyendo las guardias indígenas, especialmente en Cauca”, indica el informe de la ONU.
¿Ha avanzado la implementación de los Acuerdos?
El capítulo étnico es la Constitución étnica del país que recoge y reconoce parte de los derechos de los pueblos étnicos en Colombia.
En torno a la implementación ha ido demasiado lenta, no ha tenido mayores niveles de impacto en las transformaciones en la vida y en la paz de las comunidades, aunque eso no significa que no sea importante lo que se haya hecho o el capítulo de por sí no sea importante.
Según el Instituto Kroc, el capítulo étnico avanza entre un 12-13 %, mientras que según nosotros, desde el CONPA, está en un 8-10 %. Desafortunadamente los avances que han tenido están enmarcados en adecuaciones institucionales y normativas de acuerdo al plan marco de implementación y no en formaciones reales que se hayan dado en los territorios.
¿Qué factores han incidido en el no avance óptimo de la implementación?
El primero es la falta de voluntad política de instituciones y de funcionarios. Eso pasa por el desconocimiento que tienen del tema, porque todavía a muchos funcionarios no le cabe el tema étnico y hay racismo, discriminación o exclusión.
Pero también porque no se destinaron recursos específicos para la implementación del capítulo étnico que pasa también porque cuando hicimos el plan marco implementación, por avanzar rápido, quedaron metas que no transforman nada e indicadores que no indican nada.
Pero otro factor que también tenemos que reconocer es que como el Estado no llegó de manera social con una presencia masiva en esos territorios, pues nuevamente el conflicto armado hizo que se reciclaran las guerras y los actores armados. Por lo tanto, el conflicto tampoco ha permitido que avance de manera notable la implementación en estos territorios.
¿Los han tenido en cuenta en los procesos tal como dicta el capítulo del Acuerdo de Paz?
No, no hemos tenido espacios suficientes. Esto pasa por debilidades como que el Gobierno pasado no llegó a los territorios a hablar con las organizaciones, o en los PDET donde están los mecanismos especiales de consulta.
Nosotros tuvimos que contarles lo que estaba pasando y lograr sentar a la Alta Consejería Presidencial para la implementación, al doctor Arcila, para poder hablar de estos temas que hoy están trabajando más o menos.
¿Ha cambiado en algo la transición del nuevo Gobierno?
Con el gobierno Duque que había ganado bajo la premisa de hacer trizas la paz, no se avanzó en cuatro años en la implementación del capítulo étnico.
Nosotros creemos que con este nuevo Gobierno con la definición que hace el presidente de asignarle esta responsabilidad de seguimiento y coordinación a la vicepresidenta con la estrategia de presentar un plan de implementación para avanzar en el rezago que tiene y lograr que se tenga un mayor nivel de implementación que transforme realidad en los territorios, creo que podemos llegar a un nivel de implementación bastante importante en estos tres años que quedan de Gobierno.
¿Qué le piden ustedes a este Gobierno para avanzar en la implementación?
Que este plan que está definiendo la vicepresidencia y que pronto va a salir tenga el aval y la legitimidad de las comunidades.
Dos, que se generen los espacios de seguimiento y evaluación periódica con la institucionalidad y las comunidades que están en los territorios para ver cómo se avanza de manera más eficaz en el desarrollo y la implementación de los proyectos.
Tres, que aquí lo que se informe se verifique. Cada entidad que haya hecho algo en un territorio en torno al capítulo étnico, la vicepresidencia tenga la posibilidad de verificar si efectivamente eso es así.
Y cuarto, que ninguna entidad pretenda que los recursos que tiene para la implementación de sus objetivos misionales sea lo que reporten después como recurso para la implementación del capítulo étnico. No, cada entidad debe dejar recursos específicos para la implementación de proyectos que estén enmarcados en el capítulo.
¿Por qué es importante hablar e implementar en el avance de este Acuerdo?
Hoy más que nunca los pueblos étnicos y en este caso los pueblos negros necesitan de la solidaridad en medio de tanta violencia; de la sociedad en su conjunto, de la institucionalidad, de la comunidad internacional porque seguramente la paz sin los pueblos étnicos no es completa. Sin negros y sin indígenas no hay paz. Siempre hemos sido parte de la solución al problema.
