La tutela que dio paso a este nuevo fallo da luces de la problemática que se vendría. Y es que la Corte Constitucional determinó que “no es posible predicar un derecho fundamental” la interrupción voluntaria del embarazo, pese a que una reciente sentencia la despenaliza hasta la semana 24 de gestación.
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Sin embargo, la T-158 de 2023, del pasado 15 de mayo, le dio un giro a la sentencia determinando que sigue en pie la despenalización, pero no es un derecho.
Este fallo se da por una tutela que interpuso una mujer indígena a la que su EPS le negó realizarle el aborto cuando ella lo solicitó.
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De inmediato en el país surgió una polémica por este fallo que fue firmado solo or tres de los nueve magistrados del alto tribunal. La razón es que, por tratarse de una tutela, pasó solo por una sala de revisión y no por la Sala Plena.
Ahora diferentes organizaciones piden a la Corte revisar este fallo y declararlo nulo por ir en contravía de la decisión histórica de febrero de 2022.
“La reciente decisión de la Corte en la T-158/23 desconoce la amplia jurisprudencia de esta Corte en la materia y la Resolución 051 de enero de 2023, expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, en cumplimiento de la orden dada por el Tribunal Constitucional, en la que recapituló y dejó claras las reglas y estándares para la prestación del servicio integral de salud de manera oportuna y con calidad dentro del sistema de salud”, indicó el movimiento Causa Justa.
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Por eso, enviaron una solicitud de nulidad de oficio a la Corte Constitucional en la que solicita la revisión del fallo de tutela.
Ana Cristina González Vélez, pionera del movimiento Causa Justa, recordó a Publimetro que “No ha cambiado nada para las mujeres en Colombia... Aún existe esta protección en Colombia”.
Sin embargo, sí consideró que “en este fallo de tutela se ha desconocido de manera muy evidente la amplia jurisprudencia que la Corte ha emitido en este tema”.
Por este hecho, decenas de mujeres han expresado su temor por un posible resurgimiento de las clínicas de garaje ante la posible negativa de las EPS a atender las solicitudes de interrupciones de embarazo por considerar que no es un derecho fundamental.
Ante esto, la experta aclaró que “todas las mujeres en Colombia que necesiten interrumpir voluntariamente un embarazo pueden acercarse a los servicios de salud sin miedo a ser denunciadas”.
