El Amazonas del vecino país es uno de los 23 estados de Venezuela que comparte frontera con Colombia en los departamentos de Vichada y Guainía. Es una región tan amplia y tan profunda en la que habitan miles de personas de un lado y del otro. Pero también es una zona donde confluyen muchas problemáticas, como la minería ilegal y la confrontación de grupos armados ilegales.
Ahí, según pudo verificar la Defensoría del Pueblo, hay colombianos que están trabajando en las minas de extracción aurífera en el Parque Nacional Cerro Yapacana.
Las minas de Yapacana, que están relativamente cerca de Inírida, a tres horas vía fluvial, son atractivas para las personas de toda la región de la Orinoquía, pues en esa actividad encuentran un modo de sustento pese a la presencia de los grupos armados al margen de la ley. De darse una deportación masiva, advierte la Defensoría que pasaría a convertirse en el mayor éxodo masivo de las últimas décadas y los departamentos de Vichada y Guainía serían los más afectados por este hecho.
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“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales en Vichada y Guainía para que formulen y activen planes de contingencia debido a una posible deportación o eventual retorno de aproximadamente 7000 colombianos desde Venezuela”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Alerta de la Defensoría del Pueblo
Tras descubrir esta problemática, emitieron la Alerta Temprana 003 del 2023 en la que advirtieron no solo los peligros para la población civil por posibles confrontaciones armadas en las áreas de explotación minera en el estado Amazonas de Venezuela, sino también lo que podría ocasionar una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana.
Sus labores, de manera directa o indirecta, los exponen a la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad, libertad, seguridad o vida. Son, en su totalidad, comunidades indígenas, población en condición de vulnerabilidad socioeconómica, mujeres, niñas, niños y adolescentes están en riesgo.
“Las comunidades de los ríos Atabapo y Guainía, el resguardo El Paujil, la ciudad de Inírida, sus áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia y San Felipe, serían los principales centros receptores de población colombiana. Pero estos lugares no pueden responder a un éxodo de gran magnitud, no cuentan con las capacidades suficientes. Estaríamos frente a una crisis humanitaria, pues sus habitantes, además, están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica”, expresó Camargo.
Los operativos militares de los venezolanos a finales del 2022 habrían desencadenado en capturas de personas colombianas. Además, algunos de los puntos de minas de extracción, al ser una actividad ilegal que amenaza los territorios y afecta el medioambiente, estarían en proceso de cierre o regulación.
“Instamos a la Cancillería colombiana a que apele a los mecanismos que sean necesarios para que les sea garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa a nuestros connacionales que puedan ser detenidos en el desarrollo de los operativos en Yapacana”, fue el llamado del defensor del Pueblo.
Así mismo, le hizo un segundo llamado: “También le solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia establecer mecanismos de cooperación que aborden posibles vulneraciones a los derechos de población en movilidad humana en la frontera entre el departamento de Guainía y el estado Amazonas de Venezuela, desde un enfoque preventivo, de protección y humanitario”.
Igualmente, solicitó que den apertura a los consulados en San Fernando de Atapabo y Puerto Ayacucho, como también al consulado de Venezuela en Inírida.
