Hace poco se conoció que el Gobierno Nacional radicó esta mañana un nuevo proyecto de reforma laboral que entraría a debatirse en las próximas semanas en el Congreso de la República. Es clave anotar que el anterior se cayó finalizando el pasado periodo legislativo. Sin embargo, el texto quedó archivado, ya que no tuvo la oportunidad de tener su primer debate.
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Esa iniciativa causó gran polémica en el país por varios puntos que no cayeron muy bien entre los empresarios. Estos advirtieron que con la reforma aumentarían los costos laborales y, en consecuencia, se perderían miles de empleos. Principalmente, por los mayores recargos nocturnos y dominicales.
El texto hace una introducción a lo que el Gobierno pretende aprobar: “en la sociedad contemporánea, el trabajo desempeña un papel fundamental como el eje central de ciudadanía social. A través del trabajo, no solo se generan los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas y alcanzar una calidad de vida digna, sino que también desempeña un papel crucial en la construcción de la identidad individual y colectiva, así como en la articulación de la vida social en un ambiente de paz”.
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Bajo la premisa de que los trabajos constituyen un papel fundamental en la vida social y personal de los individuos, proceden a explicar que con este proyecto buscan: “que la sociedad del trabajo funcione como un eje central de la vida ciudadana de manera efectiva, es fundamental garantizar un entorno laboral justo y equitativo. Esto implica el respeto a los derechos laborales, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la protección de los trabajadores frente a cualquier forma de explotación o abuso. Además, es necesario promover condiciones laborales saludables y seguras, así como asegurar la vocación de permanencia en el empleo y una remuneración justa y adecuada”, sostiene el texto.
Algo que causó sorpresa, es que este proyecto fue radicado sin dar previo aviso a los medios de comunicación. Por lo tanto, el asunto desató una ‘ola’ de críticas por parte de los periodistas, quienes alegaron que se trató de una radicación bajo “secretismo” de un tema de interés nacional.
