El 16 de febrero de 2022, la Corte Constitucional decidió eliminar el delito de aborto hasta la semana 24 de gestación, manteniendo las tres causales: salud y riesgo de la madre; malformación del feto, y violación o incesto. Una decisión histórica que marcó como ejemplo a toda la Región de Latinoamérica y que se dio, luego de que los magistrados estudiaran una demanda de la organización Causa Justa por la Eliminación del Delito de Aborto en Colombia.
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Sin embargo, desde ese fallo, dos referendos -un mecanismo de participación ciudadana que está pensado para transformar la Constitución- han sido presentados por ciudadanos y políticos provida.
El primero, anunciado en mayo de 2022, lo lideró la ex senadora del Centro Democrático Milla Patricia Romero e integró políticos de: Colombia Justa Libres, Centro Democrático y Partido Conservador. Sin embargo, el pasado 28 de junio, la Registraduría archivó el ‘Referendo Provida’, pues solo recogieron 1.2 millones de firmas; no alcanzando el umbral del 5 % del censo electoral. Es decir, cerca de un millón 900 mil personas debían firmar en apoyo a la iniciativa.
Casi que al tiempo, el 18 de febrero del año pasado, la exconcejala, Sara Castellanos; junto a su mamá, Emma Claudia Castellanos; su hermana, Manuela Alejandra Castellanos y seis personas más, entre ellas Clara Lucía Sandoval, líder de la iglesia Misión Carismática Internacional -donde Sara además es pastora- presentaron la solicitud que lleva por nombre ‘Referendo por la vida’. Logrando más de dos millones de firmas.
Ambos mecanismos pretenden modificar el artículo 11 de la Constitución (El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. La interrupción voluntaria del embarazo podrá realizarse en los casos señalados por la ley), abogando al derecho a la vida desde la concepción, pero desconociendo el derecho adquirido a la salud de las mujeres, su libertad reproductiva y, por su puesto, a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Precisamente, el Movimiento Causa Justa como interesada en el proceso, pero comprometida con la protección del fallo C-055, ha encontrado “constantes irregularidades” en el ‘Referendo por la vida’, de las cuales destacan tres.
En un primer lugar, hablan de fallas en los procedimientos, pues los impulsadores del mecanismo tenían desde el 23 de marzo de 2022, seis meses para la recolección de firmas. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral les autorizó una prórroga de tres meses, luego de que justificaran las condiciones climáticas por el fenómeno de La Niña que impedían realizar el ejercicio.
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Frente a este hecho un grupo de abogados presentó una acción de nulidad contra la resolución que autorizaba la prórroga, pero esta fue rechazada por el CNE al considerarlo como una decisión administrativa de trámite que no podía ser objeto de controversia ante los jueces.
“Si bien el fenómeno de la niña es un fenómeno por fuera del control humano, lo que debían probar ellos al solicitar la prórroga es que tomaron todas las medidas y que los efectos no eran irresistibles. Y lo cierto es que si hubieran construido un plan para la recolección de firmas que involucrara asistencia a recintos cerrados, que además estuviera basada en lo que efectivamente sucedió con las lluvias y no en el pronóstico que hizo el Ideam, pues estaríamos en una discusión jurídica de otro calado”, aseguró Juliana Martínez Londoño, integrante de Causa Justa en entrevista con PUBLIMETRO.
Por otra parte, encontraron una vulneración del principio de transparencia, en el que indican que la Registraduría tardó cinco meses en publicar en su sitio oficial la resolución bajo la cual autorizó la inscripción del comité promotor desde el 16 de marzo de 2022 y que fue divulgada en agosto del mismo año. Como también, que el CNE no publicó en la página web de la entidad la prórroga del plazo de recolección de apoyos a la iniciativa de referendo.
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Sumado a esto, Causa Justa, en su seguimiento, evidenciaron “contradicciones y engaños” con la entrega de casi un millón de firmas a la Registraduría. En marzo de 2023 el director del Censo Electoral, Roberto Cadavid, “negó que hubiesen sido entregadas las firmas recogidas hasta ese momento; sin embargo, el 11 de agosto de este año se conoció que sí habían sido presentadas 901.875 y que el acta de recibo estaba firmada con fecha de septiembre de 2022 por Cadavid, sin que todavía se encuentre publicada. El mismo funcionario, el 25 de agosto indicó que se trató de una imprecisión, inconsistencia de la que no se tiene explicación”, afirmaron.
