El presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello protagonizaron un enfrentamiento tras conocerse una decisión disciplinaria que impartió el Ministerio Público sobre unas sanciones contra el alcalde de Riohacha que el Gobierno Nacional pretende no acatar.
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La Procuraduría ordenó el pasado mes de abril suspender de manera provisional al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, por supuestas irregularidades en una licitación pública. Sin embargo, el presidente envió una carta a la procuradora donde le indicó que desconocerá la suspensión y no acatará la decisión. Por tal razón, el mandatario no expediría un decreto para designar un nuevo alcalde encargado de Riohacha.
En la carta que envió el jefe de Estado, se le notificó a Margarita Cabello que el organismo que administra no tiene facultades para sancionar a un alcalde.
La carta considera que la decisión del Ministerio Público “no reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes, lo que hace imposible que se proceda a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la autoridad administrativa, en cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente”.
Además, se “advierte que la medida cautelar restrictiva del derecho político que se le impone a un electo popularmente proviene de una autoridad administrativa disciplinaria, perteneciente a la estructura administrativa y funcional de la Procuraduría General de la Nación, dentro de un proceso administrativo disciplinario de naturaleza sancionatoria, lo cual entra en contradicción material con el estándar convencional fijado por la Corte IDH respecto de las funciones sancionatorias de este ente de control frente a los electos popularmente”.
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Por tanto, “el presidente entiende que no le asiste la obligación convencional de proferir los actos de cumplimiento o ejecución de la medida cautelar requerida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria”.
Además, desde la Casa de Nariño se solicitó enviar la carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso también se remitirá a la Fiscalía General de la Nación, institución que tomará las medidas correspondientes en el caso.
