Campesinos en Córdoba destaparon lo peor del Estado colombiano, ¿qué harán las autoridades para garantizarles la vida?

Colombia es un país veterano en la guerra. El conflicto que se ha vivido por décadas en estas tierras no solo ha dejado muerte y zozobra. También ha dejado una vasta experiencia, y la gente bien lo sabe. Por eso ahora no ‘tragan entero’, tienen voz y hay disposición de arriesgar hasta la vida por defender la tranquilidad.

Las intimidaciones de las que fueron víctimas un grupo de campesinos en la vereda El Manso, del municipio de Tierralta, por parte de hombres armados, volvió a abrir una herida que pareciera nunca sanar en nuestro país.

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El Ejército de Colombia reveló que hombres armados que intimidaron a decenas de campesinos en Córdoba el pasado lunes, no eran precisamente disidentes de las FARC. Al parecer, pudo tratarse de militares activos que habrían abusado de su poder para doblegar a la población.

“Se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería número 33, Batalla de Junín, de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional”, señaló el Comando de la Séptima División de las fuerzas militares.

Las imágenes hablan por sí solas. Hombres, utilizando prendas militares, camuflados y pasamontañas en color negro, amenazan con sus armas a la población. Incluso, le apuntaron a una mujer con su bebé en brazos.

“Identifíquense, ¿por qué vienen a atropellarnos?, ¿les parece justo amenazarme con una pistola teniendo a mi hijo en brazos”, le reclama una valiente mujer a uno de los uniformados. Estos respondieron apuntando con armas de todo tipo contra la población. En ese momento el temor se reflejó en los rostros del campesinado y en el llanto de los niños.

Aunque en un principio se creyó que estos sujetos eran integrantes de grupos al margen de la ley, la situación cambió cuando el Ejército confirmó que a esa zona había sido desplazada una unidad militar con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de la zona. Ese dato elevó los indicios de que pudo tratarse de un ataque de los mismos soldados contra la población civil.

Ante la situación y medio de críticas por su gestión, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó los hechos, asegurando que “lo que sucedió es de suma gravedad, y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares”.

A la voz del jefe de la cartera de Defensa se sumó el Ejército. Desde allí confirmaron que una comisión inspectora verificará la autenticidad de los hechos: “este comando rechaza este tipo de comportamiento, el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional, donde siempre se resalta el respeto absoluto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

La Fiscalía General de la Nación también investigará los hechos con “un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio”.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció y sugirió que este asunto se trata de personas que buscan “volver al paramilitarismo en Colombia”, lo cual, agregó, “sería el peor error militar (...) Los que dieron la orden de los hechos de ayer lo hicieron porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares (…) No vayan a ser estúpidos en eso”.

Agregó: “se debe prestar otra vez a fusilar jovencitos y a matar campesinos, eso no puede ser en Colombia, ningún soldado de la patria se puede prestar a ese tipo de órdenes porque eso solo lleva a la barbarie, el Ejército de Colombia no se llena de gloria y honor, se llena de sangre, no es ese el camino, se llena de indignidad”.

¿Qué harán las autoridades para impedir la vulneración de los derechos humanos?

La gravedad del asunto condujo a la realización de un consejo extraordinario de seguridad en Montería, conformado por el gobernador de Córdoba, delgados de la Fiscalía General de la Nación, la procuraduría y el Ejército Nacional.

Tras la finalización de esa reunión, las autoridades revelaron un plan de acción para esclarecer lo ocurrido en El Manso.

Según el secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba, Jairo Baquero: “el Ejército Nacional, en colaboración armónica con las instituciones del Estado y en aras de la transparencia institucional, dispondrá de tropas y medios para garantizar el desplazamiento de las comisiones de la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación”. Es decir, habrá garantías para que los entes investigadores puedan esclarecer lo sucedió por medio de la recopilación de interrogatorios y material probatorio.

Además, se garantizarán los derechos de los niños, niñas y adolescentes que hayan resultado afectados por el conflicto: “el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entrará a la zona para restablecer los derechos de los menores y sujetos especiales de protección”, agregó Baquero.

También fueron enfáticos en que las fuerzas del Estado deberán continuar allí garantizando una de sus misiones constitucionales: “garantizar la seguridad de las comunidades y evitar desplazamientos hacia otros territorios, en trabajo articulado con el Ministerio del Interior, la Gobernación de Córdoba, Alcaldía de Tierralta, Defensoría del Pueblo y demás instituciones”.

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Para este jueves 14 de septiembre se tiene prevista la visita Ministerio del interior y del Ministerio de Defensa en la vereda de El Manso. Allí re realizará un diálogo comunitario con el fin de restablecer los derechos y brCampesinos bajo asedio en Córdoba destaparon lo peor del Estado colombiano ¿qué harán las autoridades para garantizarles la vida?indar garantías de no repetición a la población.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación asumirá el poder “preferente” de la investigación disciplinaria del caso. Por tal razón, la procuradora general, Margarita Cabello, trasladó al territorio un grupo interdisciplinario liderado por un procurador delegado para los derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación destinó fiscales expertos en derechos humanos e Investigadores.

Finalmente, aseguraron que “la Defensoría del Pueblo y Personería Municipal junto con la Alcaldía de Tierralta recepcionaron las denuncias por la violación a los derechos humanos. Al tiempo, se estableció la llegada inmediata al territorio por parte de las instituciones, fuerza pública y asistencia humanitaria”.