En cuanto al derecho de acceso a la información, denuncian múltiples dificultades para acceder a ella por parte de la Registraduría y el CNE, obteniendo, dicen, respuestas tardías, incompletas o evasivas.
“Esto genera suspicacias sobre como se dan estos procedimientos. Para que el referendo se dé en términos garantistas se necesitan requisitos mínimos como acceso a la información. Sin tener esto disponible por parte de la Institucionalidad, va a ser difícil que podamos participar de esa controversia pública”, acotó Juliana Martínez.
Además, a lo largo de la investigación que llevó Causa Justa, verificaron que algunas personas que fueron invitadas a firmar al referendo impulsado por Sara Castellanos, “lo hicieron bajo información engañosa y confusa, por ejemplo, diciéndoles que era una iniciativa para ‘que no apruebe el aborto’, ‘para que se les permita a los bebes nacer’ o afirmando que ‘cuatro magistrados decidieron por toda Colombia que se podía matar los bebés inclusive hasta los 7 meses’.
Desde el movimiento, también controvierten que este mecanismo de participación ciudadana sea usado de manera oportunista para cuestionar principios y valores de la Constitución colombiana como la dignidad humana y el derecho fundamental a la salud, que incluye el derecho a la salud reproductiva, del cual el aborto es un componente.
“La imposición de restricciones al acceso al aborto trae consigo el riesgo de aumentar su práctica en condiciones inseguras, poniendo en peligro la salud y la vida de las mujeres y vulnerando su libertad de conciencia, lo que significaría un retroceso a los avances logrados luego de la Sentencia C-055 de 2022. Decisión que fue recientemente ratificada por la Corte Constitucional en la sentencia C-322 de 2023″, aseveran.
¿Qué tanto alcance podría llegar a tener este referendo contra la sentencia?
Según Juliana Martínez, la sentencia al ser constitucional, cuenta con una “robustez jurídica que han acogido instituciones como el Ministerio de Salud al expedir la resolución 051 del 2023″.
Lo segundo, manifiesta, es términos sociales. Según la Encuesta Polimétrica 2023 de la firma Cifra & Conceptos -en el módulo sobre derechos sexuales y reproductivos y aborto- el 91% de la población colombiana considera que la maternidad no debe ser forzada y solamente un 2 % considera que las iglesias deben involucrarse en decisiones de este tipo.
“Recordar no solamente la laicidad de nuestro Estado, sino que los derechos sexuales y reproductivos imponen un límite a la injerencia de terceros e incluso a la injerencia del Estado mismo. Estos son asuntos personalísimos y del fuero interno de las mujeres o de las personas que vivan un proceso de gestación”, declaró Martínez.
Y por último, ratificó que el ‘Referendo por la vida’ “no aplica en contra de sentencias del alto tribunal” y su trámite se encuentra en la etapa de revisión de firmas de aquí al 8 de septiembre, donde la Registraduría deberá publicar un informe técnico emitiendo un concepto sobre si son válidas o hay duplicados, tachados o enmendaduras.
“De ahí le quedan al menos cuatro pasos adicionales a esa iniciativa y realmente es un proceso dispendioso que implica un gran esfuerzo en términos estatales y ese mismo es lo que debería hacer que este proceso se lleve con toda la legitimidad” dijo Martínez.
¿Qué responde la Registraduría y el CNE sobre la falta de transparencia de información?
Conforme a Juliana Martínez Londoño, cuando “el director del censo electoral fue interrogado por El País de España en una noticia, a raíz de esa entrevista él da respuesta a un derecho de petición elaborada por un ciudadano. Le dice que se cometió una imprecisión cuando él había negado que sí hubiera entregado las firmas al cierre de la primera etapa que fue en septiembre del año pasado. Su respuesta es insatisfactoria. No se explica porque no hay información alojada en este momento en la página”.
El llamado de Causa Justa a las Instituciones
Finalmente, desde Causa Justa, hacen un llamado a los órganos electorales “porque creemos que estamos a tiempo de prestar atención y atender de manera cuidadosa estos indicios que erosionan la legitimidad y la legalidad del mecanismo”.
Por ello, piden “poder conocer oportunamente el informe técnico que se elabore y si es el caso, pues entrar también a revisar las firmas con todas las garantías con el cuidado por la información que debe tener la Registraduría”, afirmó Martínez.
