El Ministerio de Agricultura hizo público el borrador de un decreto que desató la polémica en el país. Por medio de ese texto, el Gobierno nacional estaría buscando llamar a la “movilización social campesina”, como mecanismo para que ese sector promueva, vía decreto, la reforma que adelanta la cartera de Jhenifer Mojíca.
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Aunque el documento se divulgó con la intención de ser analizado por la ciudadanía durante 15 días y no ha sido aprobado, lo cierto es que no cayó nada bien y terminó convirtiéndose en blanco de críticas. El asunto generó tantas molestias, que la misma ministra de Agricultura, Jhenifer Mojíca, tuvo que salir a defender el decreto, argumentando que lo que desean “es generar un proceso de participación y movilización que ya existe”. Sin embargo, agregó que eso incluiría trabajar “de manera articulada, con instancias públicas del Gobierno, para fluir con eficacia en las demandas sociales y la priorización en materia de la reforma agraria”.
Las explicaciones de Mojíca no terminaron de convencer a la opinión pública y por el contrario, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), optó por compartir un mensaje en su círculo cercano, que ha sido catalogado como “peligroso” para las comunidades campesinas.
El mismo presidente Gustavo Petro fue quien compartió el mensaje de Lafaurie, y le exigió dar explicaciones tras interpretar esa comunicación como una “invitación al paramilitarismo”.
Ante el reclamo, José Félix Lafaurie manifestó que “advertir no es provocar” y agregó que “de ninguna manera incitó al paramilitarismo”. Sin embargo, fue enfatico en que: “las Brigadas Solidarias Ganaderas, que promovimos con los anuncios del Gobierno sobre la reforma agraria, incitaron, a las invasiones de tierras. Por lo que son una expresión de solidaridad ganadera, un apoyo a las autoridades, un acompañamiento al vecino en dificultades, bajo el poder disuasivo de la presencia pacífica, en virtud, si se quiere, del derecho a la movilización”.
Lafaurie también rechazó el proyecto y lo tildó de “inconveniente, pues la movilización es un derecho que surge espontáneo de la inconformidad de las comunidades y, por tanto, no se convoca por decreto; pero, además, es inoportuno, pues la grave situación de orden público en los territorios lo que menos necesita es que el gobierno mismo incite a la movilización”.
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Aunque aún se conoce en su totalidad cómo quedará la reforma agraria que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro, la propuesta de incentivar la movilización social incomodó los sectores más conservadores del país y avivó el debate en torno a esto. Sin embargo, esto es lo que propone a fondo la iniciativa, que aunque parece ser educativa, ‘cojea’ incentivando la movilización social.
¿De qué se trata realmente el decreto propuesto por el Ministerio de Agricultura?
El documento está compuesto por 7 artículos, sin embargo, elegimos los ‘3 claves’ que usted debe tener en cuenta para entender la propuesta.
El primer artículo señala que se busca “llamar a la movilización y organización campesina”. Sin embargo, ese llamado, que se ha sido objeto de críticas, no es exclusivo. El Gobierno asegura que también se promoverán e instalarán Comités Municipales para la Reforma Agraria, en los municipios donde sea necesario, bajo la promesa de ser un “mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria”. Es decir, buscan garantizar la participación política de ese sector con el fin de que entiendan todo lo relacionado con la reforma agraria y puedan debatir sus propuestas.
Esto generó sopresa. Aunque el Gobierno Petro se ha caracterizado por incitar a la movilización social para apoyar todo tipo de cambios, incluidas las reformas, no es común convocar a la ciudadanía, por medio de lo que sería una norma legal que instaría a la movilización.
En el segundo artículo se explica a detalle cómo funcionarán los Comités Municipales para la Reforma Agraria. Aseguran que serán espacios para participar, concertar, gestionar y debatir temas en pro de lograr un mejor proceso de la reforma agraria. En resumidas cuentas, proponen “instituciones sociales territoriales impulsadas a partir de procesos de organización y movilización por la defensa de las conquistas sociales, económicas y políticas de las comunidades en el proceso de reforma agraria”.
Además, agrega que los Comités serán funcionarán como instancia para que la comunidad aprenda sobre ejecución, manejo, administración, control social, veeduría y vigilancia del proceso de la reforma agraria.
El quinto artículo del proyecto también hace referencia a la movilización campesina, “todas las entidades de todos los sectores administrativos de la administración pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”. Este último es clave, por tratarse de una orden al sector público a garantizar la movilización.
Publimetro consultó a Felipe Trejos, profesor de la Universidad del Norte, experto en temas de conflicto, territorio y ruralidad.
¿Por qué los ganaderos se intimidan con este decreto y proceden a sugerir “Brigadas Solidarias de Ganaderos”?
“Lo que hay que entender es que si bien ha habido una cooperación del gremio de ganaderos con el Gobierno nacional, específicamente en el tema referido a la compra de tierras, también se mantienen tensiones que vienen de tiempo atrás y hay que entender que José Félix Lafaurie representa a un gremio. Él no está en el Gobierno, está es en la mesa de negociación con el ELN. No en representación del Centro Democrático, sino de Fedegán. En ese sentido, el avance de los temas relacionados con la reforma agraria pueden tocar algunos callos en regiones y obviamente los miembros de Fedegán presionan a su vocero y eso está generando ciertas tensiones”, explicó Felipe Trejos, profesor de la Universidad del Norte, experto en temas de conflicto, territorio y ruralidad.
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Por otra parte, los directamente señalados, consideraron que se trata de un ataque “peligroso” divulgado por el presidente de Fedegán.
Rosa María Saldarriaga, integrante de la Federación de Cafeteros de Andes Antioquia, aseguró: “lo que dice el señor (Lafaurie) hace es una muestra de las incomodidades de los terratenientes en este país. Por lo menos aquí en Antioquia, un departamento con municipios que fueron golpeados por los paramilitares hace más de 10 años, pues ese mensaje llega como una amenaza. Estamos tratando de que se haga una reforma, pero que de una manera si pueda llegar a traer beneficios para los caficultores y los trabajadores de la tierra, pero con esos mensajes se pone en peligro lo que se está buscando y de paso pone en peligro a los campesinos”.
A pesar de la polémica, solo será a partir de la evaluación pública que se tome la decisión de hundir o expedir ese borrador, que determinará altas o bajas tensiones en el panorama político.
